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El congresista Raúl Grijalva. (GFR Media)
El congresista Raúl Grijalva. (GFR Media)

Washington - Un borrador de legislación del congresista Raúl Grijalva propone crear el puesto de coordinador general para la reconstrucción de Puerto Rico, otorgar poder al gobierno de la isla para cancelar deuda pública no asegurada y establecer una comisión para auditar la deuda.

El anteproyecto de ley impulsa además establecer el puesto de oficial de Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), evitar conflictos éticos de los contratistas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas de la Isla y que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos  financie los gastos del ente fiscal, no el gobierno de Puerto Rico.

En otro de sus apartados, la iniciativa - que está  sujeta a revisión y en estos momentos se describe como un documento solo “para discusión”-, busca declarar como documento público toda la información sobre la deuda, incluidas propuestas del gobierno, acuerdos, contratos e informes relacionados a un acreedor.

El borrador serviría de guía para la audiencia que Grijalva, como presidente del Comité de Recursos Naturales adelantó a El Nuevo Día prevé convocar en septiembre, con la intención  de intentar echar hacia delante una reforma de la ley Promesa, que creó la JSF y un tribunal territorial de bancarrota para reestructurar la deuda pública de Puerto Rico.

Con respecto al puesto de coordinador federal, el lenguaje de Grijalva contempla que el presidente de EE.UU. pueda nombrar ese ‘zar’ de la reconstrucción.

Ese funcionario establecería la Oficina del Coordinador para la Reconstrucción de Puerto Rico con “un personal mínimo”, para asistir a las agencias del gobierno de la Isla  “con el desarrollo de políticas públicas, procedimientos y métricas para mejorar la coordinación entre las diferentes partes interesadas clave, la participación pública y la transparencia en el proceso de recuperación”.

El coordinador deberá colaborar con las agencias del gobierno de Puerto Rico el status de los fondos federales desembolsados, y los grandes contratos y proyectos de reconstrucción.

El zar de la reconstrucción tendría la encomienda de asegurar una “adecuada participación de los líderes comunitarios de Puerto Rico, de los municipios y organizaciones no gubernamentales en el diseño, planificación y supervisión de los esfuerzos de reconstrucción”, indica el lenguaje de la propuesta suministrada a El Nuevo Día.

El coordinador para la reconstrucción de Puerto Rico – cuya oficina pudiera ser financiada a través de los mismos fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR) -, deberá rendir un informe al Congreso 180 días después de aprobarse la legislación.

Hace unos días, la comisionada Jenniffer González, junto a sus colegas republicanos Rick Scott, senador por Florida, y Sean Duffy, congresista por Wisconsin, pidieron al presidente Donald Trump nombrar un coordinador federal para la recuperación de la isla, luego de los casos de corrupción en el Departamento de Educación y la Administración de Seguros de Salud (ASES) y la inestabilidad que ha provocado la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Desde finales de 2018, El Nuevo Día divulgó un borrador de orden ejecutiva que ha circulado por la Casa Blanca para crear ese zar de la reconstrucción. En la Casa Blanca, sin embargo, ha habido reticencia a traerse todo ese debate para la oficina del presidente Trump, según fuentes.

El borrador de legislación de Grijalva elimina el título V de la ley Promesa sobre proyectos de revitalización de infraestructura y el puesto de oficial de Revitalización, que antes ocupó Noel Zamot.

Cancelación de deuda

Con respecto a las obligaciones financieras, el proyecto permitiría al gobierno de Puerto Rico cancelar, con el visto bueno de la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras legislativas y la firma del gobernador, cancelar deuda pública no asegurada cada siete años. El borrador de legislación advierte, sin embargo, que esa propuesta no debe frenar el proceso de reestructuración de la deuda que lleva a cabo la JSF ni restablecer obligaciones previamente canceladas a través de la ley Promesa.

Puerto Rico tiene una deuda no asegurada de cerca de $12,000 millones en obligaciones generales. Pero, también puede considerarse deuda no asegurada las obligaciones con los pensionados y suplidores, por ejemplo.

