Las organizaciones, unas con base en los Estados Unidos y otras en Puerto Rico, denunciaron que el acuerdo permita echar a un lado la impugnación de $6,000 millones de deuda. (EFE / Michael Reynolds)

Washington - Más de 50 organizaciones exhortaron al Congreso a intervenir y frenar el acuerdo de reestructuración de la deuda de obligaciones generales, que consideran potenciará otro proceso de bancarrota en Puerto Rico en unos años.

Las organizaciones, unas con base en los Estados Unidos y otras en Puerto Rico, denunciaron que el acuerdo permita echar a un lado la impugnación de $6,000 millones de deuda que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) determinó que se emitió ilegalmente y permita a acreedores recobrar gran parte de su inversión o en el caso de los fondos de cobertura ganancias excesivas.

Los grupos que firman la petición al Congreso - en reclamo de que ejerza sus poderes de supervisión sobre la JSF, que controla las finanzas públicas de la Isla-, incluyen al Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), Vamos4PuertoRico, Ayuda Legal Puerto Rico, Boricuas Unidos en la Diáspora, Hedge Clippers, Latino Justice y Diáspora en Resistencia.

También la firman Alianza por Puerto Rico-Massachusetts, la Federación de Maestros de Puerto Rico, el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, Our Revolution, National Puerto Rican Agenda y Power4PuertoRico, entre otros.

“La afirmación de la Junta de que lograron un recorte del 70% en la deuda es extremadamente engañosa. Nuestro análisis apunta a recortes a los tenedores de bonos con un promedio del 27%, con una carga indebida para los contribuyentes de Puerto Rico y la economía local durante la vida de estos bonos insostenibles”, indicaron las organizaciones en su carta a los miembros del Congreso.

Agregaron que “las partes que fueron excluidas de las negociaciones quedarían esencialmente sin nada”.

“Los trabajadores y jubilados del sector público con reclamos legales contra el Gobierno, los contratistas locales del sector privado, pequeños y medianos, y los vendedores gubernamentales con miles de millones en cuentas por cobrar vencidas y los demandantes por violación de derechos civiles que han recibido sentencias dictadas contra el Gobierno, están entre los acreedores más afectados por este acuerdo”, señalaron.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced ha rechazado el acuerdo, sin quejarse del porcentaje de recorte de la deuda, sino por no suavizar la reducción en los beneficios de los pensionados.


💬Ver 0 comentarios