A poco tiempo para que se apruebe el presupuesto para el próximo año fiscal, el Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección (COPOP) -que aún no tiene fondos recurrentes- espera contar con una partida “vital” para reclutar más trabajadoras sociales que escuchen, coordinen patrullaje preventivo y asistan en la planificación de los planes de escape de las víctimas de violencia de género.

“Las trabajadoras sociales son la joya de la corona. Empezamos con cuatro trabajadoras sociales y ya tenemos 14, y estamos en vías de contratar hasta 20”, destacó la directora de la División de Violencia Doméstica del Negociado de la Policía, Aymeé Alvarado, desde el COPOP, ubicado en el Cuartel General en Hato Rey.

En el presupuesto del año fiscal 2026 remitido a la Legislatura, el COPOP -que inició en 2021 bajo el estado de emergencia por violencia de género- tenía asignada una partida de $2.6 millones, que se encontraba bajo custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

“Todavía no es final y firme. Entendemos que el presupuesto lo vamos a tener. Hemos seguido con todo el andamiaje que se utiliza para las contrataciones y la compra de equipo con ese presupuesto en mente. Dependemos totalmente de ese presupuesto”, dijo, confiada de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) les apruebe esos fondos estatales, que incluyen una partida para aumentar las trabajadoras sociales.

Por su parte, el director de OGP, Orlando Rivera Berríos, explicó que, al ser la primera vez que se buscan fondos recurrentes para el COPOP, la Policía y el Departamento de Seguridad Pública tuvieron que entregar más información a la JSF. En los pasados años, la iniciativa se estableció con fondos especiales bajo la declaración de emergencia por violencia de género.

“La JSF nos requirió un plan de reclutamiento de trabajadoras sociales para poder, al final, liberarlos ($2.6 millones). Sabemos la dificultad que existe para reclutar personal en el gobierno y los trabajadores sociales son un servicio especializado y el Departamento de la Familia también está reclutando. Hay una iniciativa en conjunto entre la Policía y Familia para ser eficientes a través de acuerdos colaborativos”, explicó Rivera Berríos, en entrevista telefónica.

En ese sentido, Alvarado adelantó que se encaminan a firmar un acuerdo con la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Universidad Ana G. Méndez, para traer estudiantes de maestría de trabajo social para realizar su práctica en la Policía. “Podemos evaluar si se quieren quedar trabajando”, dijo la capitán Alvarado.

De 2022 a 2024, el COPOP procesó 31,774 órdenes de protección, el 94% (30,019) de ellas al amparo de la Ley 54. Además, la Policía ha ocupado 4,608 armas de fuego como parte de los diligenciamientos en los últimos tres años, destacó la consultora de estadística de la dependencia, Myribel Santiago Torres.

En lo que va de 2025 -hasta el 30 de abril-, se habían procesado 3,036 órdenes de protección y, en menos de un día, se estaban diligenciando. El 12.6% de los agresores tenían armas de fuego y ya se habían ocupado más de 500.

“Hacemos el esfuerzo con el personal que tenemos (33 empleados) para poder cumplir con lo necesario. Nuestra misión era hacer un centro de procesamiento de órdenes de protección para tenerlas centralizadas de manera electrónica. De ahí en adelante, incorporamos los diligenciamientos para asegurar que las víctimas tuviesen la protección y asegurarnos que el remedio estaba funcionando”, contó Alvarado.

La experimentada capitán destacó que las trabajadoras sociales son el “enlace entre la víctima y los policías de primera respuesta para coordinar ese patrullaje”.

“Nuestra institución está hecha para perseguir el delincuente, investigar el crimen, que son tareas más crudas. Mientras, las trabajadoras sociales vienen a prevenir y ver cómo servirle a las personas con órdenes de protección, ver cómo las empoderamos, cómo resolvemos algunos asuntos, que cuando están en el ciclo de la violencia doméstica quizás no tienen claro… Rompemos con la cultura de la Policía”, comentó.

Alvarado subrayó que con estas profesionales del trabajo social han estructurado el seguimiento que debe recibir una sobreviviente de violencia de género por parte de autoridades de ley y orden.

Hace un año, Danelis Rivera comenzó a trabajar como trabajadora social en el COPOP, en donde, de manera holística y basada en la teoría del trauma, coordina a diario diversos servicios a las víctimas como apoyo sicológico y ayudas de vivienda, o el pago de la luz o el agua potable, entre otros.

“Nos encargamos porque se velen por sus derechos. Somos ese intermediario entre ellas y la Policía. En muchas ocasiones, nos llaman preocupadas cuando hay una violación a una orden de protección. (Me dicen:) ‘No me siento segura. Estoy encerrada en el baño’. Trabajamos en equipo. Mientras yo estoy en la llamada, otra trabajadora va llamando al albergue y otra llama al precinto para que acudan a la residencia”, narró.

Mientras en 2022 - cuando el COPOP contaba con cuatro trabajadoras sociales- solo siete víctimas recibieron servicios, el 2024 cerraron con 656 que completaron la intervención. En lo que va de 2025 -hasta el 21 de mayo-, se han atendido 712 víctimas, entre ellas 29 que continúan los servicios.

En relación con la coordinación de patrullaje preventivo, 1,047 víctimas lo han recibido y 2,413 denegaron el servicio, desde el 2022. Estos servicios han ido en aumento, ya que, en 2023, 160 optaron por este remedio; en 2024, 525 personas y; del 1 de enero al 21 de mayo de este año, 303.

“Al día, atiendo más de 10 a 12 víctimas. Una llamada puede ser cinco minutos versus otras podemos estar dos horas, porque nos llaman en crisis emocional. Me dicen: ‘Él me llamó. Él me texteó. Quiero volver con él’. A veces, nos preguntan qué hacer. Tenemos que nosotras, enfocadas en esa intervención en crisis, no despegarnos de ese teléfono hasta que la sobreviviente se sienta segura”, contó la joven trabajadora social.

De acuerdo al COPOP, 1,378 víctimas han desarrollado un plan de seguridad con asistencia de las trabajadoras sociales. A mayo de este año, la cifra de 695 ya superaba los planes de seguridad de 2023 y 2024 -45 y 632, respectivamente-.

Rivera contó que, recientemente, una peticionaria de una orden de protección no quiso los servicios de patrullaje preventivo, pero contó que se hizo toda la coordinación para “que ella pudiera salir del país”. “Ellas nos envió un correo diciéndonos lo feliz que estaba. Nos llena de satisfacción saber que esa peticionaria (víctima) pueda estar con sus hijos en un lugar seguro”, destacó.