José Rivera Santiago compareció al Tribunal de San Juan para la radicación de cargos en su contra por supuestamente incitar a que miles de puertorriqueños llenaran los supermercados durante la cuarentena por el COVID-19.

“Celebrando”. Así describió el licenciado Antonio Figueroa su sentir y el de su representado, el pastor José Rivera Santiago luego de que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan no hallara causa en su contra por supuestamente incitar a que miles de personas abarrotaran los supermercados de Puerto Rico en medio de la cuarentena por el COVID-19.

Las autoridades denunciaron que un audio con su voz que se distribuyó por la aplicación de WhatsApp provocó la movilización de ciudadanos el pasado 20 de marzo.

Después de varias posposiciones, Rivera Santiago fue citado para esta tarde en la sala de investigaciones del Centro Judicial de San Juan por cargos menos graves que alegaban violación al artículo 6.14 de la Ley 20 del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

Figueroa detalló que luego que se escuchara el audio de WhatsApp en sala, expuso su defensa, basando sus argumentos en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos sobre libertad religiosa y el caso Acevedo Feliciano vs Iglesia Católica del 2018 para esbozar los precedentes sobre la prohibición de que el Estado interfiera en la iglesia por el Tribunal Supremo.

“Empezamos a argumentar sobre derechos constitucionales y dónde y cuándo el Estado puede, bajo una situación como tal, violar estos derechos. El tribunal, cuando terminamos (los argumentos, de inmediato declaró no causa con mucha fuerza, dando una señal bien positiva de parte del poder judicial de que estas cosas no se permiten y no se hacen”, dijo sobre lo que aconteció en sala.

En el caso de que el tribunal hubiese hallado causa, el pastor podía enfrentar multas de hasta $5,000 o cárcel de hasta seis meses para alguien que: "De una falsa alarma en relación con la inminente ocurrencia de una catástrofe en Puerto Rico o, si existiendo ya un estado de emergencia o desastre, disemine rumores o de falsas alarmas sobre anormalidades no existentes".

En marzo, el secretario del DSP, Pedro Janer, dijo que "es delito gritar fuego cuando no lo hay y cualquier tipo de aviso que no esté sucediendo y que obliga a las masas a movilizarse, e induce a una situación caótica, todo eso se puede penalizar".

Por su parte, Rivera Santiago señaló que el caso en su contra representa una discusión sobre el abuso de poder por parte del gobierno en diversos sectores, incluyendo el religioso.

Mencionó por ejemplo, el caso contra Giovanni Roberto Cáez, quien fue arrestado el pasado 30 de abril en medio de una manifestación en la Milla de Oro por presuntamente violar la Orden Ejecutiva 2020-033 y por obstrucción a la justicia. El tribunal tampoco halló causa contra Cáez.

El líder religioso llegó al tribunal acompañado de su abogado y otras personas que respaldan su defensa de que las expresiones que hizo fueron solamente para un grupo "privado" de feligreses que formaban parte de un "chat" de la aplicación de mensajería.

Figueroa sostuvo previo a entrar a sala que "estábamos esperando que llegara este momento" porque "ya queremos ir ante un juez para terminar de una vez y por todas este caso y salir airoso".

Reiteró que las expresiones de Rivera Santiago están protegidas por la libertad constitucional de culto religioso, pues iban dirigidas solamente a los poco más de 80 feligreses que estaban en el chat de WhatsApp, sin saber quién lo distribuyó fuera de ese entorno.

También cuestionó la alegación de que el audio fue quien provocó que llegaran miles de personas a los comercios, pues dijo que ese mismo fin de semana se emitieron 21,000 pagos del PAN y que se anunció la eliminación del pago del IVU en ciertos artículos.

Uno de los que llegó en apoyo a Rivera Santiago fue el reverendo Jorge Raschke, quien catalogó el procesamiento como un "abuso de poder" por parte de las autoridades. Raschke también defendió al pastor Ángel Molina.


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