Yanaira Vázquez Cruz está acusada de apropiación ilegal agravada, aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos y de violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. (GFR Media)

La exrectora de la Universidad de Puerto Rico en Utuado y exdirectora del programa Crece 21, Yanaira Vázquez Cruz defendió hoy, jueves, su inocencia frente a la acusación por corrupción en su contra, al tiempo que se pautó para finales de abril el inicio del juicio en el caso.

“Estamos complacidos con que se vaya a juicio”, afirmó el fiscal Emilio Arill García, del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), en declaraciones a El Nuevo Día a su salida de sala 607 del Centro Judicial de San Juan.

Las partes habían sido citadas por el juez Aldo González Quesada a una conferencia sobre estado de los procedimientos, en la que se dialogó sobre existía la posibilidad de que el caso se resolviera por medio de un acuerdo, sin necesidad de un juicio en su fondo.

“Le dijimos ambas partes que no”, afirmó el licenciado Harry Padilla, abogado de la acusada, sobre su respuesta y la respuesta del FEI al juez.

“No hay acuerdo”, respondió Padilla a preguntas de este medio. “Mi representada tiene una posición que es inamovible: que es inocente y los inocentes no abdican nunca a la posición. Ella no tiene ningún tipo de responsabilidad en esto”, afirmó el abogado.

El juicio contra la exfuncionaria universitaria iniciará el 28 de abril y se extendería hasta el 27 de mayo de 2020.

Vázquez Cruz está acusada de apropiación ilegal agravada, aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos y de violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

Los detalles del caso

Los hechos por los que se le acusa ocurrieron en el 2011 cuando, además de como rectora de la UPR en Utuado, se desempeñaba como directora del programa Crece 21, un proyecto de colaboración entre la universidad del estado y el Departamento de Educación para ofrecer adiestramientos a maestros del sistema público que resultó ser un derroche de millones de dólares.

La exfuncionaria venía de trabajar en el Sistema Ana G. Méndez y llegó a la UPR tras un nombramiento del expresidente de esa institución, Miguel Muñoz. Vázquez Cruz presuntamente cargó a la universidad gastos que, en realidad, eran personales en los que incurrió mientras pernoctaba en dos hospederías de la capital durante actividades del programa educativo.

En la pasada vista en diciembre, los fiscales especiales independientes Arill García y Manuel Corrada Núñez confirmaron que los términos negociados para un acuerdo no fueron aceptados por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

Por su parte, Padilla, dijo entonces que una negociación preacordada es una posibilidad que siempre explora con sus clientes una vez ha finalizado el descubrimiento de evidencia. El representante legal de Vázquez Cruz indicó que no pudo ponerse de acuerdo en nada con la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

El DE aprobó el pago de $28.6 millones a la UPR por facturas relacionadas a Crece 21. La UPR facturó $45.3 millones hasta diciembre de 2012 y en 2013 facturó otros $10 millones. La División de Educación Continua y Estudios Profesionales (Decep) de distintos recintos quedaron prácticamente sin fondos por el dinero que invirtió en el proyecto Crece 21 y no se les reembolso.

El DE se quedó sin lograr su meta de certificar maestros en áreas de difícil reclutamiento y la UPR se quedó sin cobrar una cuenta millonaria.

El señalamiento de juicio para este caso lleva corriendo desde el 17 de junio de 2019, pero fue pospuesto en varias ocasiones, las últimas veces para permitir el diálogo entre las partes para intentar un acuerdo.

Por hechos relacionados se declararon culpables el exrector de Arecibo Juan Ramírez Silva, el exrector de Cayey Juan Verona Echegandía y la excoordinadora de Crece 21 Ada Liz López Hernández.


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