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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos radicó esta tarde una demanda en el Tribunal Federal para obligar al gobierno y a la Policía de Puerto Rico a cumplir con las directrices que le impartió en 2011 con el fin de que cesen de  violar los derechos civiles a la ciudadanía.

Además de la demanda, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que había logrado un acuerdo con el gobierno de Puerto Rico para que se tomen las medidas necesarias para lograr el cumplimiento con les leyes y la Constitución federal. Asimismo, Justicia federal declaró en un comunicado que se acordó una prórroga hasta el 15 de abril para comenzar con los procedimientos judiciales, a fin de ”darle tiempo a la administración del gobernador electo Alejandro García Padilla de revisar los acuerdos”.

La acción tomada hoy por la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal se basa en una investigación comenzada en 2008. El 8 de septiembre de 2011 dicha división del Departamento de Justicia federal emitió un informe con sus hallazgos de que la Policía de Puerto Rico ha incurrido en patrones de conducta que violan la Constitución  y las leyes de Estados Unidos.

Justicia federal señaló, entre otras violaciones, un trato discriminatorio contra inmigrantes y residentes dominicanos y actos de violencia injustificados contra protestas estudiantiles durante las pasada huelgas, violaciones cometidas bajo el liderato del superintendente José Figueroa Sancha.

Por su parte,  el gobernador Luis Fortuño dijo que acuerdo entre la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia federal es para  dar por terminada la investigación realizada desde el 2008. Asimismo, aseguró que el acuerdo da paso a una abarcadora y sustentable reforma de la Uniformada.

“Luego de largos meses de trabajo, hoy nos complace anunciar este acuerdo de colaboración al cual ha llegado la Policía de Puerto Rico con el Departamento de Justicia Federal, el cual servirá de plataforma para llevar a cabo una reforma abarcadora y sustentable para el mejoramiento de los sistemas, el entrenamiento y las destrezas de nuestra Policía de forma tal que aumente su efectividad en beneficio de la seguridad de nuestro Pueblo al tiempo que cumple con todos los estándares constitucionales en el desempeño de su función”, dijo el Gobernador.

Según Fortuño, el acuerdo asegura que la Policía ofrezca servicios policiales de manera que se garanticen los derechos civiles protegidos bajo la Constitución y las leyes de los Estados Unidos y Puerto Rico. Además, busca promover la seguridad pública ofreciéndole a los miembros de la Uniformada las herramientas, el entrenamiento y los recursos que éstos necesitan para combatir el crimen.

El superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, añadió que “en el acuerdo se establece que ambas partes hemos colaborado juntos y hemos identificado medidas para mejorar en las siguientes áreas: profesionalización; uso de fuerza; inspecciones e incautaciones; igualdad ante la ley y no discriminación; reclutamiento, selección y contratación; políticas y procedimientos; capacitación; supervisión y gestión; reclamaciones civiles, investigaciones y disciplina; participación de la comunidad e información pública; y los sistemas de información y tecnología. En cada una de estas áreas se establecerán planes de acción para ejecutar e implementar las reformas y alcanzar los resultados deseados en cada una de ellas”.