El juez federal Gustavo Gelpí denegó la petición de un acusado para que la pena de muerte no aplique a los residentes de Puerto Rico debido a que no pueden votar por los funcionarios electos del gobierno de Estados Unidos.
La decisión surgió unas horas después de una audiencia en esta mañana, en la que escuchó a las partes en el caso de Juan Pedro Vidal, quien se expone a la pena capital.
El argumento levantado por la defensa se basaba en que la pena de muerte fue prohibida por la Constitución de Puerto Rico, la que fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos bajo la Ley 600.
Mientras, señaló que aplicar la pena de muerte a los acusados en Puerto Rico representaba un agravio diferente a los residentes de los estados debido a que no tienen la posibilidad de votar por los funcionarios estadounidenses que nombran a los responsables de certificar los casos en los que se buscará la pena de muerte.
En su decisión, Gelpí mantiene que aunque los residentes de Puerto Rico están “privados de sus derechos”, de todas formas “están sujetos a las mismas leyes civiles y criminales que sus hermanos en los estados”.
Señaló es “inconsecuente” que la Constitución de Puerto Rico prohibe la sentencia de muerte, pues “la constitución de varios otros estados también prohiben dicha acción. Sin embargo, las constituciones locales no triunfan sobre acción federal”.
“En fin, el tribunal no encuentra que el predicamento de la pena capital para el acusado está en conflicto con la Constitución”, indicó Gelpí.
Agregó que “la privación de derechos políticos de los ciudadanos de Estados Unidos en Puerto Rico de ninguna manera evita a Estados Unidos de establecer y ejecutar leyes criminales que apliquen a todos los ciudadanos de esta nación”.
“La exposición del acusado a la pena capital, basado en un crimen atroz y depravado si se prueba más allá de duda razonable, no está impedido por su falta de acceso al proceso político”, afirmó.
Vidal está acusado de encabezar el asesinato de un joven de 19 años en San Lorenzo. Enfrenta cargos de carjacking, secuestro y el uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave, en el que una persona fue asesinada.
El 28 de junio de 2018 el Departamento de Justicia de Estados Unidos certificó que buscaría la pena de muerte. El juicio está pautado para abril de 2020.
En octubre pasado, la defensa de Vidal presentó varios argumentos para que se eliminara la notificación de la certificación del caso para la pena de muerte. Todos fueron desestimados, menos el argumento de la violación al derecho constitucional del Debido Proceso de Ley porque el estatus político de Puerto Rico va en contra del“consentimiento del gobernado”.
Como amigos de la corte, el gobierno de Puerto Rico apoyó a la defensa sobre este argumento, mientras que la comisionada residente Jenniffer González planteó que la aplicación del castigo capital no es inconstitucional pero que se debe “paralizar” hasta que se resuelva la condición colonial de la Isla.
El abogado de la defensa de Vidal especialista en casos de pena de muerte, Steven Potolsky, señaló que la falta de ese principio democrático plantea que la aplicación de la pena de muerte para los ciudadanos de Puerto Rico representa un castigo “excesivo”.
“Nuestra posición es que cualquier crimen que se cometa en este distrito no esté sujeto a pena de muerte, porque la única razón que existe para consentir que se cumpla la ley federal (en la Isla) fue el acuerdo con el gobierno federal de que no existirá la pena de muerte en Puerto Rico”, argumentó Potolsky durante la vista.
Se refería a que el Congreso aprobó mediante la Ley federal 600 la Constitución de Puerto Rico de 1952, que expresamente prohíbe la pena de muerte.
También señaló que el trato del gobierno federal hacia Puerto Rico se ha sostenido en el racismo contenido dentro del marco legal que ha definido la relación, conocido como los “Casos Insulares”.
En ese sentido, mantuvo que después de aprobarse la Ley Federal de la Pena de Muerte en 1944, Puerto Rico llegó a ser la jurisdicción en la que más se buscó la aplicación de la pena de muerte entre el 2001 y el 2013, año en el que llegó a haber tres casos al mismo tiempo.
Además de este caso contra Vidal, actualmente también está pendiente el nuevo juicio contra Alexis Candelario Santana. Mientras, hay otros que están en espera de la contestación del comité de certificación en Washington.
Pese a reconocer el trato desigual, la opinión de Gelpí coincidió más en este asunto con los argumentos presentados por Jonathan Gottfried en representación de la fiscalía federal.
Gottfried dijo que plantear que la Ley Federal de la Pena de Muerte no aplica en Puerto Rico significaría una desventaja para las víctimas del crimen en la Isla, mientras que los trataría como “ciudadanos de segunda clase” y plantearía un “régimen” diferente a los residentes de los estados de Estados Unidos.
“La pregunta es si hay un tipo de leyes para para los ciudadanos en Estados Unidos y otro para los ciudadanos en Puerto Rico… Es igual si el asesinato hubiera ocurrido en cualquier otra parte de Estados Unidos”, expuso Gottfried, para refutar el argumento de la violación al Debido Proceso de Ley.
“Quitar la pena de muerte no le dará el voto (para elegir los funcionarios del gobierno federal)”, añadió. “Lo que hará es que afectará la protección de los ciudadanos en Puerto Rico”.
En varios casos que ha atendido, Gelpí ha emitido opiniones sobre el trato discriminatorio de algunas leyes con relación a los ciudadanos de Puerto Rico, por tratarlos de forma diferente a los que residen en estados de Estados Unidos, como en temas de beneficios como el Seguro Social, Medicare y para Veteranos.
En su opinión, Gelpí indicó que, en cambio, este caso recae en otra categoría, pues considera que la ley sí trata igual a Vidal que a los ciudadanos de los estados de Estados Unidos.
“Si el acusado hubiera sido acusado en el estado de Oklahoma, por ejemplo, él hubiera sido tratado igual que está siendo tratado en Puerto Rico”, planteó Gelpí. “En otras palabras, este estatuto federal en particular no discrimina contra los ciudadanos de Estados Unidos en Puerto Rico”.
Aunque catalogó como “antidemocrático” que los residentes de la Isla no puedan participar en las elecciones federales, concluyó que la “contestación es no” ante la pregunta de si ese “predicamento territorial es inconstitucional”.
“El fallo de Puerto Rico está en las manos del Congreso”, expresó el juez, al recalcar que no le corresponde a los tribunales decidir si Puerto Rico debe ser admitido como un estado o cambiar el estatus de la Isla “para asegurar una forma de gobierno más democrática”.
“Esto recae en el proceso político. Lo que el tribunal puede y debe hacer es asegurar los derechos constitucionales de los ciudadanos de Puerto Rico en caso de que exista una violación a un derecho fundamental o a otro derecho constitucional”, afirmó.
