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Washington - La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) solicitó hoy al Tribunal Supremo de Estados Unidos que invalide las decisiones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), tras los nombramientos de sus integrantes haber sido declarados inconstitucionales hace cuatro meses.

Al presentar su recurso de certiorari, como parte de la revisión que diversas partes han pedido al Tribunal Supremo estadounidense de la determinación del Primer Circuito de Apelaciones del pasado 15 de febrero, la representación legal de la Utier reiteró que los miembros de la JSF deben ser nombrados directamente por el presidente de EE.UU. y confirmados por el Senado.

“Este tribunal no debe permitir, a base de la doctrina inaplicable del ‘funcionario de facto’, que una JSF nombrada inconstitucionalmente con poderes sin precedentes e ilimitados, tome decisiones vitales sobre un país que se enfrenta a una de las peores crisis económicas, políticas y sociales”, indicaron los abogados de la Utier, Jessica Méndez Colberg y Rolando Emmanuelli Jiménez.

La Utier está satisfecha con la decisión que requiere la confirmación por el Senado de los miembros de la JSF, pero cuestiona que el Primer Circuito de Apelaciones federales permitiera a sus miembros seguir tomando decisiones, ahora hasta el 15 de julio, y validara las decisiones anteriores.

El recurso insiste en que la Utier no busca invalidar el título III de la ley Promesa, que permite reestructurar la deuda pública. Pero, mantuvo que deben ser los miembros de la JSF confirmados por el Senado los que tomen la decisión de si se validan o no las acciones previas de los actuales miembros del ente fiscal.

Más aún, dicen, porque se trata de un organismo con poderes “sin restricciones” que el propio Primer Circuito de Apelaciones ha comparado con “procónsules romanos”.

“Validar las acciones previas de la JSF no es parte de la autoridad del tribunal. La corte no puede asumir los poderes que Promesa ha conferido a la JSF. Eso, por sí mismo, sería una violación de la doctrina de la separación de poderes porque se trata de una ‘cuestión política’”, agregó el argumento del sindicato.

Los abogados Méndez Colberg y Emmanuelli Jiménez afirmaron en el certiorari que “históricamente” el tribunal ha limitadola doctrina del funcionario de facto a nombramientos técnicamente defectuosos, no a casos en que la designación ha sido declarada inconstitucional.

Indicaron que no se puede presumir que la JSF ha actuado de buena fe, pues desde el debate en el Congreso sobre la ley Promesa senadores han advertido que el mecanismo por el cual finalmente fueron nombrados los miembros del ente fiscal podía ser inconstitucional.

Por medio de la ley Promesa, el entonces presidente Barack Obama seleccionó seis de los miembros de ternas presentadas por los líderes bipartidistas del Congreso. El séptimo, José Ramón González, lo nombró directamente. Ninguno fue referido al Senado.

Hoy también se prevé que el procurador general, Noel Francisco, presente un recurso de certiorari a nombre del gobierno de EE.UU. Ante los tribunales inferiores, el gobierno de EE.UU., junto a la JSF – que ya presentó su propio certiorari-, defendió la constitucionalidad de la JSF.

Esta vez, sin embargo, el gobierno de EE.UU. decidió presentar sus argumentos independientemente.

El Primer Circuito de Apelaciones ha dado al presidente Donald Trump y al Senado hasta el 15 de julio para confirmar a los actuales miembros de la JSF o designar nuevos integrantes.

Aunque Trump anunció el 29 de abril su intención de enviar al Senado los nombramientos de los actuales miembros de la JSF, hasta el momento no lo ha hecho. Varias fuentes han indicado que el FBI no ha terminado de evaluar los antecedentes de los miembros del ente fiscal.

La intención de Trump ha sido nombrar a los actuales miembros para que puedan completar el término de tres años al que los nombró Obama.

El pasado 15 de febrero, un panel del Primer Circuito de Apelaciones federales, con base en Boston, determinó que los nombramientos hechos en agosto de 2016 a los actuales miembros de la JSF son inconstitucionales, pues se trata de funcionarios federales de alto nivel que requieren ser confirmados por el Senado.

Entonces, dio al presidente Trump y al Senado un plazo de 90 días para nombrar a los actuales miembros de la JSF o nuevos integrantes. Ese período luego fue extendido 60 días, a petición de la JSF.


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