El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, se expresó satisfecho este lunes con la determinación del Departamento de Justicia de no procesarlo criminalmente tras alegaciones de violaciones al Código Electoral y el Código Penal durante las pasadas elecciones generales.

En una carta con fecha de este lunes, 5 de mayo, la designada secretaria de Justicia, Janet Parra, informó que terminó la investigación de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (Dipac) sobre el presunto uso de empleados municipales de Cataño, en horas laborables, para transportar adultos mayores entre el correo y el comité del Partido Nuevo Progresista (PNP) para instruirlos sobre cómo emitir su voto adelantado, que los funcionarios marcaron papeletas en vez de los electores, y que se pagó a electores para favorecer a la Palma.

“Finalizada la investigación preliminar, y luego de evaluar la prueba recopilada y analizar el derecho aplicable, la Dipac determinó que no existe causa suficiente para creer que usted haya incurrido en conducta ilegal al obstruir, intimidar o intervenir de forma indebida con las actividades electorales de un partido político o comité de campaña o agrupación de ciudadanos”, lee la carta firmada por Parra.

“Le informamos que le hemos notificado al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente que acogemos la determinación de la Dipac de no recomendar la designación de un fiscal especial independiente con relación a los hechos investigados”, añade la comunicación escrita de la secretaria designada al alcalde.

De inmediato, no fue posible tener una declaración del Departamento de Justicia.

Alicea Vasallo resaltó que la investigación inició a raíz de una querella presentada por la hija del candidato a la alcaldía de Cataño por el Partido Popular Democrático (PPD), Norberto Torres.

“Esta querella fue un invento y un intento burdo de empañar nuestro trabajo en plena época electoral. Siempre sostuvimos que era frívola y carente de fundamento. Hoy, la ley nos da la razón y reafirma que, en Cataño, se gobierna con verticalidad, transparencia y apego absoluto a la ética pública”, expresó, al recalcar que empleados municipales no intervinieron con electores ni se pagó a votantes para favorecer a la Palma o al ejecutivo municipal.

El año pasado, personal de la Oficina del Contralor acudió en dos ocasiones -el 14 de noviembre y el 12 de diciembre- a la alcaldía de Cataño en búsqueda de información sobre la denuncia del presunto uso de empleados municipales para hacer campaña en horas laborables.

La contralora Yesmín Valdivieso informó, en ese momento, que recibió información sobre la denuncia pocos días antes de las elecciones. Los hechos en la querella ocurrieron el 17 de octubre, según la descripción de los eventos contenida en la carta de la secretaria de Justicia.

“En aquel momento, decidimos no hacer nada antes de las elecciones porque no íbamos a tratar de influenciar las elecciones, ni de un lado ni de otro. Por eso, esperamos hasta mediados de noviembre para entonces ir a a ver qué encontrábamos allí. Aparentemente, de lo que he oído hasta ahora de los investigadores, me dicen que hay muchas cosas que se ven que están bien, pero hay otras (para las) que necesitaban más información”, explicó Valdivieso.

A juicio del alcalde, la decisión de Justicia reafirma que su administración ha trabajado de forma adecuada.

“Más allá de este respaldo legal, lo que se confirma hoy es que Cataño está en buenas manos. Que el trabajo serio, responsable y comprometido con la gente siempre prevalecerá sobre la politiquería. A quienes promovieron el escándalo falso, les toca ahora responder ante el pueblo”, sostuvo.

“La administración municipal continuará trabajando con firmeza y resultados, enfocados en obras, desarrollo económico y el bienestar de cada comunidad de Cataño”, agregó Alicea Vasallo.