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La falta de acceso a la justicia preocupa al juez Luis F. Estrella (horizontal-x3)
Luis F. Estrella publicó un libro titulado "Acceso a la Justicia: Derecho Humano Fundamental". (Xavier J. Araújo Berríos)

Un hombre es acusado de un crimen. De su lado están su abogado, los derechos que cobijan a los acusados y, quizás, la verdad. Del otro lado están el Estado y todos sus policías, investigadores, fiscales, expertos y laboratorios.

A pesar de lo desigual que a simple vista puede parecer la disputa, si el hombre tiene recursos y educación, puede plantear una defensa adecuada. Pero si es pobre y desconoce sus derechos, en algún momento puede que no le sea posible ya costear representación legal y sin duda le faltarán los recursos para disputar los hallazgos científicos o periciales que el Estado presente en su contra.

Una empresa millonaria quiere construir un desarrollo junto a una comunidad pobre. La comunidad cree que el desarrollo afectará, por ejemplo, algún recurso natural vital.

La empresa tiene a su disposición ejércitos de expertos, cabilderos y abogados que le guiarán por los laberintos burocráticos que le permitirán conseguir los permisos, los científicos que disputarán cualquier argumento que se les presente en contra y los letrados para defender sus puntos en cualquier tribunal.  La comunidad solo se tiene a ella misma.

El hombre y las comunidades pobres representan dos manifestaciones de una horrible mancha en el rostro de la sociedad boricua:  el difícil acceso a la justicia que tienen los sectores  de menos educación y recursos. Aunque se supone que la justicia es ciega, llevar casos a los tribunales, defenderse o demandar cuesta dinero y esfuerzos que no todos tienen.

Ese tema angustia al juez asociado del Tribunal Supremo Luis F. Estrella, quien a pesar de que desde el 2011 ocupa un curul en el máximo foro judicial del país no ha olvidado que fue criado por una madre soltera, que trabajó de empacador en supermercados desde los 14 años y que ha tenido familiares presos. Sabe, porque lo ha visto con sus propios ojos, de lo difícil que es para los menos afortunados conseguir aquí justicia.

Partiendo de esta preocupación, Estrella, largo y alto y quien a sus 45 años mantiene el semblante  de un muchacho estofón, publica  el libro ‘Acceso a la Justicia: Derecho Humano Fundamental’, con el que quiere motivar a la institucionalidad a que desarrolle políticas  que conviertan el acceso a la justicia en un derecho como la  educación y la salud.

En el libro, que será presentado el  27 de enero en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Estrella plantea que la falta de acceso a la justicia no es solo contar con abogado y que hacen falta muchos más cambios para asegurarse de que todos seamos iguales ante la ley.

¿Se puede considerar que en Puerto Rico hay acceso a la justicia?

En Puerto Rico tenemos unas herramientas y hemos recorrido un gran trecho en cuanto a acceso a la justicia en comparación con otras jurisdicciones.  Pero nos resta un camino. La visión que quiero transformar es no ver el acceso a la justicia solo en el ámbito de los tribunales. El problema de acceso a la justicia es que la Asamblea Legislativa no apruebe una ley. Un ejemplo de una barrera por omisión es la falta de una legislación hoy en día integral de acceso a la información. En la Rama Ejecutiva también tenemos que cuestionarnos la finalidad hoy día de las agencias en tiempos de crisis. ¿Realmente las agencias son ese organismo flexible para brindarle agilidad al ciudadano para que pueda reclamar, por ejemplo, contra un mecánico? ¿Es fácil la litigación en DACO?

¿Cuál es el obstáculo principal que tiene un ciudadano común para obtener justicia?

El enfoque que yo doy en el libro va dirigido no solamente al ciudadano, sino también que aborda unos problemas de Puerto Rico como sociedad. Por ejemplo, antes de atender qué obstáculo tiene un ciudadano particular, me pregunto qué obstáculos tiene nuestra sociedad. De entrada, hay un problema de desigualdad, hay un problema de no controlar algunos de los recursos principales de nuestra propia isla.

¿Qué quiere decir con no controlar recursos de nuestra propia Isla?

Hay muchos recursos naturales que nosotros no tenemos el control y están bajo un gobierno federal en una situación colonial.  Haciendo esa aclaración de entrada, el ciudadano ya en Puerto Rico entonces va en una posición de desventaja. En el plano de la litigación no es meramente la visión tradicional de la falta de un abogado porque  Servicios Legales, Asistencia Legal, las clínicas de las escuelas de derecho y los tribunales nombrando abogados de oficio aportan a llenar ese vacío. Pero el problema va más allá de un mero abogado. Están los gastos de litigación, de aranceles,  descubrimiento de pruebas,  peritos.

¿Para una persona de recursos es más fácil defenderse que para un pobre en los tribunales?

