El juez Gelpí ordenó que José Luis Vaello Madero no tiene que devolver los $28,000 que recibió en mensualidades después de que se mudó en el 2013 de Nueva York a Loíza, por concepto del SSI. (GFR Media) (semisquare-x3)
El juez Gelpí ordenó que José Luis Vaello Madero no tiene que devolver los $28,000 que recibió en mensualidades después de que se mudó en el 2013 de Nueva York a Loíza, por concepto del SSI. (GFR Media)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó esta tarde al Tribunal Federal en San Juan que apelará la decisión del juez Gustavo Gelpí, que resolvió que un residente de la isla no tenía que devolver el dinero recibido del Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas inglés) mientras vivía en Loíza.

“Favor de tomar nota de que el demandante, Estados Unidos de América, apela al Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones de Estados Unidos la opinión y orden” del pasado 4 de febrero, incluyendo “todas las decisiones subyacentes en las que la resolución se basó”, indica la moción sometida hoy por Joseph Hunt, procurador general del gobierno federal.

Con la apelación, el Circuito de Apelaciones evaluará los argumentos que acogió el juez Gelpí en su resolución, en la que se plantea un discrimen contra los residentes de Puerto Rico.

Gelpí ordenó que José Luis Vaello Madero no tiene que devolver los $28,000 que recibió en mensualidades después de que se mudó en el 2013 de Nueva York a Loíza, por concepto del SSI, cuyo beneficio solamente aplica a los residentes de los estados de Estados Unidos, Washington DC y las Islas Marianas del Norte.

El SSI es un programa adicional al beneficio del Seguro Social que se conoce en Puerto Rico y que da ayuda económica a personas con discapacidad y que son de bajo o ningún ingreso.

El Congreso legisló que no aplicaba a residentes de varios territorios, incluyendo a Puerto Rico.

Durante el caso, los abogados de Estados Unidos defendieron la exclusión por los poderes que le confiere la Cláusula Territorial a Congreso y porque el SSI se nutre de las contribuciones sobre ingreso federal que no se pagan en la isla.

En su orden, el juez federal acogió la sentencia sumaria solicitada por Vaello Madero, quien alegaba que se le habían violado sus derechos constitucionales.

En relación a la cláusula de los poderes del Congreso sobre los territorios, el juez expuso que “no es una carta blanca para encender y apagar a conveniencia los derechos fundamentales constitucionales del Debido Proceso e Igual Protección que disfruta un ciudadano de Estados Unidos que se muda de un estado a Puerto Rico”.

“El Congreso tampoco puede degradar ni marcar a esos ciudadanos de Estados Unidos mientras están en Puerto Rico con un estigma de ciudadanía inferior a la de sus hermanos a nivel nacional”, expresó Gelpí en la opinión que acompañó la orden.

“Sostener lo contrario sería estar en conflicto con el principio sacrosanto contenido en la Declaración de Independencia de que ‘Todos los Hombres son Creados Iguales’”, abundó.

Pero, consciente de que no puede revocar decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que en 1978 y 1980 mantuvo la exclusión del SSI, Gelpí planteó que era necesario analizar la situación de acuerdo con casos más recientes de esa misma corte.

En ese sentido, indicó que el tribunal “no puede cegarse al status quo de 1980” y comparó la necesidad de cambios de la misma forma que el Supremo de Estados Unidos derogó decisiones que había tomado en el pasado, como la que sostenía la segregación racial.

Gelpí señaló que a la luz de la decisión del Supremo federal, que permitió los matrimonios del mismo sexo, “negar los beneficios por discapacidad del SSI a los ciudadanos en Puerto Rico es inconstitucional como ‘una privación de la libertad de la persona protegida por la Quinta Enmienda de la Constitución’”.

“Es una violación de principios básicos de debido proceso, a infligir ‘lesión e indignidad’ de una forma que niega ‘una parte esencial de la libertad protegida por la Quinta Enmienda”, afirmó Gelpí.

A la vez que reconoció que el Congreso necesita trazar una línea al pasar legislación social y económica, aseveró que eso “nunca es una razón válida para un trato dispar de los derechos fundamentales de los ciudadanos de Estados Unidos”.

“Está entre las responsabilidades de los tribunales proteger estos derechos que las otras ramas (de gobierno) no lo hacen”, manifestó.

“Todos los ciudadanos de Estados Unidos deben confiar que sus derechos fundamentales constitucionales estarán seguros en cualquier lugar de la nación, sea un estado o un territorio”, afirmó.

La orden de Gelpí no tenía otro impacto que no fuera evitar que Vaello Madero devolviera los $28,000, pues no implicaba cambios de elegibilidad para todos los residentes de la isla.

En ese momento, varios abogados constitucionalistas indicaron que un cambio de elegibilidad podría suceder en caso de que la orden fuera sostenida por un tribunal de mayor jerarquía.

“Seguirá habiendo el discrimen hasta que se cambie la ley o que pase algo en una apelación, y que el Supremo de Estados Unidos revoque los casos previos”, dijo en aquel momento el abogado constitucionalista Carlos Ramos González.

“De otro lado, sí puede tener el efecto de reforzar los argumentos que hay en otros casos similares”, agregó.

En efecto hay otros casos. En uno de ellos, en marzo el juez federal William Young denegó una moción para desestimar una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por discrimen contra los residentes de la Isla por no permitir que sean elegibles al SSI, al Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP) ni a subsidios de la parte D de Medicare.

Young, quien es un “juez visitante” del tribunal de distrito de Massachussets, resolvió que “la moción se desestima”, por lo que pautó preliminarmente el juicio para abril de 2020.

“El caso es significativo… Entiendo que este tribunal tiene jurisdicción, que los demandantes tienen standing y que hay causa de acción”, afirmó Young.

En ambos casos, representa al Departamento de Justicia federal el abogado Daniel Riess.


💬Ver 0 comentarios