Antonio Ramos Cruz (izq.) y Juan Carlos Meléndez (der.) quedaron libres bajo fianza en el 2017. (Gerald López Cepero)

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió hoy, martes, una determinación de “no ha lugar” a una nueva solicitud de reconsideración sometida por la defensa de Antonio Ramos Cruz y Juan Carlos Meléndez, acusados del asesinato del Haydée Teresa Maymí y sus hijos en hechos ocurridos en el 1989, para la celebración de un nuevo juicio. 

“A la Moción de Reconsideración presentada por la parte peticionaria, se provee no ha lugar. Lo acorde el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo”, lee el documento.

Tras el revés, uno de los representantes legales de los hombres, el licenciado Julio Fontanet, director de Proyecto Inocencia y abogado de Ramos Cruz, no descartó solicitar clemencia ejecutiva. “Sí, lo vamos a considerar porque realmente es un caso bien meritorio”, sostuvo a El Nuevo Día.

En marzo este año, el Tribunal Apelativo declaró nula una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Carolina que había declarado ha lugar la celebración de un nuevo juicio. Tras un primer revés en el Tribunal Supremo, la defensa de los acusados sometió un recurso de certiorari -en un segundo intento- para que revocaran la determinación del Apelativo, pero el máximo foro mantuvo su determinación de “no ha lugar”. 

Ramos Cruz y Meléndez fueron reingresados a la cárcel tras la determinación del Apelativo luego de dos años libres bajo fianza. “Ellos estuvieron dos años en la libre comunicad. Estaban trabajando una vida familiar y pasó lo que pasó. Tenían fe que el Supremo revocara, pero lamentablemente no fue así”, sostuvo. 

Los convictos -que recibieron una sentencia de 297 años de prisión en el 1992 por el asesinato de Haydeé Maymí y sus dos hijos- quedaron libres bajo fianza en el 2017, luego que la jueza Berthaida Seijo Ortiz acogiera una solicitud de la defensa para la celebración de un segundo juicio tras concluir que una prueba descubierta en recientes años no estuvo disponible para ser aquilatada por el jurado que los halló culpable. 

La prueba, específicamente, consistía en un análisis de ADN mitocondrial que se le realizó a unos vellos púbicos encontrados en la ropa interior que la víctima llevaba puesta al momento de su muerte. La realización del análisis -que se hizo tras la aprobación en el 2015 de la Ley de Análisis de ADN Post-Sentencia- reflejó que los vellos no son de los convictos, sino que podrían pertenecer a la víctima o de otro miembro de la línea maternal.


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