Ellyam Verónica Martínez, ex secretaria general de Proyecto Dignidad, se desafilió del partido mediante una carta en la que no ofreció la razón o razones por las que tomó la decisión.

“Por medio de la presente, me dirijo a usted para notificar mi decisión de desafiliación de la colectividad, con efectividad inmediata. Agradeceré se me confirme por escrito la recepción de esta notificación y la formalización de mi desafiliación”, sostuvo Martínez en la misiva enviada el viernes al presidente de la colectividad, César Vázquez Muñiz.

La secretaría del partido confirmó a El Nuevo Día que recibió la carta de desafiliación y que, de momento, no emitirá declaraciones al respecto. María Ángela Pérez, portavoz de Proyecto Dignidad, también confirmó la veracidad del documento.

En tanto, la senadora Joanne Rodríguez Veve, una de las principales aliadas de Martínez en el partido, lamentó su desafiliación.

“Proyecto Dignidad pierde a uno de sus mejores recursos. Confío que, desde otros espacios, seguiremos colaborando en favor de las causas que defendemos”, dijo la legisladora mediante declaraciones escritas a este medio.

La desafiliación ocurrió luego de una controversia protagonizada por Martínez, quien aceptó dirigir la Oficina de Fortalecimiento Social, Comunitario y Organizaciones de Bases de Fe en el Senado tras ser designada por el presidente del cuerpo legislativo, Thomas Rivera Schatz.

En ese momento, el excandidato a la gobernación por Proyecto Dignidad, Javier Jiménez, quien nombró a Martínez secretaria general del partido durante su presidencia, criticó la movida y cuestionó sus motivaciones y lealtad a sus ideales.

Mientras, Rodríguez Veve la felicitó entonces y dio cuenta de “su excelente labor” frente a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, que dirigió la senadora en su primer término en la Legislatura.

Tras las elecciones generales de 2024, Proyecto Dignidad quedó fuera de la estructura de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) pese a retener su franquicia electoral.

El comisionado electoral, Juan Manuel Frontera, cuestionó la constitucionalidad de la disposición del Código Electoral de 2020 que plantea que, al quedar en cuarta posición, no tenían derecho a un “comisionado electoral propietario” fuera del llamado ciclo electoral, que arranca en junio del año previo a los comicios generales.

El caso fue presentado en los tribunales, e incluso, llegó al Tribunal Supremo, pero el partido no prevaleció.