Vista del Tribunal Federal. (GFR Media)

La designación de un síndico para velar por los fondos de la División de Servicios a las Personas con Discapacidad Intelectual (DSPDI) se encuentra entre las opciones que evalúa el juez federal Gustavo Gelpí, luego de que presuntamente la oficina adscrita al Departamento de Salud (DS) incumpliera durante años con órdenes del Tribunal.

“El Tribunal ha emitido órdenes claras durante más de una década ordenando al ELA (Estado Libre Asociado) que mantenga el presupuesto del DSPDI para mantener los servicios a los participantes vulnerables con discapacidades de desarrollo”, argumentó el abogado del Departamento de Justicia federal, Richard Fajardo, en una moción radicada este jueves ante el Tribunal.

No obstante, en los últimos cuatro años fiscales, la DSPDI no ha utilizado cerca de $20 millones asignados a servicios a los participantes de dicha entidad, lo cual ha tenido un efecto “desastroso” en el cumplimiento del gobierno estatal respecto a las órdenes emitidas por la Corte.

Según la moción, respecto al año fiscal 2015-2016, la DSPDI admitió que debido a que no utilizó unos $5.3 millones que tenía en su presupuesto, no pudo implementar varios proyectos para ayudar y servir a las personas con discapacidades intelectual, incluyendo “telemedicina, digitalización de registros clínicos y administrativos, reclutamiento de intercesores sociales y quizás lo más importante, continuación con la desinstitucionalización de los participantes".

Asimismo, en el año fiscal 2016-2017, el DSPDI tampoco utilizó un total de $5,121,543. La moción sostiene que la División adjudicó la responsabilidad de la no utilización de los fondos al Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y una ley que requirió la reducción de los gastos operacionales y recortes en las compras

La situación se repitió en el año fiscal 2017-2018, con un total de $5,235,942 no utilizados, a pesar de que la cifra estaba incluida en su presupuesto. De acuerdo con la moción, la DSPDI informó que la OGP "no aprobó varias peticiones que fueron presentadas", lo que provocó que “el dinero reservado para esos fines tuviera que ser devuelto al Fondo General". La transferencia de los fondos no utilizados, según la moción, perjudicó el servicio a los participantes y la "contratación de personal".

El patrón continuó en el año fiscal 2018-2019, con $3,984,907 no utilizados por la DSPDI. “Como resultado de fallas en la ejecución, la DSPDI no pudo abrir al menos dos hogares comunitarios, no pudo expandir un programa diario y no pudo reclutar personal, lo que significa que el dinero no se gastó y luego regresó al Fondo General”, sostuvo Fajardo.

El abogado reiteró que el Tribunal ya ha enfatizado la importancia de utilizar el presupuesto completo del programa. De hecho, argumentó que desde el año 2007 la Corte ha abordado el tema de la utilización total de los fondos presupuestados para la DSPDI.

En una orden el 8 de agosto de 2019, la Corte enfatizó que el ELA "no tiene la discreción de perjudicar los recursos asignados por la Corte dentro de la DSPDI destinados a proteger y mejorar el bienestar de la población” que recibe los servicios.

El Tribunal también ordenó al Estado que presentara una declaración explicando por qué el presupuesto asignado para la DSPDI no se había utilizado en su totalidad durante los pasados anos fiscales.

Según la moción de Justicia federal, el ELA no solo ofreció una respuesta “vaga”, sino que no dice qué medidas adicionales se pueden tomar para evitar que la situación no vuelva a suceder.

La Corte también advirtió en una orden el 22 de abril de 2019 que "cualquier reducción en el presupuesto DSPDI en última instancia causaría la interrupción de los servicios críticos, poniendo en peligro la salud, la seguridad y el bienestar de los participantes que son personas vulnerables con discapacidades".

El juez Gelpí dio al gobierno local hasta el 18 de octubre para responder a la moción. El caso en relación con estas mociones se remonta al año 1999.


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