(Suministrada)

La organización Ciudadanos en Defensa del Ambiente (CEDDA) y varios vecinos de Arecibo demandaron para que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) de curso a las querellas radicadas y cumpla con su deber ministerial de proteger una duna que presuntamente fue impactada por el dueño del terreno donde ubica con el fin de colocar sobre ella una casa remolque.

Casi una veintena de querellas fueron presentadas por residentes del barrio Islote de Arecibo en las que sostenían que las acciones del dueño del terreno, Edgar Torres Morales, violaban el permiso de poda que se le confirió y que impedía el movimiento de terreno en el área y su nivelación.

El mandamus presentado a finales de la semana pasada, sostiene que desde abril de 2019 los residentes radicaron 17 querellas sin que fueran atendidas en el periodo de seis meses que establece el reglamento 6442 de la agencia.

De igual manera, los demandantes alegan que con su inacción el DRNA violentó el reglamento 4860, el que establece que las dunas, los manglares y otros terrenos costeros son bienes de dominio público por su asociación al mar.

“La inacción del DRNA mantiene a los vecinos del barrio Islote, sector Piquiña, en estado de zozobra, porque en la pasada Marejada de los Muertos, en la semana del 2 de noviembre de 2019, el océano rebasó la duna aludida, cruzó la carretera 681 y llegó hasta cuatro casas adentro de la calle que le queda de frente a la duna”, señala el documento judicial presentado por Aleida Centeno, abogada de Servicios Legales de Puerto Rico, en representación de CEDDA y de los vecinos.

Los demandantes reclaman que el DRNA, ejerciendo su deber ministerial, tome medidas para proteger la duna y para que se devuelva a su estado original. Además, en ese documento, se le recuerda al DRNA que las dunas del litoral del barrio Islote están identificadas como zonas de anidar tortugas marinas, que son especies en peligro de extinción.

El DRNA no ha provisto a este diario las copias solicitadas, hace varias semanas, de las órdenes de cese y desista, si alguna, que se expidieron tras la radicación de las querellas. Tampoco ha entregado información adicional relacionada a la inspección que, en junio de 2019, personal de esa agencia hizo al terreno en cuestión.


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