La corte ordenó la apertura inmediata de todos los comedores escoalres necesarios. (GFR Media)

El juez superior Anthony Cuevas Ramos ordenó la apertura inmediata de todos los comedores escolares del Departamento de Educación que sean necesarios, al declarar no ha lugar la solicitud de desestimación que el Departamento de Justicia sometió en respuesta a la demanda incoada por un grupo de padres y varias organizaciones sin fines de lucro.

Los demandantes en el pleito -liderados por María E. Quiñones Rivera- argumentaron que el Departamento de Educación tiene la responsabilidad de proveer alimentos a los estudiantes de escuelas públicas durante la emergencia causada por la pandemia de COVID-19, contrario a lo que el Ejecutivo argumentó en su solicitud de desestimación.

Al oponerse a la desestimación solicitada por el gobierno, las familias y organizaciones sin fines de lucro que reclamaron por la apertura de todos los comedores señalaron que la directriz de la gobernadora Wanda Vázquez Garced para reabrir unos 80 comedores no es suficiente para atender el hambre que amenaza a miles de personas tras decretarse el primer toque de queda, el pasado 15 de marzo, para manejar la pandemia.

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Cuevas Ramos estuvo de acuerdo con los argumentos de los demandantes, pues le ordenó a Educación y al Estado Libre Asociado "que proceda inmediatamente, y sin demora alguna, (a) abrir todos los comedores escoalres que sean necesarios paar alimentar a toda la población en estado de necesidad producto de la situación de emergencia provocada por el COVID-19, mientras dure el estado de emergencia".

"Desde el inicio de las órdenes ejecutivas con el llamado 'lockdown', a la pobreza y el desempleo que ya venía arrastrando el país se lesumaron miles de familias cuyos padres y madres se vieron imposibilitados de trabajar ante el cierre de sus respectivos lugares de trabajo. Si bien es cierto que podríamos preliminarmente evaluar la acción gubernamental en cuanto al toque de queda como una que pretende evitar un caos salubrista, no podemos perder de perspectiva que dicha acción contribuyó a un alto grado de desempleo jamás visto en nuestra época moderna", escribió Cuevas Ramos en su determinación.

"En este caso, no se trata exclusivamente de la reivindicación de un derecho; se trata de la supervivencia misma que tanto invocan las diversas órdenes ejecutivas que nos han mantenido aislados, manteniendo al pueblo encerrado sin la oportunidad de traer el sustento a su hogar. No nos parece justo que el gobierno utilice como defensa que le corresponde a los padres y madres ser quienes, en primer orden, brinden los alimentos a sus hijos y, al mismo tiempo, tenerlos incapacitados económicamente", añadió el juez superior.

"Por lo tanto, entendemos que existe un deber ministerial del Estado de alimentar a las personas que lo necesiten mientras dure el estado de emergencia en el cual se mantiene sumido el país. Este surge de la misma política pública que ha establecido el Gobierno a través de los estatutos antes citados. Cuando los padres o familiares se vean imposibilitados de llevar los alimentos a su hogar, es deber del Estado hacerlo. Además, es el Estado quien tiene que velar por el bienestar general del menor y, a la misma vez, de las personas que no tienen lo suficiente para sobrevivir durante estos tiempos extraordinarios. Solo de esta forma, el Estado estaría cumpliendo con su deber", enfatizó Cuevas Ramos.

A finales de marzo, Educación anunció la donación de alimentos adquiridos por la Autoridad Escolar de Alimentos a organizaciones sin fines de lucro para que fueran estas las que se encargaran de distribuirlos a las familias necesitadas. Tras reclamos de diversos sectores por la reapertura de los comedores escolares, incluyendo la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, informó que estos no se reabrirían ya que podrían convertirse en un foco de contagios para sus empleados.

En la moción de desestimación presentada el viernes, 1 de mayo, Justicia, en representación de Educación, argumentó que no procedían ninguno de los remedios solicitados por los demandantes porque no existe un deber ministerial del gobierno deproveer alimentación a los estudiantes, no se demostró un daño real e irreparable que la falta de alimentos haya causado y que las organizaciones sin fines de lucro que radicaron el recurso legal carecen de legitimación activar para demandar.

El gobierno sostuvo que no hay leyes locales ni federales que establezcan una obligación del Departamento de Educación a proveer comidas a sus estudiantes mientras las escuelas estén cerradas.


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