Un gran jurado acusó a 25 presuntos miembros de una narcoganga que se dedicaba al tráfico de drogas en el área oeste, teniendo como sede el municipio de Mayagüez y generando más de $19.7 millones.

La organización criminal tenía tentáculos en las cárceles, donde se alega que su líder se las ingeniaba para burlar el sistema, participar de reuniones vía telefónicas y así discutir sus estrategias delictivas.

Así lo reveló este martes el jefe de la Fiscalía federal para el Distrito de Puerto Rico, William Stephen Muldrow, en una conferencia de prensa donde ofreció mayores detalles de la acusación.

Asimismo, Muldrow anunció otro caso donde un gran jurado emitió una acusación contra otros cinco sujetos por presuntamente estar involucrados en un intento de secuestro reportado en 2024 en Mayagüez.

Actualmente, se mantienen prófugos José C. Colón Félix, alias “Fresita”, presunto miembro de la organización criminal; y Anthony Yeriel Esquilin Guzmán, involucrado en el caso de secuestro.

Muldrow especificó que las dos acusaciones -que desencadenaron en las operaciones “Islandwide” y “Amost Taken”- son el resultado de dos pesquisas del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

Con relación al primer caso, Muldrow dijo que el gran jurado emitió la acusación el 9 de abril contra 25 individuos por tráfico y distribución de sustancias controladas.

La acusación alega que desde abril de 2021, o alrededor de esa fecha, hasta el presente, la organización distribuyó heroína, fentanilo, cocaína, crack y marihuana cerca de residenciales públicos.

Se trata de los complejos de vivienda públicos Rafael Hernández (Kennedy), Manuel Hernández Rosa (Candelaria), El Carmen y otras áreas cercanas al municipio de Mayagüez, para obtener “ganancias y beneficios económicos significativos”.

Muldrow dijo que el objetivo de la organización era mantener el control de todas las actividades de narcotráfico dentro de las áreas controladas utilizando la fuerza, amenazas, violencia e intimidación.

Para preservar el poder y proteger el territorio, los miembros de la organización incurrían en actos violentos que incluían, entre otros, el asesinato, con el fin de protegerse a sí mismos y a su organización.

Como parte de la conspiración, los acusados mantenían reuniones para discutir la estrategia y el plan de sus actividades criminales, incluyendo pero no limitándose a actos de violencia, detalla la acusación.

“Los co-conspiradores celebraban reuniones para discutir negocios de tráfico de drogas y asuntos entre los miembros de la banda. Durante dichas reuniones, los acusados encarcelados y los conspiradores participaban por teléfono”, mencionó Muldrow.

Al abundar sobre este particular, hizo referencia al caso de Jonathan Martínez González, alias “El Brother”, quien encabeza la lista en el pliego acusatorio y quien presuntamente continuó con sus actos delictivos en la prisión.

“Por ejemplo, él siguió controlando su ganga, su grupo, a través de donde estaba en la prisión, hablando por teléfono... Aunque está preso, siguió dando instrucciones a su gente”, mencionó.

Muldrow reveló que entre los 25 acusados hay sujetos que también enfrentan cargos por asesinatos a nivel estatal. “Hay otros asesinatos que siguen bajo investigación”, sostuvo.

El jefe de la Fiscalía indicó que 15 de los 25 acusados también enfrentan cargos por posesión de armas de fuego en la comisión de un delito de narcotráfico.

Además, siete acusados enfrentan un cargo por posesión de una ametralladora. “Algunos conspiradores poseían, portaban y usaban armas de fuego para protegerse así mismos y a la ganga”, dijo.

Debido a los cargos que enfrentan, explicó, la Fiscalía federal presentó una moción ante el Tribunal federal solicitando que los acusados se queden ingresados en prisión sin derecho a fianza.

“Esta moción contiene información y fotos de los miembros de la ganga portando armas de fuego, algunas de las armas de fuego y drogas que fueron confiscadas durante la investigación”, dijo.

Todos los acusados enfrentan una alegación de confiscación de más de $19 millones y, de ser hallados culpables por narcotráfico, se exponen a un mínimo de 10 años o pasar el resto de sus días en prisión.

En tanto, los acusados que enfrentan cargos por posesión de armas de fuego se exponen a un mínimo de 15 años de prisión con una pena máxima de cadena perpetua. No obstante, los sujetos que enfrentan cargos por posesión de ametralladora, se exponen a una pena mínima de 15 años de prisión.

