La gobernadora Wanda Vázquez Garced. (GFR Media)

El Tribunal de Apelaciones ordenó este lunes la paralización inmediata de la divulgación del informe preliminar sobre el manejo de los suministros de un almacén en Ponce, poniendo el freno a una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI).

"Dicha paralización se mantendrá en efecto hasta tanto este Tribunal resuelva el recurso que tiene ante sí u otra cosa se disponga", dicta la resolución del panel integrado por su presidente, el juez Carlos Vizcarrondo Irizarry, así como el juez Felipe Rivera Colón y el juez Nery Adames Soto.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced acudió hoy a Apelaciones para evitar entregar el informe preliminar e insistir sobre la confidencialidad del documento.

El panel concedió hasta el martes, 17 de marzo de 2020, para que la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) -los demandantes en el caso- expongan su posición en torno al recurso presentado por el gobierno. Asimismo, ordenó al TPI que "de forma inmediata y confidencial" remita en un sobre sellado el informe preliminar original sometido por el gobierno ante ese foro primario el 3 de marzo, para ser examinado.

La jueza superior Lauracelis Roques Arroyo del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan ordenó el viernes al gobierno de Puerto Rico divulgar "de forma inmediata" dicho informe preliminar.

"La Sentencia recurrida es jurídicamente incorrecta por varios fundamentos. En primer lugar, la información solicitada versa sobre una investigación criminal en curso ante el Departamento de Justicia. Así las cosas, dicha información y los documentos relacionados con la señalada pesquisa son confidenciales", sostiene el recurso apelativo que busca revocar la sentencia del TPI.

Contrario a lo que argumenta el gobierno en su escrito ante Apelaciones, la jueza Roques Arroyo sentenció el viernes que "no existe información de naturaleza confidencial o privilegiada que justifique restringir el acceso al Informe Preliminar que este Tribunal examinó. El balance de intereses se inclina a favor del derecho constitucional y fundamental de acceso a la información pública".

A principios de febrero, la Asppro y el CPI demandaron a la gobernadora Vázquez Garced para que entregue el informe sobre el almacén de suministros en Ponce que fue eje de controversia e indignación luego del terremoto del 7 de enero. También están demandados el designado secretario de Estado, Elmer Román; el designado secretario de Seguridad Pública (DSP) Pedro Janer; y al comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Héctor López Sánchez. Ante Apelaciones, están representados por la Oficina del Procurador General.

Luego de acudir al Apelativo, la primera ejecutiva solicitó a Justicia utilizar "todos los recursos del gobierno disponibles para que se investigue con premura y con la celeridad que amerita este caso", sin soltar prenda sobre la información preliminar que intenta mantener oculta.

"No debe haber razón alguna para que el pueblo no conozca en detalle el resultado de dicha investigación, y así se lo hice saber a la Secretaria de Justicia (Denisse Longo Quiñones)”, sostuvo Vázquez en declaraciones escritas.

Tras la acción del gobierno, la Asppro sostuvo que "nuestros abogados están al tanto de los planes de la gobernadora Wanda Vázquez y de las agencias demandadas de continuar manteniendo confidencial el informe, el cual le pertenece a nuestro pueblo por ser este un documento público". La Asociación recordó que la jueza Roques Arroyo, examinó el documento y determinó que este debía ser entregado inmediatamente, luego de concluir que el informe no contiene información confidencial.

"Lamentamos que esta administración continúe con esta práctica poco transparente de ocultar información a su gente, en una clara afrenta a los derechos constitucionales reconocidos tanto en la ley como en la jurisprudencia. Esperamos que el foro intermedio tome la decisión correcta y se coloque en el lado correcto de la historia", afirmó el licenciado Rafelli González, portavoz de la Asppro.

El informe fue el resultado de una investigación que ordenó la gobernadora - a realizarse en un plazo de 48 horas- luego de que el 18 de enero ciudadanos encontraran en Ponce un almacén del gobierno con suministros guardados desde poco después del huracán María.

Para la profesora de derecho constitucional Yanira Reyes Gil, la movida ante el Apelativo es parte de una tendencia del gobierno, “de tratar de mantener de manera secreta asuntos que son, a todas luces, de carácter público”.

“Independientemente de las líneas que esté citando el gobierno para sustentar su posición, hay que recordar que el derecho de acceso a la información pública es de rango constitucional, por lo que cualquier disposición de ley tendría que estar cónsono con las disposiciones de la Constitución”, sostuvo la profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

Según el recurso apelativo, "los detalles de la referida investigación y los documentos relacionados con esa pesquisa no están sujetos a ser divulgados -ni siquiera a confirmarse su existencia- pues forman parte del sumario fiscal, el cual es confidencial, a tenor con la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo".

Por su parte, el secretario del Partido Popular Democrático (PPD), José Ariel Nazario, denunció que, al ocultar el informe, Vázquez tiene como fin "mantener en secreto la incompetencia, insensibilidad y la falta de diligencia del gobierno. Esto en medio de las necesidades que experimentaban familias en la zona suroeste de la isla a causa de los sismos registrados y de las carencias vividas posterior al paso del huracán María".

En un segundo pleito, la Cámara de Representantes presentó una demanda el pasado 25 de febrero para que el Departamento de Justicia y el NIE entregaran el informe.

En el recurso, el cuerpo legislativo sostiene que Justicia “intenta negar una información basado en leyes y jurisprudencia que tienden la limitada secretividad de la información pública para los ciudadanos”. De hecho, en una de las comunicaciones entre Justicia y la Cámara en medio de intentos por solicitar el documento, la agencia sostuvo que cuando el gobierno se niega a entregar un documento a un ciudadano, “la regulación debe satisfacer un escrutinio estricto”.


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