El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, y la cabildera por la estadidad Elizabeth Torres.
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, y la cabildera por la estadidad Elizabeth Torres. (Xavier J. Araújo Berríos)

Washington D.C.- El recurso legal por medio del cual la administración de Pedro Pierluisi persigue la destitución de Elizabeth Torres Rodríguez como funcionaria electa para cabildear por la estadidad en el Congreso puede tener que verse en su fondo en el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico.

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revocó hoy, martes, la decisión del juez Anthony Cuevas que concluyó que la controversia es una cuestión política en la que el sistema judicial no debe intervenir.

De acuerdo al panel formado por los jueces Felipe Rivera Colón, Gloria Lebrón Nieves y Fernando Rodríguez Flores –nombrados por administraciones del Partido Nuevo Progresista (PNP)-, la ley 167 del 30 de diciembre de 2020 confiere el poder al secretario de Justicia para determinar la destitución de un delegado electo para cabildear por la estadidad y al tribunal solo le toca examinar si se ha hecho “conforme a derecho”.

“Es el Poder Ejecutivo quien toma la decisión de destituir al delegado especial, y los tribunales se aseguran de que dicha destitución se efectúa en cumplimiento con la ley”, indica la decisión, encabezada por el juez Rivera Colón.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, acudió al tribunal para pedir la destitución de Torres Rodríguez por entender que ha incumplido con los deberes de su cargo, que incluyen reclamar al Congreso la estadidad para Puerto Rico, rendir informes cada 90 días al gobernador sobre sus gestiones y trabajar a tiempo completo.

Contrario a la decisión del juez Cuevas, el secretario argumentó ante el foro de apelaciones que el caso se basa no en una cuestión política, sino en el incumplimiento de las funciones de un cargo. También insistió en que la ley es clara en otorgar al secretario de Justicia el proceso para conseguir la destitución de uno de los seis funcionarios electos para cabildear a favor de la estadidad en el Congreso.

“Como bien reconoce el Tribunal de Apelaciones, los gastos de fondos públicos deben ser legítimos, legales y prudentes, deben promover la máxima economía y óptima utilización de los recursos públicos y su desembolso debe conllevar una validación previa de trabajo realizado en cumplimiento con la ley y las normativas concernientes. Bajo nuestro ordenamiento jurídico no se podría sostener el desembolso irrestricto y a ciegas de fondos públicos, máxime cuando una persona está en clara y directa contravención con la ley”, indicó Emanuelli Hernández, al reaccionar a la decisión del foro de apelaciones.

El abogado de Torres, Michael Corona, informó en Twitter que pedirá al Tribunal Supremo de Puerto Rico que revise la decisión del foro de apelaciones. “De lo que surja del Supremo decidiremos el curso de acción. Pelearemos esto hasta lo último. Esto no terminó, está empezando”, indicó.

Torres Rodríguez, por su parte, llamó la atención a que se trata de un panel de jueces nombrados por gobierno del PNP.

“… nos resulta forzoso concluir que el Secretario de Justicia tendría un remedio en ley por lo que la desestimación del pleito es improcedente en derecho… los hechos bien alegados ponen en tela de juicio las actuaciones de la señora Torres Rodríguez como delegada especial”, indicó la decisión del Tribunal de Apelaciones.

El foro judicial mantuvo que “le corresponde al tribunal dilucidar si la señora Torres Rodríguez cumplió con someter sus informes, si dichos informes fueron sometidos adecuadamente conforme al texto legislativo, si el gobernador está siendo notificado sobre las gestiones o actos ejecutados, y si está trabajando de forma activa”. “No podemos perder de perspectiva que…existe erogación de fondos públicos que deben ser fiscalizados para evitar actos de corrupción y/o malversación de los mismos”, subrayó.

A finales de abril, el juez Cuevas determinó que la vaguedad de la ley le haría establecer desde el tribunal las guías para destituir a una funcionaria de la Rama Ejecutiva.

“La Constitución es clara en cuanto a que la ejecución de las leyes es una función delegada totalmente a la Rama Ejecutiva. Por lo tanto, los tribunales no son los foros para destituir empleados, sean electos o no electos, excepto por los asuntos sobre suspensión de la práctica de la abogacía de aquellos que violan los Cánones de Ética”, agregó entonces el juez Cuevas.

Pero, el Tribunal de Apelaciones ha dicho que las guías para evaluar el trabajo de los cabilderos por la estadidad están en la ley: los informes que deben rendir cada 90 días al gobernador sobre sus gestiones; determinar si han exigido la estadidad al Congreso; y si trabajan a tiempo completo.

La ley obliga a los seis delegados -Torres Rodríguez, el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, la exsenadora Melinda Romero Donnelly, la exsecretaria de Corrección Zoraida Buxó, la exalcaldesa de Ponce María “Mayita” Meléndez y el ex asambleísta municipal de Guaynabo Roberto Lefranc Fortuño- a defender, bajo juramento, el resultado del referéndum estadidad “sí” o “no” del 3 de noviembre de ese año, en el que la estadidad obtuvo el 52.5% de los votos.

Aunque el tema está fuera de la agenda del Senado de Estados Unidos, donde se ha descartado avanzar un proyecto pro estadidad, el liderato demócrata de la Cámara baja federal trata de presentar una legislación que pueda ser considerada en julio para convocar a un plebiscito entre la estadidad, la independencia y la libre asociación.

Electos en la votación de menor participación en la historia de Puerto Rico (3.92%) en mayo de 2021, con excepción de Rosselló Nevares – que no devenga ingresos por sus tareas como cabildero de la estadidad-, los funcionarios tienen un salario de $90,000 anuales y pueden recibir hasta $30,000 en reembolsos por sus gastos.

Las guías establecidas por la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa) – de cuya nómina se financian los puestos-, no les limitan los ingresos privados, aunque están sujetos a la Ley de Ética Gubernamental.

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