El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, argumentó este martes que los cuatro delegados electos para cabildear por la estadidad que quedan activos violan la Ley 167 de 2020 –que viabilizó su elección y regula su desempeño– porque actualmente en el Congreso no hay ningún proyecto de ley que impulse la anexión con Estados Unidos.

A esos efectos, adelantó que someterá una querella ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para que investigue el alegado incumplimiento, y exigió que el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, acuda a los tribunales para pedir la destitución de todos los cabilderos, como hizo en el caso de Elizabeth Torres.

“Este grupo de delgados fue creado para abogar exclusivamente por un proyecto de anexión de Puerto Rico como estado, basado en el plebiscito del 2020, y actualmente en el Congreso de los Estados Unidos no existe un proyecto de anexión que busque que la isla sea admitida como un estado de la nación americana”, planteó Ortiz, en conferencia de prensa, en la sede del PPD, en Puerta de Tierra.

El también representante indicó que el proyecto HR 1522, presentado por el congresista Darren Soto, en 2021, fue la última iniciativa dirigida a anexionar a la isla “y murió en diciembre del 2022″. Agregó que, posteriormente, el congresista Raúl Grijalva presentó el proyecto HR 2757, pero para celebrar otro plebiscito en la isla.

“Ante este cuadro, no hay razón para que los cabilderos por la estadidad estén derrochando el dinero del pueblo para promover otra consulta que no tendrá resultados en Washington”, sostuvo Ortiz.

El gobernador Pedro Pierluisi, en un aparte con la prensa tras participar de una conferencia de prensa, catalogó como “falsos” los argumentos presentados por Ortiz junto a otros líderes de la Pava, incluido al secretario de Asuntos Federales del partido, Pablo José Hernández Rivera.

“Es falso. Esa alegación es claramente falsa y es tan fácil de rebatir. En el proyecto ahora mismo de consenso que hay ante la Cámara de Representantes, que es el HR 2757, está la estadidad, y nosotros apoyamos ese proyecto”, apuntó Pierluisi.

Agregó que “la misión que tienen esos delegados es abogar por la estadidad, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, tanto en el Congreso como en otros puntos jurisdiccionales de Estados Unidos. Siempre y cuando hagan eso, están cumpliendo su deber como delegados congresionales”.

Mientras, Ortiz también recordó que el Departamento de Justicia solicitó –con éxito, en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan– la destitución de Torres, al alegar que no cumplía con sus responsabilidades. Al amparo de esa determinación judicial, Ortiz dijo que el secretario de Justicia debe hacer lo propio con los restantes delegados por la estadidad.

La Ley 167 de 2020 permitió la elección de seis cabilderos, en lo que se conoce como la “Delegación Congresional de Puerto Rico”. Resultaron electos, en mayo de 2021, Torres, Ricardo Rosselló Nevares, Roberto Lefranc Fortuño, Zoraida Buxó, Melinda Romero y María “Mayita” Meléndez. Esta última renunció, en julio, por problemas de salud.

El desempeño y la elección de la delegación ha sido cuestionada públicamente porque la Ley 167 es vaga al fijar las responsabilidades de los cabilderos. Además, se ha cuestionado la labor que han realizado para abogar por la estadidad. La elección de la delegación tuvo un costo de $856,184.33 y, en dos años en funciones, le ha costado al erario $1,008,560.86, por concepto de salarios y reembolsos.

Caucus popular votará a favor

En días recientes, el representante Denis Márquez, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), sometió un proyecto de ley para eliminar la delegación. Ortiz anticipó que el caucus popular en la Cámara de Representantes favorecerá la pieza legislativa.

“La delegación ha estado de acuerdo con la medida”, afirmó.

Recordó que, previamente, la Asamblea Legislativa aprobó el Proyecto de la Cámara 21 para eliminar la delegación, pero el gobernador lo vetó.

Pierluisi, por su parte, reiteró que, si finalmente se materializa la vacante de Torres, convocará una elección para llenar esa plaza y la que ocupaba Meléndez. Aunque la destitución de Torres se produjo en junio, aún existe la posibilidad de que el pleito escale en los tribunales.

“Ahí, no hay una decisión final y firme de los tribunales que confirma su destitución al cargo, entonces, se materializarían las dos vacantes, y ahí sí yo me veo inclinado a solicitarle a la Comisión Estatal de Elecciones que convoque la elección especial”, comentó el gobernador.