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Antonio Ramos Cruz y Juan Carlos Meléndez. (GFR Media)

La defensa de Antonio Ramos Cruz, uno de los dos convictos en 1992 por la llamada “Masacre de Trujillo Alto”, adelantó hoy, miércoles, que solicitarán al Tribunal de Apelaciones que reconsidere la celebración de un segundo juicio para su cliente.

“Estamos verdaderamente sorprendidos por la decisión, porque estamos muy confiados y seguros de la corrección de la determinación de la honorable juez. No obstante, esto no termina aquí. Vamos a proceder con los trámites legales que corresponden, como, por ejemplo, una reconsideración y, de ser necesario, llegaremos al Tribunal Supremo de Puerto Rico en defensa de la verdad y la justicia”, señaló la licenciada Vanessa Mullet del Proyecto Inocencia y representante legal de Ramos Cruz.

Mullet indicó que tienen un término de 15 días a partir de hoy para solicitar la reconsideración. “Esta misma semana estaremos trabajando en eso”, adelantó.

Por su parte, el director de Proyecto Inocencia de Puerto Rico y abogado de Ramos Cruz, Julio Fontanet, añadió que "es frustrante ver cómo el sistema de justicia penal le vuelve a fallar a estos inocentes. Estamos convencidos de la inocencia de nuestro cliente y confiamos que nuestro sistema de justicia en su momento nos dará la razón".

Esta tarde un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones emitió -en una votación de 2 a 1- una sentencia en la que ordenó el reingreso a la cárcel de Meléndez Serrano y Ramos Cruz. “En consecuencia, se ordena el ingreso inmediato de los recurridos, Antonio Ramos Cruz y Juan Carlos Meléndez Serrano, a la institución carcelaria correspondiente", lee la sentencia de 56 páginas

Los convictos -que recibieron una sentencia de 297 años de prisión en el 1992 por el asesinato de Haydeé Maymí y sus dos hijos- están libres bajo fianza desde el 2017, luego de que la jueza Berthaida Seijo Ortiz acogiera una solicitud de la defensa para la celebración de un segundo juicio tras concluir que una prueba descubierta en recientes años no estuvo disponible para ser aquilatada por el jurado que los halló culpable. Esa determinación fue revocada hoy por el Apelativo.

La prueba, específicamente, consiste en un análisis de ADN mitocondrial que se le realizó a unos vellos púbicos encontrados en la ropa interior que la víctima llevaba puesta al momento de su muerte. La realización del análisis -que se hizo tras la aprobación en el 2015 de la Ley de Análisis de ADN Post-Sentencia- reflejó que los vellos no son de los convictos, sino que podrían pertenecer a la víctima o de otro miembro de la línea maternal.   

“La nueva prueba que corrobora lo conocido desde el 2010 no cumple con el criterio de producirun resultado diferente a la luz de la prueba admitida durante el juicio que dio lugar a la convicción de culpabilidad como hemos discutido”, lee la sentencia.

Sobre su cliente, Ramos Cruz, indicó que al igual que ella, está sorprendido. “No se lo esperaba, porque conoce su verdad y estamos muy confiados en el proceso, toda vez que la resolución del Tribunal de Primera Instancia era una muy fundamentada. No obstante, a pesar de los diferentes reveses que ha recibido, está confiado que al final del día va a brillar la verdad”, puntualizó.

Mullet explicó que, al no tratarse de una sentencia final y firme y no haber -al momento- un mandato al respecto por parte del Apelativo al Tribunal de Primera Instancia, no procede la encarcelación en estos momentos. 

“Que sepamos no se ha notificado un mandato al Tribunal de Primera Instancia ni tampoco hay una orden de encarcelación e ingreso. Por lo tanto, no procede la encarcelación al día de hoy”, detalló Mullet.

La decisión del panel -compuesto por los jueces Waldemar Rivera Torres, Luisa Colom García y Carlos Salgado Schwarz- incluyó la opinión disidente de este último que favoreció la determinación de Seijo Ortiz para la celebración de un nuevo juicio.

“Pero lo que sí está latente en nuestro análisis es que, en Justicia a la luz de la nueva evidencia presentada, se debe confirmar la resolución concurrida, que lo que hace es devolverles a estos su presunción de inocencia y la obligación al Estado de probar más allá de duda razonable la comisión de los hechos por los cuales están acusados”, lee la opinión del juez Schwarz.

“El revocar la resolución de TPI (Tribunal de Primera Instancia), lo que hace es perpetuar la incógnita del “¿qué hubiese pasado si se le presenta esta evidencia al jurado”?”, sostuvo el letrado.


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