La secretaria de Justicia, Inés Carrau, dijo que son tantos casos por fraude al PUA para investigar, que las radicaciones de cargos podrían producirse después de que culmine este año. (Vanessa Serra Diaz)

Las autoridades federales y estatales investigan cerca de 100,000 casos de fraude al programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés), que incluye distintas modalidades y esquemas de robo, como la apropiación ilegal de la indentidad de otra persona o mentir al llenar la solicitud.

Agentes federales destacados en el Departamento del Trabajo analizan y auditan solicitudes para detectar posibles esquemas de fraude, mientras otros indagan sobre los casos de robo de identidad detectados por la Policía por personas que han llegado hasta bancos para cambiar cheques a los que no tenían derecho.

Mientras, la fiscalía federal en San Juan y el Departamento de Justicia se encuentran en conversaciones para procesar lo que se anticipa será una avalancha de casos. Son tantos, que podrían terminar radicándose en los tribunales después de que termine este año.

“Tomando la información que nos da el secretario del Trabajo, de que algunas 307,000 solicitaron y recibieron los beneficios del PUA, nosotros debemos estar pensando que deben haber casi 100,000 personas que de alguna forma se han beneficiado de los fondos del PUA sin tener derecho a ello”, dijo a El Nuevo Día la secretaria de Justicia (DJ), Inés Carrau.

“Si tomamos como base que el secretario del Trabajo dice que hay unos 15,000 empleados públicos nada más, (sin contar) al resto de la población que ha solicitado, por eso es que hago este cálculo mío, a base de la información que hemos obtenido. Deben haber casi 100,000 personas involucradas en esto”, agregó Carrau.

La secretaria de Justicia coincidió con lo planteado por el secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, en que todavía falta por definir la cantidad final de empleados públicos que se beneficiaron ilícitamente del PUA.

Rivera Santiago indicó que estimaba que la cantidad podría sobre pasar los 10,000 casos, pero explicó que hay casos en los que el sistema de la agencia identifica a alguien como empleado de una agencia, pero luego corroboran que ya no estaba en el sector público.

“Hay que mirar que esos listados estén al día”, dijo Carrau. “A nosotros nos llegó un listado de personas que supuestamente eran empleados del Departamento de Justicia (solicitando el PUA), pero cuando revisamos con Recursos Humanos vimos que ya no estaban”, señaló Carrau.

“Hay que depurar esas listas para tener una idea más concreta, más certera, de las personas que son empleados públicos”, añadió.

Por su parte, Rivera Santiago tampoco descartó que algunas de esas solicitudes correspondan a personas que se les haya robado la identidad de un empleado público.

“A nosotros nos pasó. Detectamos que alguien se robó la identidad de un empleado del Departamento del Trabajo y sometió una solicitud a su nombre”, comentó Rivera Santiago.

Por lo pronto, el funcionario mantuvo el estimado de casi 10,000 solicitudes del PUA correspondientes preliminarmente a empleados públicos, que no tienen derecho al beneficio por estar en nómina de una agencia, sin importar que hayan perdido algún ingreso adicional a su trabajo en el gobierno.

“Pueden ser sobre 10,000 (casos de fraude de empleados públicos)", sostuvo.

Por otro lado, dijo que, a nivel general, "estamos viendo distintos esquemas y modalidades, desde el que roba la identidad, el que vuelve a trabajar y no lo informa, hasta los menores que entran al sistema y confinados”, comentó Rivera Santiago, quien dijo que estaba por corroborar si es cierto que hay una solicitud a nombre de Jensen Medina Cardona, quien está ingresado en una cárcel en espera de juicio por cargos de asesinato. “Hay que ver si alguien le robó su identidad y sometió una solicitud”.

“En el caso de los confinados, se sabe históricamente de distintos casos de fraudes que se cometen desde las cárceles, como el robo de identidad, pero definitivamente necesitan ayuda de alguien (en la libre comunidad) que les ayuda”, mantuvo. “Nos pasó con el (beneficio) por desempleo después del huracán María”.

Rivera Santiago destacó que al momento el Departamento del Trabajo ha recuperado $12.5 millones devueltos desde que comenzaron la campaña de alerta por los fraudes.

También resaltó desde marzo la solicitudes se hacían mediante un formulario en el que las personas “juraban” que la información era cierta. Hace poco comenzaron a usar el denominado “FastPUA” que valida la información con el Departamento de Hacienda.

Rivera Santiago dijo que les levanta “suspicacia” que antes habían tenido sobre 300,00 solicitudes y con el nuevo sistema la cantidad se redujo a 60,000.

“Realmente es preocupante que habiendo gente con necesidad real, vengan otros a querer hacerse pasar de listos y le corten a otros la posibilidad de recibir los fondos que necesitan para el sostener de su familia”, expresó, por su lado, Carrau. “Hablamos de personas que no tienen necesidad de recibir estos dineros para subsistir y usan este dinero para gastarlos en lujos. También afecta en recibir fondos federales, porque al verse que se están usando con fraude, se sabe que puede tener un efecto en los fondos que pueda recibir Puerto Rico”.

