La gobernadora Jenniffer González catalogó de “politiquería” los señalamientos de líderes de la oposición al justificar la entrega de datos migratorios al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) como “un cumplimiento de ley y orden” en busca de no perder más fondos federales.

“Sé que hay gente que le gusta politiquear con este asunto (migratorio) y tienen todo el derecho de politiquear y decir lo que quieran, pero somos un pueblo de ley y orden. Yo no puedo determinar qué leyes federales se deben cumplir y cuáles leyes no. Hay gente que juega a eso”, respondió la primera ejecutiva, en conferencia de prensa desde La Fortaleza.

González criticó las expresiones del comisionado residente en Washington D.C., Pablo José Hernández, en el hemiciclo de la Cámara de Representantes federal, en la que el presidente del Partido Popular Democrático (PPD) quien señaló que la gobernadora dio “tres golpes de traición” a los inmigrantes en Puerto Rico. Las referencias al plato dominicano “tres golpes” surgen luego de una foto que el exgobernador Pedro Pierluisi publicó durante una reunión que tuvo, junto al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el alcalde de San Juan, Miguel Romero, con la comunidad dominicana.

“Está desconectado de la realidad. Lamento que todavía el comisionado no haya aprendido el rol del Congreso de Estados Unidos. Él es el primero que viene diciendo, en enero, que nos iban a quitar los fondos del PAN; en febrero, los fondos del Medicaid; en marzo, los de Vivienda. Todos los meses habla de que estamos perdiendo fondos federales en Puerto Rico”, planteó la mandataria.

Al ser abordada sobre el posible efecto político negativo de tal acción, González apuntó que las personas con estatus migratorio irregular no tienen derecho al voto.

“Ninguna persona que sea ilegal (con estatus migratorio no definido) puede votar en Puerto Rico. No tienen derecho al voto personas que tengan estatus migratorio ilegal. Esa es la realidad”, sostuvo la primera ejecutiva, en conferencia de prensa desde La Fortaleza.

Recalcó que la entrega de la lista de sobre 6,000 conductores inmigrantes sin estatus regularizado fue parte de una “subpoena” y no podían negarse. Incluso, planteó que no colaborar con el gobierno federal podrían poner en riesgo “$178 millones al año” para las carreteras.

"Cuando las agencias federales citan, los gobiernos tenemos que cumplir”, puntualizó González.

“Estoy hablándole de frente al pueblo de Puerto Rico, que nosotros vamos a hacer cumplir la ley. Si hay un requerimiento federal, en este caso solicitando una información de una base de datos-tengo que cumplir con ello. No voy a poner en riesgo la pérdida de fondos federales”, recalcó la primera ejecutiva.

Asimismo, la mandataria mencionó que a estados como Maine le han congelado fondos federales por oponerse a la política antiimigrante; acción que fue revertida tras la intervención de los tribunales.

“Hemos visto lo que pasó con la Universidad de Harvard”, comentó sobre las órdenes del presidente Donald Trump para bloquear la entrada a casi todos los estudiantes extranjeros que deseen asistir a la prestigiosa institución académica.

“El que está en campaña puede decir todo lo que quiera mientras yo soy gobernadora, tengo que cumplir con la ley”, dijo González.