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Vista aérea de una comunidad en Dorado en la que se observan los toldos azules de FEMA en los techos de las residencias.(Archivo/GFR Media)
Vista aérea de una comunidad en Dorado en la que se observan los toldos azules de FEMA en los techos de las residencias.(Archivo/GFR Media)

Aunque Puerto Rico tiene un Plan Catastrófico de Huracanes que establece –renglón por renglón– las acciones a tomar y quiénes están a cargo de actuar en escenarios críticos, gran parte de lo dispuesto en ese documento no se siguió antes, durante y después de la emergencia por el paso de María.

Además, el personal de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Aemead), con experiencia para manejar la devastación que dejó María, fue relegado, según expertos en el tema de manejo de emergencias y desastres entrevistados por El Nuevo Día.

“El plan no se siguió. No se dedicaron a orientarse y capacitarse en cuanto al plan. ¿Cuántos jefes de agencia respondieron y ejecutaron a tenor con el plan? Definitivamente, la evaluación fue una totalmente deficiente antes, durante y después del huracán”, afirmó Epifanio Jiménez, quien fue director de la Aemead bajo una administración pasada del Partido Nuevo Progresista.

Estos factores se combinaron con la crisis fiscal del país, la falta de planificación y mantenimiento a la infraestructura y la poca preparación para enfrentar al huracán. A esto se sumó que la Aemead llevaba solo cinco meses funcionando como un negociado del recién creado Departamento de Seguridad (DSP), del que depende para la toma de decisiones. El jefe de ese agencia sombrilla, Héctor Pesquera, no es experto en manejo de emergencias.

¿Qué busca el plan?

El objetivo del Plan Catastrófico de Puerto Rico e Islas Vírgenes es que “se salven vidas, se proteja la propiedad y el ambiente así como satisfacer las necesidades básicas luego de un incidente atmosféricos severo”. Para ello, provee mecanismos que incluyen la planificación previa, acuerdos con el sector privado y organizaciones sin fines de lucro, así como coordinadores de emergencia por agencia con tareas específicas.

“La recuperación tras un huracán catastrófico dependerá del impacto que cause la pérdida del servicio energético y la disponibilidad de combustible, lo que puede conducir a retrasos en el restablecimiento de los servicios, atrasos o falta de transportación aérea y terrestre. Los daños o la paralización de servicios también pueden ocurrir en las instalaciones portuarias o marítimas, lo que tiene gran importancia a nivel comercial y militar”, se advierte en el plan para esbozar cada delineamiento.

Este escenario fue el que vivió Puerto Rico tras el azote del huracán María. Los primeros días fueron caóticos ante la falta de diésel y de transportistas, la interrupción total de servicios básicos como la energía y el agua. El ataponamiento de furgones en los puertos provocó que la comunidad empresarial levantara su voz.

Por días, el gobernador Ricardo Rosselló imploró a los transportistas para que se acercaran al gobierno a ofrecer su ayuda. Mientras, los alcaldes y comunidades enteras clamaban por agua, alimentos y dirección puesto que los hospitales, servicios básicos y la infraestructura colapsaron.

“Aquí se subestimó y se obvió la importancia y los deberes de la Aemead ante emergencias y desastres. No se orientaron ni le dedicaron tiempo a esto, a conocer de los planes, a saber lo que cada uno tenía que hacer. Falló la responsabilidad de manejo de emergencias, la de cada uno de los jefes de agencia. No la tuvieron clara ni se orientaron sobre ella ni se relacionaron con el coordinador interagencial para ver cuál era la responsabilidad de su agencia ante un desastre”, dijo Jiménez.

“Hay un plan que es de Manejo en Crisis, otro de Distribución que dice cómo se van a distribuir los alimentos o donaciones. Lo que hicieron los artistas y peloteros por su cuenta. Para eso había un plan. Nada de eso se ha utilizado”, agregó.

Se refiere a los planes que complementan el Plan Catastrófico. Estos son: el Plan Operacional de Manejo de Emergencias Estatal, el Plan de Continuidad de Operaciones, el Plan de Reunificación de Familias, el Plan de Distribución y el Plan de Mitigación. Todos estos planes se rigen por el National Incident Management System (NIMS), que establece y define todo el procedimiento uniforme para manejo de emergencias. Está respaldado por órdenes presidenciales. Asimismo, el Emergency Support Function (ESF) detalla la función que tendrá cada agencia en una emergencia.

