Aunque no quiso divulgar su postura sobre enmiendas propuestas, el gobernador Pedro Pierluisi instó este miércoles al contralor electoral Walter Vélez a presentar un anteproyecto de ley que modifique la Ley de para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas (Ley 222-2011) para proveerle más herramientas a su oficina con el fin de fiscalizar los donativos políticos.

“El contralor electoral hizo sus señalamientos y puede someter un anteproyecto de ley para que se tramite en la Asamblea Legislativa. Yo, en su momento, pues fijaré posición al respecto. Pero yo lo que he hecho, en mis propias campañas, es limitar los donativos en efectivo, los anónimos al máximo”, dijo el primer ejecutivo a preguntas de El Nuevo Día.

Vélez ha abogado públicamente por enmiendas a la Ley 222-2011 para que se elimine el donativo en efectivo y se le den más garras para fiscalizar los comités de gastos independientes, conocidos en inglés como Super PAC. Específicamente, la Oficina del Contralor Electoral (OCE) ha abogado ante la Legislatura por la derogación de una enmienda que se hizo en el 2020 a la Ley 222-2011 que establece que para que haya delito de un Super PAC debe haber un documento firmado por ese organismo y un candidato o partido político.

Igualmente, la OCE pide, entre otras cosas, que se eliminen los donativos en efectivo porque a diferencia de un cheque o una transferencia electrónica no se puede corroborar su procedencia. La Ley 222-2011 establece que los donativos anónimos no pueden sobrepasar de $50 por persona y no pueden exceder de 30% de lo recaudado en un año.

En principio, ¿favorece los pedidos del contralor electoral?, cuestionó este medio.

“En principio, yo veo bien la transparencia. Veo bien que los donativos se identifiquen los donantes y que sea por cheque o giro postal, otra vez, identificado. Yo veo eso muy bien. Si el contralor electoral quiere reducirlo todavía más de lo que está reducido, también lo veo bien. Llevarlo a cero, no es que me impacte a mí como tal. Es lo que tendría que evaluar porque no sé qué impacto puede tener en un sin número de otros candidatos. Recuérdense que esta ley le aplica a todos. No solamente al gobernador. Le aplica a legisladores, alcaldes, entre otros”, respondió Pierluisi.

Las expresiones del gobernador se producen un día antes de que comience el juicio contra el exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez, quien enfrenta cargos en la esfera federal por extorsión, soborno y conspiración. Pérez era presidente de la Federación de Alcaldes al momento de su arresto y acusación. En su juicio, se prevé que se ventilen pormenores de supuesta corrupción que puedan salpicar a otros políticos.

En los informes de ingresos y gastos, correspondientes a los últimos tres trimestres del 2017, del comité de campaña del exalcalde de Guaynabo aparecen donativos anónimos ascendentes a $72,404.35, cifra que es compatible con la ha trascendido en el pleito contra federal contra el también exlegislador y que se alega fue pagada por el empresario Oscar Santamaría.

Un análisis de los informes de ingresos y gastos presentados por el comité político de Pérez ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE) detalla lo que pueden ser infracciones a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas (Ley 222- 2011).