Una investigación de casi tres años destapó un esquema de fraude en Puerto Rico en el que varias personas lograron los máximos beneficios que ofrece el gobierno federal para veteranos de los servicios militares de Estados Unidos.

Cargos emitidos por un gran jurado federal contra diez personas alegan que la conspiración estuvo encabezada por un empleado de la administración de Asuntos de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés) que habría cobrado a cambio de la aprobación de las pensiones vitalicias, conocidas como la de “100 por ciento”, para individuos que supuestamente no las merecían.

El jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, indicó este jueves que el pliego emitido el pasado 21 de mayo contiene 49 cargos criminales que exponen a los acusados a sentencias de hasta 20 años de prisión.

En conferencia de prensa, Muldrow señaló que el acusado número uno del pliego es Ángel Carrer Rivera, quien habría dirigido el esquema entre el 2020 y 2025, mientras que la pesquisa comenzó en el 2022.

Sostuvo que Carrer Rivera “utilizó su puesto como empleado del VA para acceder al Sistema de Gestión de Beneficios para Veteranos y asignar reclamaciones específicas a los empleados del VA que supervisaba”.

Agregó que, como parte de la conspiración, se comunicó con el coacusado Richard Rivera Maitin sobre “qué afecciones médicas falsas debían declarar los veteranos para obtener fraudulentamente los beneficios por discapacidad”.

Apuntó que ambos y “varios veteranos provocaron la presentación y aprobación de solicitudes fraudulentas de beneficios vitalicios por discapacidad” basadas “en condiciones médicas falsas”.

“Como resultado, los acusados se enriquecieron y causaron pérdida financiera sustancial a Estados Unidos”, agregó.

Aunque el dinero recibido por los acusados en ese período de tiempo pudiera superar los $100,000, Muldrow indicó que las pérdidas estimadas a base de los beneficios vitalicios que iban a obtener de forma fraudulenta ascendería a varios millones de dólares.

Por su parte, el director del Negociado Federal de Investigaciones en Puerto Rico (FBI, por sus siglas en inglés), Devin Kowalski, destacó que, a nivel de Estados Unidos, las pérdidas en estos tipo de fraudes con beneficios de veteranos “asciende a más de $190 millones según auditorías internas del VA”.

“Esta investigación identificó a varios sujetos, incluyendo reclutadores, empleados del VA y veteranos que conspiraron para recibir clasificaciones de discapacidad del 100% a cambio de sobornos”, manifestó Kowalski.

Según los cargos, Carrer Rivera y Rivera Maitin recibieron pagos por facilitar la aprobación de las solicitudes con información falsa.

La acusación alega que Rivera Maitin, quien es veterano y se dedica a la mecánica, identificaba otros veteranos que no tenían el 100% de los beneficios de discapacidad para ofrecerles ayuda a cambio de un pago inicial en efectivo. También les cobraba un porcentaje de cualquier pago retroactivo que recibiera el veterano.

“Rivera Maitin instruía a los veterano sobre la información falsa que debían proporcionar durante las evaluaciones médicas y al completar la documentación de solicitud de beneficios por discapacidad”, expuso Muldrow.

Como veteranos que se beneficiaron del esquema, Muldrow sostuvo que Víctor García Soto tuvo una calificación de 100%, al igual que Gabriel García, quien es veterano y policía en Estados Unidos.

Asimismo, José Torres Rosado del 90% y Eladio Pagán del 70%. De igual forma, Ignacio Ramos Class, que trabaja como agente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) recibió una pensión del 100%, mientras que Félix Arroyo Rivera obtuvo un 90%.

También indicó que en el pliego figura una mujer que identificó como Brenda García, quien era esposa de Víctor García Soto, madre de Gabriel García y hermana de Báez. Detalló que “actuó como facilitadora entre los co-conspiradores”.

Expuso que el único que no ha sido arrestado hasta el momento Randolph Báez, quien se desempeña como piloto de vuelos comerciales y que recibió una pensión del 60% como parte del esquema de fraude.

Carrer Rivera, Rivera Maitin y Arroyo Rivera fueron arrestados en Puerto Rico, mientras que los demás se encuentran en el estado de Florida.

A preguntas de la prensa, Muldrow apuntó que hasta el momento no han acusado a algún médico como parte del caso, observando que los cargos alegan ofrecer información falsa a los doctores que evalúan las solicitudes.

Dijo que algunos de los solicitaban alegaban condiciones de salud tanto física, como discapacidades emocionales.

Muldrow también indicó que entre los acusados no figura alguno de los empleados que estaban bajo la supervisión de Carrer Rivera.

No obstante, el fiscal enfatizó que este caso forma parte de “una investigación más grande” que podría implicar a otros por robar dinero del gobierno de Estados Unidos mediante fraude, pero no precisó información adicional al respecto.

En la conferencia de prensa, el agente a cargo de la Oficina del Inspector General del VA para la región suroeste, David Spilker, enfatizó en que ninguna veterano está obligada a pagar para tramitar su solicitud de beneficios.

“Este es un primer caso importante para la Oficina del Inspector General del VA y es parte de la iniciativa nacional ‘No engaños de Veteranos’. Está enfocada en identificar compañías e individuos que operan compañías predatorias cobrándole a veteranos para conseguir beneficios del VA. Lo hacen sometiendo evidencia médica falsa y exagerando discapacidades”, afirmó Splinker.