La demanda radicada el sábado sostiene que la CFSE no actuó de "buena fe", al otorgar el contrato que privatiza los servicios de farmacia. (GFR Media)

La Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (UECFSE) radicó una demanda en el Tribunal Federal de San Juan para impugnar el contrato de exclusividad que dicha entidad otorgó a la Cooperativa de Farmacias de Puerto Rico (CooPharma), para operar la red de farmacias que ofrece servicios de medicamentos recetados para lesionados que se atienden en la corporación pública.

La demanda radicada el sábado sostiene que la CFSE no actuó de "buena fe", al otorgar el contrato que privatiza los servicios de farmacia. La Unión argumentó que la corporación pública nunca ha explicado su posición respecto a los supuestos problemas económicos de las farmacias de la CFSE e incumplió con su obligación de proporcionar data documentada que respalde la posición, como información financiera. 

El presidente de la Unión de Empleados de CFSE, Francisco Reyes Márquez, sostuvo que había advertido a la administración y de manera pública acerca de las supuestas irregularidades del proceso, pero aseguró que sus denuncias no fueron atendidas.

Asimismo, denunció que, con la llegada de Jesús Rodríguez Rosa como administrador del Fondo a inicios de 2017, se dejaron de hacer nombramientos claves y no se sustituía personal, colocando a las farmacias del FSE en una situación precaria, y creando de esta manera las condiciones para justificar su privatización.  

“La investigación realizada por nuestra Unión encontró que la administración de la Corporación diseñó esta estrategia para privatizar los servicios de farmacia de la agencia en violación a leyes estatales y federales. Radicamos esta demanda para desenmascarar esta parodia y hacer justicia a los trabajadores que han perdido sus empleos y a los lesionados, que serán los más perjudicados por este engaño", dijo Reyes en declaraciones escritas.

"El proceso de contratación para la privatización de las farmacias de la agencia constituye otra señal del germen de la corrupción que arropa a nuestro país y del cual ya no aguantamos más", manifestó. 

La demanda alega violaciones de derechos civiles bajo las constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos y violación a la cláusula de comercio interestatal. Pide, entre otros remedios, que se expida un interdicto preliminar y permanente para que la CFSE provea toda la información que la corporación pública se ha negado dar sobre CooPharma.

Según la denuncia, la CFSE diseñó una "estrategia de contratación exclusiva" para privatizar los servicios de farmacia de la agencia.

También se señala que la CFSE se negó presuntamente a discutir o negociar los cambios de personal de farmacia cubierto por el convenio colectivo y tomó represalias contra la Unión y sus representados, que denunciaron las irregularidades.

La demanda incluye al administrador de la CFSE, Jesús Rodríguez Rosa; así como el presidente de la Junta de Directores el Comisionado de Seguros Javier Rivera Ríos; el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado; la secretaria del Departamento del Trabajo, Briseida Torres; y la representante de los empleados ante la Junta, Noema Giralt Armada, entre otros; todos en su carácter oficial y personal. 

El acuerdo mediante el cual la CFSE cerraría sus doce farmacias y traspasaría la operación a Coopharma fue anunciado en mayo de 2019 por el entonces gobernador Ricardo Rosselló, aunque el proceso comenzó en marzo de 2018, cuando se emitió el “Aviso de Subasta RFP 2018-03 por invitación”.

De acuerdo con la Unión, en lugar de abrir una subasta para que otras empresas o grupos de farmacias de la comunidad sometieran sus propuestas, el aviso describía la intención de la CFSE de contratar a CooPharma.

Las “condiciones especiales” del RFP 2018-03 establecían que la Corporación decidió usar el proceso de requerimiento de propuesta económica directa y exclusivamente a CooPharma amparándose en dos leyes del cooperativismo (Ley 239 de 2004 y Ley 247 de 2008). El 10 de diciembre de 2018 la Junta de Subastas recomendó el contrato a la red de Coop. Farmacias Puertorriqueñas “en su totalidad”.

El presupuesto aprobado para la propuesta fue de $7.5 millones anuales hasta el año 2022-23, para un total de $37.5 en cinco años.

La CFSE emitió el Aviso de Adjudicación al día siguiente, el 12 de diciembre de 2018, y el 23- de enero de 2019 la Junta de Directores de la CFSE declaró una “emergencia” y otorgó el contrato mediante esa vía, denunció la Unión.

El sindicato de empleados sostuvo que no se le proveyó un memorando que justificara una emergencia, lo cual presuntamente viola la sección 9.5 del Reglamento de Compras de la Corporación. El contrato también se refiere a un análisis financiero y operacional que, según la Unión, no consta en los expedientes.


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