Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 90 días.

Andrea Bonime-Blanc, contratista de la JSF, indicó que los integrantes de ese organismo divulgarán nueva información sobre sus finanzas dentro de unas semanas.
Andrea Bonime-Blanc, contratista de la JSF, indicó que los integrantes de ese organismo divulgarán nueva información sobre sus finanzas dentro de unas semanas. (Xavier J. Araújo Berríos)

En un plazo de tres a seis meses, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tendrá un procedimiento para identificar y atender la apariencia o existencia de conflicto de interés por parte de miembros o funcionarios, informó la oficial de Ética del organismo, Andrea Bonime-Blanc.

Entre otras cosas, dichos procedimientos requerirán a los miembros y funcionarios elegibles de la JSF disponer de inversiones o activos relacionados con Puerto Rico y que podrían afectarse por las decisiones del ente fiscal. Si no lo hacen, tendrán que inhibirse de participar en el análisis, rechazo o aprobación de las medidas que incidan en tales activos o inversiones.

“Este es un rol súper nuevo y no tiene antecedente. Estamos inventándolo a medida que vamos desarrollándolo. Tenemos la ley, el reglamento (de la JSF) y lo que yo diría son las mejores prácticas”, dijo Bonime-Blanc, dedicada al desarrollo de  programas de ética, cumplimiento y manejo de riesgo en grandes empresas estadounidenses y europeas e, incluso, ha provisto asesoría en el tema a ciertos programas de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“La junta es un grupo único, pero, al mismo tiempo, son directores que están sirviendo sin ser pagados, que fueron nombrados por el presidente de los Estados Unidos y tienen algunas obligaciones de preocuparse por conflictos, pero, cuando hicieron su reglamento, ellos decidieron que irían más allá de la ley”, explicó la ejecutiva.c

El pasado 13 de marzo, la Junta contrató a la empresa de Bonime-Blanc -GEC Risk Advisory- para procurar que los miembros del organismo y los oficiales sujetos a la ley federal PROMESA cumplan con la radicación de informes financieros trimestrales y anuales, al tiempo que se identifiquen, eviten o corrijan instancias de conflicto de interés o la apariencia de estos.

El pasado 28 de febrero, los integrantes de la JSF, el representante del Gobierno en el organismo y otros funcionarios divulgaron datos de sus inversiones, ingresos y otros activos, pero no se dio información precisa.

Bonime-Blanc prestará sus servicios por dos años, a razón de $750 por hora, según el contrato divulgado por la JSF.

PROMESA exige a los miembros y oficiales de la JSF divulgar sus intereses financieros según lo establece la ley de Ética federal, pero al crear la entidad jurídica, sus miembros adoptaron un código de ética y crearon el cargo que ocupa Bonime-Blanc. 

La definición de conflicto

Según Bonime-Blanc, la JSF es una estructura híbrida. A pesar de que fue creada por el Congreso estadounidense, la JSF opera con fondos públicos de Puerto Rico, donde existen disposiciones de ley en torno a la ética y comportamiento de los funcionarios.

¿Para efectos de la Junta, qué se define como un conflicto de interés?

—El conflicto puede aparecer en muchas maneras. Creo que el conflicto más crítico en cuanto a la junta y lo que está ocurriendo con la reestructuración es que ninguno de los miembros de la junta tenga intereses económicos o inversiones o relaciones familiares con situaciones, en las que  también puedan tener el poder de la decisión.

¿Será usted responsable de pasar juicio sobre un conflicto y procurar que estos se corrijan o no se produzcan?

—Estoy ayudando a la junta con todas las divulgaciones financieras que vamos a presentar dentro de unas semanas, y eso se continuará cada trimestre y cada año. Dentro de ese ejercicio, de ese análisis, también estoy viendo conflictos de interés, potenciales o reales, que puedan tener ellos. A medida que los integrantes de la junta están trabajando en sus divulgaciones financieras, entramos en esas preguntas. Tenemos la asesoría de abogados que conocen la ley federal muy bien para tener la capacidad de, no solo brindar consejo ético, sino consejo basado en la ley. Luego de todas mis preguntas, hay una parte del informe que tengo que firmar y, si tengo cualquier inquietud, se anotará en la parte provista en el informe.

Agregó que su objetivo es atajar cualquier potencial conflicto, no solo para beneficio de ese miembro de junta, pero también para que ningún cuestionamiento  afecte adversamente al resto del organismo.

Aquí se ha planteado que algunos miembros de la junta no deben ser parte del organismo porque antes ocuparon posiciones en el gobierno, ayudaron a estructurar la deuda ahora sujeta a renegociación o tienen negocios que se beneficiarían de las decisiones del organismo.

—Estos miembros de la junta han sido evaluados profundamente por la oficina de Ética de la Casa Blanca y por la oficina de Ética del Departamento del Tesoro, no solo financieramente, sino una corroboración personal y reputacional, y ahora hay una divulgación pública (de transacciones financieras) de lo que ocurre hoy. Si decimos que ese proceso no es suficientemente bueno, es un problema porque no encontraremos a nadie que pueda servir en la Junta.

Bonime-Blanc estuvo en la Isla la semana pasada y sostuvo reuniones con la directora ejecutiva de Ética Gubernamental, Zulma Rosario, y la contralora Yesmín Valdivieso. Explicó que, si no pueden implementarse aspectos del marco regulatorio ético de Puerto Rico, espera lograr algún tipo de colaboración con estas dependencias. La ejecutiva incluso elogió la Ley de Ética de Puerto Rico al describirla como “muy desarrollada”.

El Nuevo Día cuestionó a Bonime-Blanc si al presente se ha tomado acción acerca de posibles conflictos por parte de algunos integrantes de la Junta, por tener inversiones de la Isla o representar a grupos de bonistas.

“Estamos en una situación donde todavía estamos levantando información y no estoy en una posición donde pueda abundar en este momento”, indicó.

El Nuevo Día también cuestionó a la experta cómo crear una estructura de cumplimiento beneficia a la JSF y a Puerto Rico.

La ejecutiva dio como ejemplo el caso de la petrolera BP, empresa que cinco años después del desastre en el Golfo de México ha pagado más de $60,000 millones para remediar daños a terceros más los impactos a su reputación.

“Cualquier organización que quiere sostenibilidad y confianza, sea un gobierno, una empresa o una NGO (organización sin fines de lucro) tiene que pensar en este tema. En un mundo perfecto, no habría que tener un equipo de ética, pero el mundo no es así”, sostuvo la ejecutiva al señalar que, si la JSF se apega a estándares éticos, eso beneficiará a los inversionistas de la Isla, a los empleados en el gobierno bajo el control de este ente y la ciudadanía.