 La senadora Elizabeth Warren (Massachusetts) - a quien Grijalva acaba de respaldar como precandidata presidencial demócrata-, y la congresista Nydia Velázquez (Nueva York) presentaron en mayo pasado, por segunda sesión consecutiva, un proyecto de ley  a favor de que el gobierno federal cancele gran parte de la deuda pública de Puerto Rico, que ronda los $74,000 millones.

Auditoría de la deuda

La Comisión de Auditoría de la Deuda que se promueve en la medida estaría integrada por cerca de dos decenas de personas, incluidos el director del Instituto de Estadísticas, los portavoces de mayoría y minoría de las cámaras legislativas de Puerto Rico, profesores de finanzas, economía, contabilidad, estadísticas, derecho, sociología, un representante del sector sindical, otro de la comunidad empresarial, y del sector cooperativista. También debe contar con un intérprete para los idiomas español e inglés.

La comisión de auditoría de la deuda tendría que presentar un informe no más tarde de 180 días, si se aprobaran las enmiendas a Promesa.

La propuesta de Grijalva contempla eliminar el puesto de Oficial de Revitalización, que debió de estar encargado de proyectos de infraestructura que pudieran ser impulsados de forma expedita. Pero, propone crear la posición de Coordinador de Revitalización para la AEE,  que ejercería supervisión y control sobre esa corporación pública de cara a la reconstrucción del sistema eléctrico.

El Coordinador deberá establecer procedimientos transparentes, diseñar e implementar planes estratégicos y de política pública, dar prioridad al uso de fuentes de energía renovable y diseñar mecanismos para prevenir y descubrir conducta antiética e ilegal.

El pasado viernes, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, envió una carta a Grijalva en la que pidió que se ordene una auditoría de la deuda y se permita que los municipios administren directamente parte de los $20,000 millones en fondos CDBG-DR que han sido asignados por el gobierno federal para mitigar el desastre causado por el huracán María.

Cruz, en su carta a Grijalva, solicitó también que se permita a los alcaldes declarar en una audiencia sobre sus necesidades de cara al proceso de recuperación de la Isla. La legislación de Warren y Velázquez también ya propone la auditoría de la deuda.

El anteproyecto de Grijalva incluye además lenguaje del proyecto de la congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) que permitiría obligar a abogados, contables, consultores y otros profesionales contratados por la JSF a divulgar ante la Oficina del Síndico de Bancarrota del Departamento de Justicia de EE.UU. sus conexiones con deudores, acreedores y empleados de la JSF, antes de poder recibir compensación.El requisito de informar al tribunal y al Síndico de Bancarrota posibles conflictos tendría carácter retroactivo.

La agenda

La semana pasada, Grijalva adelantó a El Nuevo Día que cuando la Cámara baja vuelva a sesionar en septiembre, programará una audiencia para discutir enmiendas a la ley Promesa.

Reconoció entonces que los casos de corrupción y el escándalo del chat que forzó la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares "ha cambiado la conversación" sobre Puerto Rico en Washington.

Grijalva reconoció entonces que no sabe si podrá adelantar su agenda, pero sí dio por seguro que no permitirá que se endurezcan los poderes de la JSF.

“Queremos ver más transparencia, más consultas con los municipios y con las organizaciones que están más cerca de las necesidades del pueblo”, dijo Grijalva, en la entrevista de la semana pasada con este diario.

En las últimas semanas, el gobierno de Puerto Rico se ha enfrentado a nuevos controles de parte del gobierno federal, tras los cargos de corrupción y la crisis política en la isla.

A finales de junio, el Departamento de Educación de EE.UU. ordenó al Departamento de Educación de Puerto Rico contratar a un “agente fiduciario” para manejar los fondos federales que recibe.

Antes de recesar hasta septiembre, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara baja enmendó la legislación que impulsa asignar a Puerto Rico  $12,000 millones en fondos de Medicaid para los próximos cuatro años fiscales federales, con el propósito de ordenar auditorías sobre el plan de salud, víctima del esquema de corrupción que generó cargos federales hace tres semanas

FEMA, a su vez, le quitó la semana pasada al gobierno de Puerto Rico el control de los desembolsos de fondos  a sus agencias y municipios, a causa de la inestabilidad política en la Isla y los recientes casos de corrupción.