Los servicios para capacitar a los participantes del programa Tanf fueron privatizados mientras Esteban Pérez Ubieta dirigía la Adsef. (GFR Media)

La ex asesora legal del Departamento de la Familia, Ileana Inserni, declaró ayer que la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) fue lenta y poco diligente en producir los documentos que evidenciaran el proceso seguido, en 2010, para contratar las compañías que trabajarían con el programa Tanf.

Inserni dijo que tuvo que emitir hasta nueve comunicaciones electrónicas para que se le entregara los documentos que solicitaba con el fin de evaluar el proceso de contratación y emitir una recomendación a la entonces secretaria Yanitsia Irrizary.

Casi todas las comunicaciones fueron dirigidas a la administradora auxiliar de operaciones de la Adsef, Elaine Porrata Toro, pero al menos una de ellas fue enviada al administrador Esteban Pérez Ubieta, según declaró la testigo en la vista preliminar contra el funcionario.

Inserni explicó en la sala del juez Rafael Taboas Dávila, en el Centro Judicial de San Juan, que le envió un correo electrónico a Pérez Ubieta “para refrescarle la memoria” a través de un “recuento de lo ocurrido desde que se empezaron a solicitar las propuestas”.

La testigo mencionó que no habló del tema personalmente con Pérez Ubieta ni tampoco le hizo alguna llamada telefónica para hablar sobre lo que provocaba el retraso.

La abogada sostuvo en sala que la contratación de las compañías -que la Adsef llama agencia delegadas- se hizo a través de un proceso de requerimiento de propuestas (RFP, en inglés). Rechazó que el proceso seguido para esta contratación fuera un “procurement”, como preguntó el abogado de defensa Carlos Sagardía Abreu.

Inserni indicó que los requisitos de un RFP son más precisos que los del “procurement”. Insistió en que las guías del gobierno federal para el uso de sus fondos exigen procesos de competencia que sean “libres, abiertos y en igualdad de condiciones”.

A Pérez Ubieta se le imputa haber alterado documentos y procesos para beneficiar con contratos a las empresas Torna Sol y Platinum Advisors Corporation. Ninguna de las dos empresas está imputada de delito.

Torna Sol es una firma representada por Dana Cruz Pérez, exdirectora del Departamento de Desarrollo Económico y Turismo del Municipio de San Juan durante la administración de Jorge Santini. En ese cargo municipal la precedió Diego Robles Cordero quien, luego, fue parte del equipo asesor más cercano de Pérez Ubieta en Adsef.

Platinum es presidida por el exrepresentante novoprogresista Pedro Figueroa Costa.

En una vista anterior, Porrata Toro, quien es testigo de cargo, dijo que falsificó documentos para hacerle creer a Inserni que las propuestas de Platinum y Torna Sol habían llegado a tiempo y cumplido con la evaluación del comité de propuestas.


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