En su moción ante el Supremo federal, los demandantes alegan que la "decisión de la Iglesia de cancelar abruptamente" sus pensiones "ha forzado a muchos de ellos a estrecheces desesperadas". (GFR Media)

Los maestros que demandaron a la Iglesia católica en Puerto Rico por sus pensiones, le hicieron frente a una recomendación del gobierno de Estados Unidos ante el Tribunal Supremo federal.

En una moción ante el máximo foro judicial de Estados Unidos, los abogados de los maestros señalaron que el gobierno federal no solo se equivocó al sugerir que revierta la decisión emitida por el Supremo de Puerto Rico en contra de la Iglesia Católica, sino que también "siembra confusión significativa".

Mientras, como era de esperarse, la Iglesia contestó apoyando la posición del gobierno federal.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos pautó una conferencia sobre el caso para el 10 de enero, aunque es común que esas citas se pospongan.

Tras recibir una invitación para expresarse sobre la controversia, el procurador general de Estados Unidos, Noel Francisco, recomendó al Supremo federal que deje sin efecto la decisión del Supremo estatal, y lo devuelva al Tribunal de Primera Instancia, o que al menos acoja el caso para revisión.

De esa manera, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump favoreció que se revierta el fallo de los tribunales de Puerto Rico que resolvieron que todas las diócesis y parroquias son entidades de una sola Iglesia católica en Puerto Rico, por lo que todas tienen que responder por la deuda de las pensiones de los maestros.

Al contestarle al gobierno federal, los abogados de los maestros defendieron la decisión del Tribunal Supremo de la Isla indicando que "es una aplicación directa de las reglas de incorporación neutrales bajo las leyes de Puerto Rico".

Recalcó que solamente la "Iglesia católica en Puerto Rico" cuenta con una incorporación legal a nivel de toda la Isla, mientras que las diócesis pudieron haberlo hecho por separado, "como la gran mayoría de las iglesias han hecho en Estados Unidos".

"Entonces, la petición (del gobierno federal) se apoya completamente en una premisa equivocada: que el Tribunal Supremo de Puerto Rico 'interfirió con asuntos internos de la estructura de la iglesia'. No lo hizo", plantea la moción de los maestros.

Añadió que el Supremo de Puerto Rico "hizo claro que nada en su opinión controla 'cómo (la Iglesia) puede escoger' organizarse internamente".

"Todo lo contrario, explicó el Tribunal, si los demandados creen que el estado corporativo civil de la Iglesia ya no se alinea con su estructura organizacional, son libres - como cualquier otro negocio, sin fines de lucro o entidad religiosa - a resolver la discrepancia al 'someterse al proceso de incorporación ordinario bajo la ley local", señaló.

Los abogados le expresan al Supremo federal cómo el procurador general sugiere acoger la apelación de la Iglesia pese a que en su moción plantea que los demandantes no presentaron una controversia que pueda atender ese foro judicial.

Además, resaltaron que "hay razones especialmente irresistibles para negar la revisión".

Expresa que los demandantes "son maestros retirados que dedicaron sus carreras a educar a los niños de las escuelas católicas. Como suplemento a sus salarios modestos, fueron prometidos contractualmente beneficios de pensión vitalicia y dependieron de esos beneficios al planificar su retiro".

"La decisión de la Iglesia de cancelar abruptamente esos beneficios hace tres años ha forzado a muchos de ellos a estrecheces desesperadas, sin poder 'pagar los deducibles costosos para sus... medicamentos' o 'enfrentar ejecución hipotecaria' de sus casas", expone la moción.

"El Tribunal (Supremo federal) debe denegar la petición para que finalmente sean adjudicados sus derechos contractuales para sus pensiones dolorosamente necesitadas", afirmó.

Reacciona la Iglesia

Por su parte, la Iglesia católica reaccionó ante el Supremo federal reiterando que la decisión de los tribunales estatales está "acribillada con violaciones de la Primera Enmienda" que surgen de una "sobre-lectura" de una decisión previa del máximo foro judicial de Estados Unidos de 1908.

Reclamó la intervención de ese tribunal para arreglar "el estado inconstitucional de los asuntos que ha creado la decisión".

"La continua depravación de libertad religiosa no es una abstracción. Esta decisión está paralizando cada entidad católica (y solo entidades católicas en la isla a diario", manifestó.

"Este tribunal debe aprobar certiorari ahora para remediar esta continua violación constitucional y proveerle un muy necesitado alivio significativo a las numerosas entidades católicas en Puerto Rico que han estado sufriendo bajo la decisión por más de un año y medio", señaló.


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