El dueño de un bar en Orocovis se convirtió en la primera persona intervenida por la Policía por violar la orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez de toque de queda para tratar de detener la propagación del coronavirus (COVID-19).
En comunicado de prensa, la Policía informó que la intervención tuvo lugar en a eso de las 8:45 de la noche de ayer, domingo, en un negocio ubicado en la carretera PR-155 en Orocovis.
La Policía arrestó al administrador del local comercial porque "violó la Orden Ejecutiva EO-2020-023 y negó a brindarle información y obstruir la labor de verificar el negocio al Agente del distrito de Orocovis".
El comerciante se encuentra detenido en la celda del Distrito de Orocovis hasta ser consultado el caso en la mañana de hoy, informó la Policía.
La portavoz de la Policía en la comandancia de la región de Aibonito, Widalys Rivera Luna, explicó que agentes de la Uniformada llevaban a cabo una ronda cuando se percataron que el negocio estaba abierto.
"Cuando ven la presencia policiaca, cerraron el negocio. Los policías pidieron entrar, pero se negaron a que se inspeccionara el negocio", indicó Rivera Luna a El Nuevo Día.
"Cuando llegaron los agentes había gente en el negocio, pero todos se metieron para adentro y cerraron las puertas", agregó. "Es un negocio de bebidas alcohólicas . se suponía que el negocio estuviera cerrado desde las 6:00 de la tarde de ayer".
Por su parte, el teniente de la Policía, Alex Díaz, indicó en entrevista radial (WKAQ-580) que "durante el día de ayer se orientó a los comercios, pero este no quiso cumplir con la orden ejecutiva".
"Esa persona le manifestó unas palabras de que no quería dar información... Se puso guapo con la Policía. Lo que quería la Policía era orientar... No pueden estar en el negocio", añadió el oficial, al indicar que podrían someter cargos por la orden ejecutiva y obstrucción a la justicia.
Las autoridades habían advertido ayer que la Policía llevaría a cabo intervenciones para hacer cumplir el toque de queda, que comenzaba ayer a las 6:00 de la tarde y tiene vigencia hasta el 30 de marzo.
La Orden Ejecutiva dispone que cualquier persona o empresa que viole la misma se expone a sanciones penales y aquellas multas establecidas por la Ley 20 del 2017 que creó el Departamento de Seguridad Pública.
Dicha ley dispone una pena de cárcel de hasta seis meses o una multa de un máximo de hasta $5,000, o ambas penas a discreción del tribunal.
Las medidas restrictivas se tomaron horas después de que cientos de personas se congregaran en lugares públicos, como la Placita de Santurce, que lució abarrotada de público pese a que ayer, sábado, las autoridades solicitaron que voluntariamente los ciudadanos se quedaran en sus casas a menos que fuera necesario.
La orden dispone que los ciudadanos no estén fuera de sus casas entre las 9:00 de la noche y las 5:00 de la madrugada, a menos que tengan que atender alguna emergencia.
Mientras, de 5:00 de la mañana a 9:00 de la noche solo podrán estar en la calle las personas que, además de alguna emergencia, tengan que realizar alguna gestión esencial, como comprar suministros, medicinas, gasolina o asistir a una consulta médica.
En el caso de los comercios, solo podrán operar los que están especificados en la Orden Ejecutiva, tales como empleados de agencias de seguridad pública o privada, a nivel estatal y federal y profesionales de la salud.
También permite el movimiento de "personal que labora en hospitales, farmacias, farmacéuticas, instalaciones de biociencia o centros de salud, personal que se encuentre trabajando en la cadena de distribución al por mayor y manufactura de bienes y alimentos, desde el origen hasta los establecimientos de venta al consumidor, personal que se encuentre trabajando con utilidades o infraestructura, centros de llamadas ('call centers'), personal de puertos y aeropuertos, miembros de la prensa, o aquellos ciudadanos que estén atendiendo situaciones de emergencias o de salud".
El comisionado de la Policía, Henry Escalera, explicó ayer que entre las 9:00 de la noche y las 5:00 de la mañana intervendrán con los vehículos que vean en la calle.
"El Negociado de Patrulla de Carreteras y el personal uniformado operacionalmente va a intervenir con las personas. De la entrevista con la persona se sabrá si pueden estar en la calle o no", dijo Escalera.
"Si están autorizados, no hay problema, pero si no, podemos citarlos (para formulación de cargos)", agregó.
De igual manera, aseguró que "vamos a intervenir con los negocios que no estén autorizados a abrir".
"Un 'liquore store', por ejemplo, no puede abrir a menos que también tenga cafetería, pero en cualquier sitio de comida tiene que ser (venta de comida) para llevar, nada de quedarse mucha gente comiendo adentro", abundó.
