Las autoridades federales en Puerto Rico realizaron un operativo de gran escala, en la madrugada del jueves, contra una organización criminal catalogada como “altamente violenta”, conocida como Las FARC.

Las detenciones estuvieron a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI, por sus siglas en inglés).

La agencia federal indicó que se diligenciaron órdenes de arresto contra 53 acusados por narcotráfico y tráfico de armas en los municipios de San Juan, Carolina y Río Grande, tras un pliego emitido por un gran jurado en Puerto Rico.

Los detenidos fueron trasladados al coliseo Pedrín Zorrilla, en San Juan, para su procesamiento inicial.

Según los cargos, los detenidos son miembros de la ganga conocida como Las FARC, con base de operaciones en el área de Playita, en Santurce.

La jefa de HSI para Puerto Rico, Rebecca González, describió la organización criminal como “muy violenta” y que traficaba narcóticos a distintos lugares de los estados continentales de Estados Unidos.

Además, la funcionaria dijo que la ganga es responsable de sobre 50 asesinatos en el período que cubre la acusación, aunque la misma no incluye cargos por esas muertes.

González identificó al líder como Alberto Valdez, alias “Pelota”, quien está acusado a nivel estatal por la llamada “Masacre de Quintana”.

“Ahora es prófugo federal”, comentó González.

Agregó que “tres de esos acusados por la masacre (de Quintana) fueron intervenidos por organizaciones dominicanas tratando de entrar ilegalmente a República Dominicana, que en el día de hoy forman parte de esta acusación federal”. Se refería a Juan Rafael Concepción, Yanze Vázquez González y Anderson Melo.

Asimismo, González destacó que algunos de los acusados en este caso federal publicaron vídeos musicales con mensajes de violencia.

“Las acciones impunes de estos individuos no tenían límite”, apuntó. “Tres de los acusados, sin vergüenza alguna, produjeron vídeos de música en la que alardeaban de sus métodos de control territorial, cuyas líricas hablaban específicamente de amenazas, torturas y muertes para quienes retan la entrada a los puntos”.

“Yo no lo consideraría raperos. Tal vez ellos sí se consideran raperos. Sí hay tres de los acusados que tienen videos y producciones”, añadió. “En sus canciones alusiones a matar, a borrar caras, a identificar cooperadores de las acusaciones”.

La acusación alega que, desde el 2019, la organización se dedicó a la distribución de heroína, crack, cocaína, marihuana, fentanilo, Percocet y Xanax en las inmediaciones de los residenciales Fray Bartolomé de Las Casas, El Mirador y Las Margaritas, en San Juan.

Las denuncias alegan que la ganga también traficó armas de fuego ilegales. Se alega que usaron la fuerza, amenaza, violencia e intimidación para mantener el control de la distribución de narcóticos.

Como parte de sus operaciones, usaron barriles de tráfico para impedir a las autoridades patrullar en las zonas bajo su control.

Según González, los miembros de la ganga usaban prendas con símbolos para demostrar los rangos que obtenían dentro de la organización.

“Usaron escoltas armadas para protegerlos de la policía y de otros miembros de gangas rivales”, indicó Stephen Muldrow, director de la Oficina de la Fiscalía federal en Puerto Rico, en conferencia de prensa.

Muldrow agregó que usaron dinero de las ganancias de las ventas de narcóticos para comprar artículos y propiedades legítimas.

Durante la investigación ocuparon 80 armas de fuego, además de distintos tipos de narcóticos.

La acusación incluye una alegación de confiscación de sobre $3 millones que habrían generado durante el período de la conspiración.

Todos enfrentan cargos por narcotráfico que los expone a un mínimo de 10 años de prisión. Del total de acusados, 41 también enfrentan acusación de uso de armas de fuego, que los expone a un mínimo de 15 años de prisión.

De los 53 acusados, 15 enfrentan cargos por armas de fuego ilegalmente alteradas para disparar de forma automática, por lo que se exponen a un mínimo de 30 años tras las rejas.