El proceso de investigación se anticipa de tal magnitud que se desarrolla un esfuerzo interagencial para procesar los casos.

Carrau y Rivera Santiago indicaron que han llevado a cabo varias reuniones para coordinar la logística.

Carrau detalló que el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) estará a cargo de procesar los casos de empleados públicos. Mientras, las querellas contra ciudadanos del sector privado serán atenidas por la Policía de Puerto Rico, cuya División de Robo a Bancos y Fraude ha atenido los casos que han surgido de personas arrestadas en instituciones financieras.

Hasta el sábado, la Policía ha arrestado a 67 personas que intentaban cambiar cheques del PUA obtenidos de forma ilegal. Con estas intervenciones, la División de Robo a Bancos y Fraude ha recuperado $414,196.

El caso más reciente fue el de un joven de 20 años detenido con una identificación falsa mientras trataba de cambiar un cheque del PUA por $11,454.

“Esos casos se han ido radicando (en los tribunales). Estamos a un promedio de 10 a 11 casos semanales, y estamos estableciendo una estrategia para que aumente la cantidad”, dijo Lebrón, tras adelantar que es parte de la preparación para el incremento en la cantidad de casos que esperan.

En relación a los fraudes detectados en el Departamento del Trabajo, Rivera Santiago dijo que “estamos trabajando la logística para que le vayamos enviando los referidos (a Justicia) de manera ordenada, porque son muchos casos”.

“Ya se han comenzado a referir y se están investigando los casos. El volumen es bastante alto”, abundó.

Según Carrau, se creó “un equipo de trabajo asignado para trabajar esos casos”, liderados por los fiscales de la División de Delitos Económicos del DJ que están a cargo de los casos del PUA específicamente, aunque no descarta atender otros delitos relacionados a fraude al beneficio por desempleo.

Dijo que ese personal trabajará directamente con los fiscales en cada uno de los 13 distritos donde se someterían los casos.

Cuando se le preguntó si podrían procesar todo esto antes de que termine el 2020, Carrau dijo que “por la cantidad de casos, entiendo que se va a extender un poco más”.

Como parte de ese proceso, Carrau dijo que ha tenido reuniones “también con las autoridades federales para trabajar de forma coordinada para acelerar lo más pronto posible la radicación de cargos”.

“Estamos en negociaciones, empezando a coordinar con ellos”, agregó la funcionaria.

De acuerdo con el secretario del Trabajo, un “Task Force” de oficiales federales trabaja auditando solicitudes e investigando posibles esquemas de fraude en el PUA, que se nutre de fondos del gobierno de Estados Unidos.

Además de tener conversaciones con fiscalía federal, Rivera Santiago dijo que en ese grupo hay agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Servicio de Rentas Internas (IRS) y de la Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo de Estados Unidos (OIG-DoL).

En particular, resaltó que el FBI tiene un agente destacado en el Departamento del Trabajo en esta investigación.

Mientras, este medio pudo confirmar que el FBI investiga el robo de identidades por parte de personas que ha arrestado la Policía al cambiar cheques en bancos, como lo planteó este mes el teniente Wilson Lebrón, comandante de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC).

Lebrón dijo la semana pasada a El Nuevo Día que han identificado la venta de licencias de conducir falsas por la cantidad de hasta $500.

“Con las autoridades federales no tenemos que hacer referidos, porque tienen un agente, además de que el OIG nos audita”, explicó Rivera Santiago. “Ellos asumen jurisdicción”.

“Nos hemos reunido con ellos y tenemos un agente contacto que está en las investigaciones y está pendiente a los casos”, añadió.

Cuando se le preguntó al secretario del Trabajo si entendía que las autoridades federales procesarían casos pronto, contestó: “Sí. Obviamente, no tengo acceso a cómo ellos están haciendo los casos, pero sí, no descarto a que nivel federal vayan a llevar esos caso”.

“En particular el FBI tiene las manos llenas con estas investigaciones en Puerto Rico y otros estados”, afirmó.

Posibles esquemas

De acuerdo con Rivera Santiago, “hacer la solicitud no es ilegal, porque yo, secretario del Trabajo, puedo tratar de solicitar, digamos un beneficio como el PAN, pero cuando informe que tengo tal trabajo, la agencia verá eso y me lo van a negar”.

“El delito está en dar información falsa para que me aprueben la beneficio de asistencia”, acotó.

Según el funcionario, estos son algunos de los principales esquemas de fraude al PUA que están bajo investigación:

1- Mentir en la solicitud con información falsa sobre una supuesta pérdida de ingresos.

2- Omitir en la solicitud información real de ingresos que todavía recibe.

3- Uso del número de Seguro Social que robó a otra persona.

4- Robo de identidad completa (nombre, dirección, Seguro Social, etc.)

5- Uso de menores para someter solicitudes - supuestamente se usaron direcciones falsas

6- Solicitudes a nombre de confinados