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El Capitolio de Puerto Rico. (GFR Media)

El caso por alegada corrupción de $2.9 millones en la Superintendencia del Capitolio estará paralizado hasta finales de abril, luego que la defensa de uno de los acusados informó en sala que apelará una decisión de la jueza Wanda Cruz Ayala.

En la continuación del juicio en su fondo, celebrado el 4 de febrero, la jueza declaró no ha lugar las mociones de desestimación del caso por violación al debido proceso de ley y descalificación de la fiscal Wilda Nin Pacheco. Ambas mociones fueron presentadas por el abogado Carlos Sagardía Abreu en representación del ex gerente de proyectos de construcción de la Superintendencia, Alex Martínez Morales.  

“El caso está paralizado por estipulación de las partes para que el señor Martínez, que es mi cliente, pueda ejercer su derecho de recurrir al Tribunal de Apelaciones”, confirmó Sagardía Abreu. El abogado tiene un mes para presentar el recurso.

Martínez Morales había presentado una queja ética ante el Tribunal Supremo, donde alegaba que Nin Pacheco violó cánones éticos al ocultar un documento que entendía constituía prueba favorable. Se trata de una carta del director de la división de Recursos Humanos de la Superintendencia del Capitolio, José Figueroa Torres, en la que este opinó que la firma del acusado, en la hoja de deberes, data de un momento en el que este no trabajaba de manera oficial en esa agencia.

La jueza reiteró su determinación de que no se había violado el debido proceso, pues “la no entrega del documento a la defensa no fue una de mala fe por parte del Ministerio Público”, según la minuta resolución.  Cruz Ayala agregó que “no se trajo a consideración que hubo un perjuicio a la defensa”.  

Sagardía Abreu dijo en sala que se trataba de un “mecanismo profiláctico” para evitar la apariencia de conflictos, según la minuta.

Esta controversia comenzó luego de que -en 2017- se le filtró a la defensa el documento, que alegaron constituía prueba exculpatoria.  

Sagardía Abreu pidió la desestimación del caso, en agosto de 2017, pero el tribunal declaró No ha lugar. La insistencia reciente de la defensa surgió luego de que el procurador general, Isaías Sánchez Báez, recomendó al Supremo que censure a la fiscal.

Nin Pacheco estuvo investigando el alegado esquema de corrupción en la Superintendencia desde 2014, por lo que su descalificación pudiera afectar el caso.  

El abogado José Antonio Virella, quien representa a la fiscal Nin Pacheco con relación a las quejas presentadas por un acusado, opinó que el documento en cuestión “es por su naturaleza una mera hoja de trámite con una opinión inadmisible en evidencia”. Explicó que por no ser evidencia no había un deber de entregarlo como parte del descubrimiento de prueba. “Para decirle a más, eso es lo mismo que un amigo de un acusado le escriba al fiscal una carta. Eso es una opinión favorable al acusado, pero el fiscal no viene obligado a notificarle a la defensa que recibió esa comunicación de alguien que no es testigo en el caso y que lo que está expresando es una opinión que es la conclusión a la que tiene que llegar el juez”, comentó a este diario.

Virella observó, además, que el hecho de que la defensa haya “dado a la luz” porciones del informe del procurador general, como parte de sus argumentos en el caso criminal, “es una situación anómala” porque se supone que no se haga público ese procedimiento hasta tanto termine.


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