El Tribunal Supremo de Estados Unidos examinará otro pedido de certiorari de la JSF el 15 de octubre. (AP)

A solo días de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos examine en una audiencia oral si los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) fueron nombrados según la Constitución estadounidense, ese foro propinó un revés al organismo federal en la disputa sobre los Bonos de Obligaciones de Pensiones (POBs).

Este lunes, el Tribunal Supremo denegó un pedido de la JSF que buscaba revertir un fallo del Primer Circuito de Apelaciones. Ese foro concluyó a principios de año que los tenedores de los POBs sí poseen una acreencia asegurada, es decir, una deuda que tiene como colateral alguna fuente de recaudos del gobierno.

La decisión del Tribunal Supremo incidirá en el plan de ajuste de deudas recién radicado por la JSF e incluso, podría repercutir adversamente en la propuesta para el pago de pensiones de sobre 167,000 jubilados. Esto, porque ahora que los POBs son, en definitiva, una acreencia asegurada, los dueños de estos bonos tendrían prioridad sobre otras acreencias de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) y, por ende, podrán exigir un repago más alto que la oferta que ha puesto en la mesa el organismo fiscal.

Según el plan de ajuste, la JSF propone pagar a los bonistas dueños de POBs solo 13 centavos de cada dólar que prestaron a la ASR. La recuperación supondría un recorte de un 87% a tales bonos que totalizaron unos $3,200 millones.

En contraste, la propuesta de la JSF establece que el gobierno que las pensiones, que no son una deuda asegurada bajo la reglamentación del Código de Quiebra, se pagarán al 100% en el caso de retirados con una compensación de hasta $1,200 al mes y se pagarán al 92.5% cuando se trate de jubilados con un ingreso mayor a esa cuantía. El plan de ajuste también propone crear un fideicomiso para el pago de pensiones que se nutriría de $175 millones inicialmente y luego recibiría inyecciones adicionales, en caso de sobrantes presupuestarios.

La negativa del Tribunal Supremo de acoger un recurso de revisión radicado por la JSF tiene su génesis en agosto del 2018 cuando la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain concluyó que, por un error transaccional, los bonos POBs no eran una deuda asegurada. Específicamente, Swain encontró que dado que el nombre de la ASR (la agencia que emitió los POBs)no se escribió correctamente en los documentos que registraron el colateral según se requiere en el Código de Transacciones Comerciales (UCC, en inglés), estos bonos no se consideraban asegurados.

Cuando el gobierno emitió los POBs en el 2008, se estableció que estos bonos serían pagaderos con las aportaciones que el gobierno central hacía como patrono al retiro de los empleados públicos.

En su fallo, el pasado 30 de enero, al revocar a Swain, el Primer Circuito concluyó que si bien el gobierno erró inicialmente en registrar el gravamen contra las aportaciones patronales, siete años más tarde, el asunto fue corregido, por lo que el gravamen se “perfeccionó”.

La decisión de la Corte Suprema supone una victoria para los dueños de unos $2,900 millones en bonos POBs en manos de los siguientes fondos: Andalusian Global Designated Activity Company, UBS Financial Services of Puerto Rico y Altair Global Opportunities, Glendon Opportunities Fund, Mason Capital Master Fund, Nokota Capital Master Fund, así como varios fondos de la firma Oaktree, Ocher Rose y SV Credit.

En el lado opuesto, el rechazo de la Corte Suprema al pedido de certiorari supone una incertidumbre y posiblemente, costes operacionales más altos para los jugadores del sistema financiero estadounidense que siguen la normativa del UCC a la hora de anotar gravámenes contra los activos de empresas o comercios que garantizan el pago de préstamos. Ello, porque como parte de la controversia entre la JSF y Andalusia, Altair y otros, la Asociación de Financiamiento Comercial de Estados Unidos (CFA) radicó un recurso “Amicus Curiae” instando al alto foro a acoger la controversia. En el 2018, los miembros de la asociación, según reza el recurso, gestionaron unos $300,000 millones de los financiamientos asegurados otorgados en el 2018.

“Si los prestatarios no pueden estar absolutamente seguros que sus gravámenes perfeccionados no serán primados por otro, interés propietario oculto, los prestatarios impondrán potencialmente términos onerosos y costos para mitigar esos riesgos, reduce grandemente el crédito disponible o no extenderían crédito alguno”, planteó la CFA.

El próximo 15 de octubre, la Corte Suprema examinará otro pedido de certiorari de la JSF: aquel para revocar el fallo del Primer Circuito de Apelaciones y que concluyó que la JSF es una figura inconstitucional. Ello, porque según el foro apelativo, los directivos del organismo son oficiales principales del gobierno federal y por ende, debieron ser nombrados con el consejo y consentimiento del Senado de Estados Unidos, lo que no ocurrió.


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