Ayer representantes del gobierno, de la Junta de Supervisión Fiscal, bonistas y ciudadanos presentaron sus argumentos. (semisquare-x3)
Ayer representantes del gobierno, de la Junta de Supervisión Fiscal, bonistas y ciudadanos presentaron sus argumentos. (Ramón “Tonito” Zayas)

Tras concluir una jornada de dos días, la jueza Laura Taylor Swain, se reservó el fallo en torno a la estipulación sobre la distribución del IVU y la confirmación del plan de ajuste de la Corporación del Fondo Interés Apremiante (Cofina).

Luego de escuchar a los ciudadanos Rafaela Esteves, José Torres Asencio y Nicole Rodríguez, quienes insistieron en que el plan de Cofina solo traerá más vicisitudes a los puertorriqueños, el representante independiente Manuel Natal Albelo instó a Swain a no aprobar el plan hasta que se atienda una demanda radicada por él y que busca demostrar que el año pasado, la asamblea legislativa aprobó la ley de los nuevos bonos Cofina sin cumplir con los procesos requeridos.

La demanda fue removida por la JSF del foro estatal bajo el argumento de suspensión de litigios provisto en Promesa y al hacerlo, el ente fiscal admitió que el litigio incidiría directamente en la suerte del plan Cofina.

Empero, antes de los señalamientos de Natal, y justo al inicio del segundo día de audiencias para la confirmación del plan Cofina bajo el Título III de Promesa, Swain señaló que tenía varias preguntas y que la documentación presentada por la JSF no había documentación ni evidencias que justificaran el alcance de la orden que serviría para dar paso al plan.

Durante la vista y luego del revés del día anterior, el abogado de la Unión de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Rolando Emmanuelli, instó a la jueza Swain a que a la hora de mirar la estipulación y la evidencia a favor en el plan de ajuste de Cofina considerara que en los argumentos de la JSF y el gobierno no había una sola pieza de evidencia científica que respalde la razonabilidad de la propuesta. Durante el primer día de la audiencia, Swain no dio paso a un pedido para que la Utier interveniera en el proceso, lo que habría abierto la puerta a un estudio del economista José Alameda y que plantea que el plan Cofina no es factible.

Susheel Kirpalani, abogado de la Coalición Cofina Senior, dijo a Swain que la sección 305 de Promesa le autoriza a aprobar el plan Cofina porque dicha sección permite alterar la propiedad del gobierno puertorriqueño, en este caso el uso de los recaudos del IVU, si la JSF da su visto bueno.

Empero, Swain quiso obtener más claridad en el tema y por ello, pidió a la JSF y la Aafaf que no más tarde del lunes próximo presenten una moción suplementaria en la que expliquen los señalamientos en sala.

Los casos de Título III continuarán su curso en la audiencia general del próximo 30 de enero.

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