Es más fácil en muchas instancias. Pueden haber ciudadanos que tengan preocupaciones ambientales o de política pública, pero para ellos por sí solos, ese interés no es lo suficiente. Los sectores que tienen interés en adelantar una causa económica, lo cual es válido, están en una mejor posición. Tienen unos recursos  para inclusive poder durar el tiempo que pueda estarse ventilando un caso, vis a vis el ciudadano promedio, que entonces necesita un remedio específico y no tiene ese tiempo.

¿Están cargados los dados por consideraciones económicas?

Yo creo que no se trata de que los dados estén cargados, sino que se trata de una realidad operacional. Hay una responsabilidad, no solamente de los jueces sino también de la clase de la abogacía y de las ramas políticas. Hay que invertir en la rama judicial y no lo podemos ver como un gasto abstracto. El acceso es, a mi juicio, la llave que abre las puertas a otros derechos constitucionales en losque sí invertimos dinero, como la educación, la salud, el voto, entre muchas otras garantías.  El deber del juez es saber equiparar las diferencias, saber cuando un litigante indigente, un confinado por ejemplo, necesita que el juez sea más activo para equiparar la diferencia. De lo contrario, la igualdad sería una palabra escrita en piedra.

¿Un juez que haga eso no está asumiendo un bando?

No. Le voy a dar un ejemplo: los confinados no pueden salir a la calle a emplazar al Estado.  Yo no puedo tratar a un confinado de la misma manera que trato a un ciudadano que tiene representación legal. 

Un confinado es un caso especial. ¿Pero si un juez tiene de frente a una persona sin educación y sin recursos, y se da cuenta de que no tiene la mejor representación, puede intervenir?

A mi juicio sí, pero  admito que va a depender de la metodología adjudicativa y de cómo uno visualiza  la toga. Yo visualizo mi rol como velar porque se cumpla el derecho.

¿Qué experiencias de su vida le hicieron a usted tener interés en este tema de acceso a la justicia?

Siempre uno carga con sus vivencias cuando va a ejercer un rol. Te mentiría si te dijera que no. Yo vengo de una familia humilde. Mi mamá y mi abuela me criaron. Yo sé lo que es trabajar desde los 14 años de "bagger". Sé lo que es tener familiares confinados. Esas vivencias yo las conozco de primera mano. No tengo que verlas en un expediente frío. Hay unas cosas que no se pueden aprender en una academia judicial. Una de ellas es la sensibilidad y la capacidad de poder equiparar esas diferencias que hay en nuestra sociedad. 

¿Cuáles son las injusticias más comunes por causa de que los ciudadanos no tengan recursos para acceder a los tribunales o a los foros administrativos?

Empezamos desde los menores, en acceso a la información. Nosotros tenemos que brindarles unas herramientas a esos jóvenes de cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Creo que eso es parte de lo que hay que reformular en los currículos.  Pienso que hay unas limitaciones que son producto de la situación económica que vivimos. Por ejemplo, hay unos retos de representación legal en casos civiles. Apenas se puede cubrir la representación legal en casos criminales, pero hay unos retos en casos civiles, porque algunos conllevan cárcel.   Por dar un ejemplo, un padre o madre que debe pensión alimentaria debemos cuestionarnos si la salida es recluirlo en una institución, o si debe haber otra herramienta, como campamentos para recogido de café. Está todo ligado, no es meramente 'esta es mi responsabilidad como juez', sino que tiene que haber una planificación integral entre las tres ramas de gobierno si de verdad queremos trabajar con el acceso a la justicia. Tiene que haber una declaración de política pública real. Aquí no tenemos una ley que declare como política pública que el acceso a la justicia es un derecho fundamental.

¿Cuáles son las soluciones?

Primero, que nos atrevamos a señalar las barreras en cada una de las ramas. Que tomemos en cuenta la importancia del acceso a la información.  Lo que tenemos disponible ahora mismo para accesar información pública es el mecanismo de mandamus  y eso es un recurso bien costoso y es discrecional.  

Usted dice que algunos recursos de Puerto Rico no están bajo nuestro control porque hay una relación colonial. ¿Ahí no está usted entrando en política?

Lo que pasa es que si yo voy a hablar de acceso a la justicia y voy a reconocer que el acceso a la justicia es una garantía de igualdad,  no tendría mucha vigencia un libro en el que yo no reconozca que hay un problema de desigualdad en Puerto Rico.

En este momento tan crítico en que está Puerto Rico, ¿qué le preocupa a usted que se pueda perder en todo este proceso?

Creo que lo importante es proveer unas soluciones a tono con la realidad fiscal. No basta meramente con criticar y pedir dinero. Hay que aportar unas soluciones y que la soga no parta por lo más fino. Si tienen que sacrificarse algunos sectores, pues mira también tienen que sacrificarse, como por ejemplo los grandes arrendadores de los centros judiciales aquí en la Rama Judicial.


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