La jueza Carmen L. Otero Ferreiras pautó hoy, martes, para el 3 de junio el inicio del juicio contra Gabriel Hernández Jiménez.

La jueza Carmen L. Otero Ferreiras pautó hoy, martes, para el 3 de junio el inicio del juicio contra el policía Gabriel Hernández Jiménez, a quien se le imputa restringirle la libertad a un empleado de mantenimiento de la Cooperativa Caribe Federal, en Guaynabo, en hechos ocurridos el pasado 2 de enero.

El juicio continuaría los días 4, 10 y 11 de junio en el Centro Judicial de Bayamón ante la jueza Nerisvel Durán. Representan al Estado los fiscales Michelle Colón García e Iván Rivera Labrador.

Abraham Freyre Rivera, Irving Sierra Torres y Yosu Amorrortu Pagán representan al acusado, quien se expone a una pena carcelaria de ocho años por los delitos graves de restricción a la libertad y violación a la Ley de Armas (por apuntar con su arma de fuego). Con agravantes, la pena podría aumentar a 10 años.

Durante la vista de lectura de acusación de esta mañana, se dilucidó una controversia de derecho que emanaba de la vista de causa para arresto del 28 de enero, cuando Otero Ferreiras encontró causa por el inciso A del artículo 156 de Restricción a la Libertad, pero no por el inciso C, que está vinculado al hecho que Hernández Jiménez, suspendido sumariamente de la Policía, cometió el acto empleando su autoridad como agente del orden público. Los fiscales insistían en que se había encontrado causa por ambos incisos, pero se aclaró en sala que solo fue por el inciso A (mediante violencia, intimidación, fraude o engaño).

Al salir de sala, Colón García insistió que no se debe perder de perspectiva que, por encima del hecho de que un policía cometió el delito, pues también hay una víctima que tiene que ser tomada en consideración.

“No se le ha prestado atención contra quién se cometió el delito. Pedro Vázquez fue la víctima y estuvo más de tres horas sujeto a la restricción de su libertad a punta de pistola. Es un padre de cuatro hijos y estamos luchando para hacerle justicia a esa víctima”, dijo Colón García al sostener que el Ministerio Público cuenta con la evidencia, incluidos vídeos de seguridad, para probar los cargos.

Vázquez laboraba como empleado de mantenimiento de la cooperativa.

El Ministerio Público inicialmente radicó cargos por la conducta de Hernández Jiménez contra otras personas en la cooperativa, pero no se encontró causa para arresto en esos casos.

“Si el Estado no tiene la prueba, no presenta el caso. La prueba es totalmente clara”, dijo Colón García.

Al momento de los hechos, trascendió que Hernández Jiménez, quien estuvo en sala acompañado por su madre, había cometido los actos para “enviar un mensaje”, pero decidió guardar silencio ante los fiscales, por lo que no se le tomó una declaración jurada.

Esta mañana, guardó silencio ante un acercamiento de El Nuevo Día.

En entrevista por separado, Freyre Rivera dijo que la prueba presentada por la Fiscalía en la vista de causa para arresto fue “flaca y descarnada”.

“Ciertamente, presentaremos una defensa afirmativa mediante peritos que fueron contratados”, dijo.

“¿Para demostrar qué?”, se le preguntó.

“Probar incapacidad mental”, respondió.

En sala, Freyre Rivera consignó que la defensa había contratado una siquiatra para que evaluara a su cliente. Como parte del descubrimiento de prueba, la defensa tendrá acceso al expediente de recursos humanos de la Policía.

El día en que ocurrieron los hechos, Hernández Jiménez se reincorporaba a sus labores tras haberse ausentado por enfermedad desde el 25 de diciembre.

“Se han hecho unas imputaciones. Hemos visto parte de la prueba y no le hacen honor a la verdad en cuanto a las imputaciones que se le hacen. El Ministerio Público, antes de someter un caso como este, debió haber investigado más a fondo y hacer otro procedimiento antes de radicar el caso’’, dijo Freyre Rivera.

“Investigar más a fondo el caso y verificar si nuestro cliente poseía o no las destrezas para conducirse en ese momento”, agregó. “Los fiscales no pueden radicar un caso si entienden que la personas no es procesable o imputable. Eso quiere decir que el alegado acto cometido no se comete con intención criminal”.


💬Ver 0 comentarios