El FBI explica por qué arrestó al jefe municipal Miguel Gabriel Ortiz Vélez por cargos relacionados a corrupción desde el 2013 hasta el 2016.

El exalcalde de Sabana Grande Miguel “Papín” Ortiz Vélez y la fiscalía federal no están en conversaciones para una negociación para alegación de culpabilidad por los cargos de fraude que pesan en contra del exfuncionario.

Así se informó hoy al juez federal Pedro Delgado, en la primera vista de estatus desde octubre.

Aunque las partes no cerraron la puerta de forma categórica a que pueda ocurrir una negociación en algún momento, la defensa y el Ministerio Público indicaron que, por el momento, no ha ocurrido.

“No se han hecho ofertas, pero la fiscalía estaría dispuesta a hacerlas”, indicó el fiscal Seth Erbe, quien dijo que está esperando escuchar de la defensa, pues le está dando “el tiempo que necesita” para revisar el descubrimiento de prueba.

Según las minutas de la pasada vista en octubre, la evidencia provista por la fiscalía a la defensa de Ortiz Vélez fue descrita como “voluminosa”.

Ante el juez Delgado, el abogado del exalcalde, Juan Matos, indicó que el descubrimiento de prueba consiste en “cientos de miles de documentos”.

“He revisado el 70% (de la prueba)”, indicó Matos.

Destacó, además, que está compilando otra lista de documentos adicionales que está por solicitarle a la fiscalía.

Estará por verse si surge alguna conversación para negociar o si se sostiene en ir a juicio después de que se concluya la entrega y evaluación de toda la prueba.

“Enviaré la solicitud a la fiscalía y luego nos sentaremos a ver dónde estamos”, comentó Matos.

“En este momento no hay conversaciones para alegación de culpabilidad”, afirmó.

Ortiz Vélez fue arrestado el 5 de julio del año pasado por cargos relacionados a un supuesto esquema de fraude millonario en el municipio de Sabana Grande entre el 2013 y el 2016.

El mes antes, en junio de 2018, la administración de Ortiz Vélez fue imputada en relación al alegado esquema de enriquecimiento ilícito, valorado en $2.9 millones a través de propuestas firmadas por el Municipio para obtener fondos federales administrados por el Departamento de Educación (DE).

La denuncia se conoció públicamente durante una vista que se celebró ese día, cuando el empresario Irving Riquel Torres Rodríguez se declaró culpable por ese caso y por otro, en relación al alegado esquema millonario de enriquecimiento ilícito originado en el Departamento de Recreación y Deportes (DRD),donde es coacusado junto con el exsecretario de la agencia, Ramón Orta Rodríguez.

Ante el juez Delgado, Torres Rodríguez asumió su culpa en cuatro cargos por robo de fondos federales, conspiración para cometer fraude electrónico y fraude postal, y lavado de dinero, tras haber participado en el supuesto esquema de fraude que involucra a Ortiz Vélez.

Según la denuncia sometida por el fiscal Erbe, a través de ese segundo esquema, Torres Rodríguez y los coconspiradores defraudaron al DE por una cantidad valorada en $2,904,920, provenientes de fondos federales.

Dicta la denuncia que, en el 2013, Torres Rodríguez se reunió con un individuo no identificado (Individuo C), y acordó escribir y someter propuestas al DE a nombre del Municipio de Sabana Grande con el objetivo de obtener fondos federales para varios proyectos.

Los miembros de la conspiración, cuyos nombres no fueron revelados, crearon el correo electrónico "[email protected]" y sometieron las propuestas electrónicamente a través del sistema UPT. Dos de esas propuestas resultaron en acuerdos ejecutados por el Individuo C a nombre del Municipio de Sabana Grande, concretados en dos proyectos: “Verano Educativo” y “Desarrollo Continuo”.

De acuerdo con la acusación, ambos acuerdos contenían “falsa representación” acerca de la capacidad del Municipio para administrar los proyectos utilizando solo personal del Ayuntamiento. De hecho, ambos contratos contenían una cláusula que prohibía la subcontratación.

Sin embargo, alega que en violación al contrato, el Individuo C firmó contratos a nombre del Municipio de Sabana Grande con Administrative Environmental and Sports Consultants (AESC) -la compañía de Torres Rodríguez- para que se hiciera cargo del proyecto “Verano Educativo”. El otro proyecto –“Desarrollo Continuo”- fue otorgado a otra compañía no identificada (Compañía F), la cual relegó los servicios también a AESC.

“Esto produjo ganancias netas para el Municipio de Sabana Grande, la Compañía F y AESC sin el conocimiento ni consentimiento del Departamento de Educación”, lee el documento de admisión de culpa de Torres Rodríguez.

El 25 de octubre de 2013, el Departamento de Hacienda emitió un cheque por $1,134,720 al Municipio de Sabana Grande, y el 19 de diciembre del mismo año, el Municipio le pagó $739,239.40 a AESC. 

Asimismo, el 14 de noviembre de 2014, Hacienda emitió un segundo cheque por $1,770,200 al Municipio, de los cuales, $1,378,212 fueron a manos de la Compañía F, la cual desembolsó $752,043.78 para AESC por concepto de los gastos del proyecto y su margen de ganancias.

La denuncia, por ende, establece que el Municipio de Sabana Grande obtuvo $787,469.60 en ganancias netas aproximadas, provenientes de fondos federales, “sin haber realizado trabajo alguno, y sin el conocimiento y consentimiento del Departamento de Educación”.


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