Thomas Rivera Schatz indicó que no tiene un número exacto de cuantas personas se podrían beneficiar de la medida, aunque dijo que la información fue solicitada. (Archivo / GFR Media)

Flanqueado por un grupo de abogados criminalistas, el presidente de la Cámara Alta, Thomas Rivera Schatz, anunció hoy la radicación del Proyecto del Senado 1590, medida que haría retroactiva la determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que declaró inconstitucional las convicciones por jurado que no fueran unánimes.

“¿A cuanta gente queremos tener condenados con un juicio que no se llevó conforme a la ley y al derecho? Yo no quiero tener a ninguno. La pregunta en un país donde la democracia debe regir es: ¿queremos tener a alguien condenado en un proceso que el Tribunal Supremo de Estados Unidos y el de Puerto Rico han dicho que no es conforme a la Constitución? Yo no quiero tener a nadie”, dijo Rivera Schatz, quien adelantó que la medida podría ser aprobada en la sesión de hoy, lunes.

Según la propuesta legislativa, producto del trabajo de un grupo de abogados criminalistas de país, la ley sería retroactiva para aquellos acusados que al 20 de abril de 2020 su sentencia no fuera final y firme, y se encuentren cumpliendo la pena impuesta, así como para los convictos por un jurado en una votación no unánime y que estén cumpliendo pena de reclusión.

En ambas instancias, agrega la medida, la persona podrá presentar ante el Tribunal de Primera Instancia que emitió la sentencia una moción de nuevo juicio al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal de Puerto Rico. “El Tribunal se asegurará que el veredicto que alega el convicto no haya sido unánime, y de así constatarlo, podrá ordenar la celebración de un nuevo juicio”, lee el documento.

La medida establece que la ley no aplicará a aquellos cargos que obtuvieron veredictos unánimes, aunque en otros cargos hayan sido por mayoría. De igual forma, tampoco se podrá adjudicar en las instancias en que los acusados libre y voluntariamente renunciaron a su derecho a juicio por jurado o que se hayan acogido a una alegación pre acordada.

“La posición de la comisión es que es beneficioso para la justicia de este país que esto tenga efecto retroactivo. Creemos que desde el punto de vista de política pública no le debemos negar a nadie que ha sido encontrado culpable, por ejemplo, en una votación de nueve a tres, tener el derecho de un nuevo juicio”, sostuvo el licenciado Harry Padilla, quien formó parte del grupo de abogados que discutió la propuesta.

El abogado criminalista detalló que la medida enmienda las Reglas de Procedimiento Criminal 112, 145, 146 y 151, las cuales recogían el concepto de un veredicto por pluralidad para atemperarla a la determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Sostuvo que a pesar de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dejó pendiente para resolver la doctrina de retroactividad en aquellos casos donde haya una sentenciafinal y firme, la doctrina constitucional les permite a los estados, incluyendo los territorios, conceder mayores beneficios que los que podría otorgar una disposición constitucional.

El viernes, 8 de mayo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó la normativa del Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero la determinación no fue retroactiva sino aplicable únicamente a aquellos casos que se encuentren en el proceso de revisión apelativa.

El máximo foro del país concluyó que una condena dictada en virtud de un veredicto no unánime transgrede las salvaguardas procesales inherentes al derecho fundamental a un juicio por un jurado imparcial. En Puerto Rico se podían resolver los casos penales mediante veredicto no unánime si la votación era de 9 a 3.

Por su parte, el abogado Pablo Colón Salgado adelantó la posibilidad de que se levantan voces en contra de la finalidad de esta medida, pero sostuvo que lo que se ha hecho con la redacción de esta pieza es dar una paso de avanzada. “Me parece que lo que se ha hecho es valiente. Si el Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinara que solamente es retroactivo en los casos que están pendientes, pues nosotros tenemos una legislación de avanzada porque lo hicimos mejor”, señaló.

Insistió en que la conversación tiene que ser una inteligente y que el impacto económico que una determinación como esta pueda tener no debe ir por encima de los derechos fundamentales de la gente. Agregó que el ordenamiento jurídico vigente provee los mecanismos necesarios para atender casos en los que, por ejemplo, los testigos ya no estén. “No debemos enfocarnos desde hoy en el lado negativo, debemos hacer todo lo contrario”, subrayó.

A preguntas de la prensa, Rivera Schatz indicó que no tiene un número exacto de cuantas personas se podrían beneficiar de la medida, aunque dijo que la información fue solicitada.

Mientras, al ser abordado sobre el impacto que tiene sobre las víctimas o sus familiares, sostuvo que la medida no exonera a nadie. “Alguna gente dirá que estamos sacando criminales a la calle. Nosotros no estamos sacando criminales a la calle, lo que estamos diciendo es que tiene que haber una sola regla para todos los ciudadanos irrespectivamente de si son carismáticos o no son carismáticos y de si nos parecen buenas personas o no nos parecen buenas personas”, expuso.

El grupo de trabajo estuvo compuesto también por la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones; el procurador general Isaías Sánchez y la jefa de Fiscales, Arlene Gardón. Participó, además, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Julio Fontanet; el director de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), Félix Vélez Alejandro; y los profesores Carlos Ramos y Andrés Córdova, así como los abogados criminalistas Roberto Alonso, José Andreu Fuentes, Leonardo Aldridge, Edgar Vega Pabón, Rubén Falú, Gerardo Cruz y Antonio Sagardía.


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