De acuerdo a la acusación, los individuos actuaron en diferentes papeles para promover la conspiración de tráfico de drogas, incluyendo: líderes, propietarios de puntos de drogas, ejecutores, runners, vendedores, procesadores de drogas y facilitadores.

“Los miembros de la banda utilizaban la fuerza, la violencia y la intimidación para amedrentar a las organizaciones de narcotraficantes rivales y para disciplinar a los miembros de su propia organización”, detalla la acusación.

De otro lado, Muldrow anunció que un gran jurado emitió el 24 de abril una acusación contra cinco individuos por cargos de conspiración para secuestrar e intento de secuestro de un hombre en Mayagüez.

“A partir de una fecha desconocida, pero no más tarde del 21 de mayo del 2024 hasta el 12 de julio del 2024, los acusados Edilberto Aponte Sánchez, Anthony Esquilín Guzmán, Ramdy Kaleb Ocasio Pagán, Jocner Martínez Correa y Dylan Camacho Álvarez conspiraron y acordaron entre sí secuestrar, raptar o llevarse y detener deliberadamente a cambio de un rescate o una recompensa a H.R.G”, informó Muldrow.

Detalló que, el 12 de julio de 2024, los acusados intentaron secuestrar a la víctima en un estacionamiento en Mayagüez. Como parte del plan, dijo, que los acusados intentaron sin éxito que la víctima abordara a una camioneta.

“La víctima se defendió y los acusados huyeron del lugar”, aseveró Muldrow, quien indicó que, de ser hallados culpables, los acusados se enfrentan a pasar el resto de sus días en prisión por este caso.

Este caso, reveló, estuvo a cargo del FBI, en conjunto con el Negociado de la Policía de Puerto Rico.

“Quisiera tomar un tiempo para hablarles sobre la seguridad en la calle. La víctima en el intento de secuestro enfrentó a sus asaltantes y tuvo suerte de que salió ileso, pero eso es muy peligroso. La mayoría de las veces, las personas que enfrentan a sus asaltantes terminan heridas de gravedad o muertas”, expresó Muldrow en la rueda de prensa.

“Las autoridades no queremos que se conviertan en víctimas de la violencia que lamentablemente podamos sufrir en la calle. Tengan cuidado de su entorno, manténganse conscientes de lo que pasa a su alrededor, siempre alertas en los estacionamientos y en la calle”, agregó.

Asimismo, hizo un llamado a los ciudadanos a tener cuidado cuando acuden a una institución bancaria o a un cajero automático para retirar dinero.

“Su vida vale mucho más que un carro o cualquier cantidad de dinero. Si usted es víctima de un asalto o un carjacking, nunca enfrente a los asaltantes”, puntualizó el jefe de la Fiscalía federal.

El agente especial a cargo del FBI en Puerto Rico, Devin J. Kowalski, planteó que “la violencia, las drogas y el crimen organizado no encontrarán su espacio aquí”.

“En el oeste de la isla, desmantelamos una organización criminal responsable de múltiples asesinatos. Estos sujetos son muy violentos. Este grupo sembró terror en nuestras comunidades por años controlando residenciales públicos con violencia y miedo. Gracias a la valentía de nuestros agentes y el apoyo de nuestros colegas, ese control se terminó”, dijo Kowalski, en la rueda de prensa.

“Al mismo tiempo, desmantelamos una red criminal dedicada a secuestrar y a extorsionar a ciudadanos inocentes. Hoy, gracias al trabajo de nuestros equipos, esa amenaza también ha sido neutralizada”, mencionó el jefe del FBI en la isla.

Mientras, el comisionado de la Policía y exjefe del FBI en Puerto Rico, Joseph González, precisó que estos casos son el resultado de meses de trabajo e investigaciones “cuidadosas”.

González felicitó a los agentes de la Policía que participaron en esta operación, que “con su esfuerzo y disciplina y compromiso marcan la diferencia”.

“La seguridad de nuestra gente es nuestra prioridad. Puerto Rico merece vivir en paz y vamos a seguir trabajando mano a mano con nuestros compañeros de las agencias federales para cumplirlo”, concluyó.

En tanto, Wilmer Ocasio, alguacil federal para el Distrito de Puerto Rico, precisó que “la lucha contra organizaciones criminales continúa siendo una prioridad para nuestra oficina, al igual que cada una de las agencias de orden público aquí presentes”.