“Aquí lo que pasó fue que el ESF y el NIMS no funcionaron porque (la Aemead) lo desconocían. Además, Manejo de Emergencias abandonó los voluntarios, que es la espina dorsal de la agencia”, aseguró Jiménez.

Al cierre de esta edición, la Aemead y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) no respondieron al pedido de proporcionar o mostrar un lista de todos los planes y sus respectivas actualizaciones.

Documentos oficiales de la transición de gobierno en diciembre de 2016, dan cuenta de que el Plan Operacional de Emergencias más reciente de la Aemead fue aprobado el 26 de septiembre de 2016 y el Plan de Mitigación el 3 de agosto de 2016. Los documentos indican que “se continúa trabajando en la actualización” del Plan de Distribución y evaluación de las instalaciones que serían utilizadas como centros de distribución. Tras el huracán, uno de los problemas que confrontó el gobierno fue la ubicación de centros de distribución.

“Durante mi incumbencia, se hizo un ejercicio importante llamado Puerto Rico Integrado, que probaba la información que tenían los respondedores, la coordinación de agencias con los municipios y el gobierno federal”, dijo Ángel Crespo, exdirector de la Aemead.

“Aquí, habiendo un plan –tanto estatal como catastrófico– no se siguió y se inventó en el camino. Trastocaron todo el sistema de respuesta en medio de la emergencia”, agregó, por su parte, Miguel Ríos, otro exdirector de la Aemead.

Mientras, Marie González, planificadora de operaciones de emergencias de FEMA, dijo que la Aemead es la responsable de “exigir a las agencias y a los municipios tener un plan actualizado”. Destacó que no es responsabilidad de FEMA si se cumple con el plan, sino de la Aemead. “Somos el apoyo. Coordinamos, orientamos y le damos ayuda para la elaboración de los planes. Pero FEMA no puede dictar lo que es un plan”, afirmó.

Preguntada sobre el efecto de que no se sigan los planes, dijo que “la respuesta (en medio de la emergencia) se afecta al bregar con los sobrevivientes. Se afecta la coordinación porque todos tienen que estar bien claros de cuál es su responsabilidad. Por eso, el plan catastrófico tiene todas las funciones de apoyo”.

El administrador de FEMA, Brock Long, dijo ante el Congreso que aunque “cada gobierno tiene un rol y debe estar bien definido, en Puerto Rico nos confiaron ser, no solo la respuesta primaria, sino básicamente la única respuesta por muchas semanas. No es una crítica. Es un hecho. Trabajamos muy duro. FEMA nunca ha sido diseñada para ser la primera respuesta y no debe serlo”.

Según el Informe de Transición de la Aemead, solo 24 de los 78 municipios tenía un Plan Operacional de Emergencia aprobado al 2016.

Este año, antes del huracán María, la única reunión de los coordinadores interagenciales de cada agencia que trabajan en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) estatal se produjo en marzo, dijo Carlos Muñoz, manejador de emergencias con 45 años de experiencia. “Se citaron otras agencias que no pertenecían al COE. Fue una citación abierta. Crea el problema de que no se repasó ahí el cuadro de respuesta nacional a cualquier evento catastrófico y mayormente de huracanes”, indicó.

Agregó que en esa reunión, en la que él estuvo, se les dieron a los coordinadores identificaciones, “pero ni esas identificaciones están a tono con las especificaciones del NIMS”. Agregó que el 1 y 2 de junio se citaron a los 78 municipios en la Aemead “para llenar unos blancos para que la compañía ISP, contratada por la Aemead, hiciera los planes operacionales de emergencia de los municipios”. “Eso no debía hacerse así porque los planes municipales tienen evaluación y análisis de riesgos y capacidad de respuestas. Lo que se hizo fue uniformarlos cuando no debe ser así. Las zonas inundables, los riesgos y las capacidades no son las mismas en cada municipio”, explicó Muñoz.