El exalcalde de Aguada Manuel Santiago Mendoza (izquierda). (Luis Alcalá Del Olmo)

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) acogió hoy, miércoles, las recomendaciones del Departamento de Justicia de archivar querellas presentadas contra el exalcalde de Aguada, Manuel Santiago Mendoza, y el mandatario de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, por lo que no designarán fiscales especiales independientes (FEIs).

De acuerdo con la comunicación escrita enviada por el la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), Justicia recibió, el 5 de agosto de 2019, una querella no juramentada del legislador municipal de Aguada, Christian Cortés Feliciano, en la que informó sobre un posible esquema de corrupción en el ayuntamiento.

Justicia refirió el caso a la OPFEI con una recomendación de que no se designara un FEI, pues los hallazgos de la investigación preliminar no fundamentaron un proceo penal. No obstante, la OPFEI remitió la querella ante la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD).

La licenciada Vivian González, designada como abogada investigadora por la UPAD, entregó un informe que reveló que “el exalcalde Santiago Mendoza incurrió en conducta de abandono y negligencia de sus prerrogativas ejecutivas como primer ejecutivo del municipio (de Aguada) al no cumplir con la ley y sus deberes ministeriales referente a los procesod de cotratación y subastas”.

Sin embargo, González añadió que no encontró pruebas que demostraran la existencia de alguna circunstancia que eximiera del cumplimiento estricto con las normas legales y reglamentarias que regulan la celebración de las subastas públicas.

Añadió, además, que una suspensión de empleo y sueldo, o destitución de Santiago Mendoza no sería recomendable pues finalizó sus labores el 1 de enero de 2021. Aunque el PFEI acogió las recomendaciones de González, ordenaron someter una copia de su resolución tanto a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y a la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) “para los fines investigativos que pudieran corresponder”.

Del mismo modo, entregaron copia de la resolución a Justicia pues en el récord consta información bajo juramento de una persona que no está bajo la jurisdicción del PFEI y que podría tener que responder por el delito de perjurio.

Por otro lado, la querella de Guaynabo imputó tanto a Pérez Otero como al director de Desarrollo Económico del ayuntamiento, Raúl Torres Gómez, y a la directora de la Oficina de Prensa y Comunicaciones, Mariely Ortiz Torres, de llevar a cabo “actuaciones impropias”, según el informe preliminar preparado por Justicia.

La investigación surgió como resultado de una comunicación remitida por Antonio O’Neill Cancel, exlegislador municipal de Guaynabo, a la entonces secretaria de Justicia, Inés Carrau, acusando a Pérez Otero, Torres Gómez y Ortiz Torres de cometer delitos en el marco de la celebración de la primea Cumbre Municipal sobre Desarrollo Económico 2019.

Sin embargo, al ser entrevistado como parte de una declaración jurada, O’Neill Cancel sostuvo que no tenía conocimiento personal de ninguna de sus alegaciones. Además, tampoco envió la información adicional que prometió entregar a los fiscales y expresó su deseo de desistir de la querella, documento que, añadió, no escribió.

La investigación concluyó que no existe causa suficiente que demuestre que Pérez Otero, Torres Gómez y Ortiz Torres incurrieron en conducta delictiva, por lo que no se designó un FEI, según recomendó Justicia.

💬Ver comentarios