Imagen de la jueza Laura Taylor Swain. (GFR Media)

La jueza de distrito Laura Taylor Swain decidió este jueves dar paso a la demanda de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que busca anular la Ley 29 de este año y que liberó a los municipios del pago de las aportaciones al sistema de pensiones “PayGo” y a la reforma de salud.

Señalando que por segunda vez tenía que decidir si la JSF tiene autoridad o no para limitar las facultades del gobierno territorial en materia de política fiscal, Swain negó a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) el pedido para que se desestimara el litigio incoado por el organismo federal en julio pasado.

Y al hacerlo, Swain concluyó que los argumentos presentados por el gobierno para frenar el litigio de la JSF carecían de lógica y que parece haber evidencia de que la administración de Ricardo Rosselló Nevares, de manera “intencional” y “repetitiva” ha procurado no cumplir con la ley federal Promesa.

Para el gobierno, la Ley 29 es un mecanismo que aliviaría las presiones fiscales de los ayuntamientos al liberarlos de aportar al plan de salud Vital y al sistema de "PayGo".

Pero según la JSF, el estatuto afectaría el erario. Esto, porque en los próximos cinco años, el gobierno central tendría que utilizar sobre $900 millones del Fondo General para pagar las obligaciones de los municipios por estos conceptos.

“Las citas a las opiniones de Rosselló y (en torno al oficial de reestructuración en la Autoridad de Energía Eléctrica) CTO (que fueron incluidas por) los demandados son incompletas en el mejor de los casos y engañosas en el peor de estos”, agregó Swain al denegar la moción de la Aafaf en los ocho reclamos presentados por la JSF.

Con su decisión, Swain -quien preside los casos de Título III- sentó las bases para que la demanda de la JSF en contra del gobierno puertorriqueño en torno a la implementación de Ley 29 siga su curso.

La decisión de Swain se produjo luego de una vista efectuada el pasado 15 de agosto, justo cuando Puerto Rico todavía asimilaba la llegada de Wanda Vázquez Garced a la gobernación. Esto, luego de la renuncia forzada de Rosselló Nevares y el intento fallido del excomisionado residente, Pedro Pierluisi, por ocupar dicho puesto.

“El plan fiscal de 2019 asume además que la asignación de las responsabilidades financieras establecidas en la Ley 106, incluyendo el recibo por parte del gobierno central de los cargos para el pago de pensiones de manos de los municipios continuará en efecto”, subrayó Swain al dejar entrever que el intento por liberar a los ayuntamientos de tal responsabilidad parece no tener espacio en las estrategias fiscales certificadas por la JSF.

Rosselló Nevares aprobó la Ley 29 de 2019 que, a su vez, enmendó la Ley 106 de 2017. Este último estatuto, también firmado por Rosselló Nevares, se adoptó tras la insolvencia de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR). En síntesis, la ley estableció que el Fondo General cubriría las pensiones de unos 167,000 jubilados del gobierno y que cada agencia y municipio separaría una parte de su presupuesto para cubrir las pensiones de quienes eran sus empleados y reembolsarlo al Fondo General.

Desde la perspectiva del exgobernador, la Ley 29 aliviaría a los municipios, pues estos no tienen dinero para pagar las aportaciones al plan de pensiones.

No obstante, según la JSF, la Ley 29 es significativamente contraria al plan fiscal certificado y ante la decisión del exgobernador de implementarla, el organismo fiscal le demandó el pasado 3 de julio.

De entrada, la JSF se quejó ante Swain, alegando que al aprobar la Ley 29, Rosselló Nevares hizo a un lado la Ley 106 de 2017. También alegó que el gobierno no cumple con enviar las leyes aprobadas a la JSF junto a un análisis de impacto fiscal, según requiere la sección 204 de Promesa. La JSF, además, busca dejar sin efecto 23 resoluciones conjuntas que transfirieron fondos no utilizados en presupuestos anteriores para ser gastados en el año fiscal, lo que no está permitido sin su aval.

La Aafaf, por su parte alegó que aunque a la JSF no le gustara el ejercicio que efectuó, el gobierno cumplió con Promesa al presentar el análisis de impacto fiscal de la Ley 29.

“La postura de los demandados (el gobierno) de elevar la forma sobre la sustancia es inútil bajo las circunstancias planteadas en la demanda”, indicó Swain en su fallo.

“Debe asumirse que al construir Promesa, el estatuto que creó la JSF y la estructura del plan fiscal como un mecanismo para remediar el largo trayecto de déficit e irregularidades fiscales, el Congreso esperaba que el gobernador y la entidad territorial relevante cumpliera con lo que manda el estatuto de buena fe”, reza el fallo de Swain.

Así las cosas, Swain concluyó que la JSF presentó argumentos lo suficientemente convincentes como para que se vea un juicio en su fondo sobre la Ley 29 y refirió el caso a la magistrada Judith Dein para el trámite de rigor.


💬Ver 0 comentarios