La vista preliminar en contra del enfermero Eduardo Meléndez Velázquez, imputado de asesinar al reconocido biólogo marino, Roberto Viqueira Ríos, quedó pospuesta para agosto por un asunto relacionado con su defensa.

Aunque durante la etapa de determinación de causa para arresto (Regla 6) Meléndez Velázquez fue representado por el licenciado Ildefonso Torres Rodríguez, actualmente se desconoce si el abogado continúa a cargo de su defensa.

Torres Rodríguez se ausentó este martes al inicio de la vista preliminar sin previo aviso y, según lo expresado durante la audiencia, todo indica que no ha tenido comunicación con su representado desde la etapa de la Regla 6.

Por ello, la jueza superior Lizandra Avilés Mendoza, del Tribunal de Ponce, emitió una orden en contra del abogado para que comparezca, el 31 de julio, a una vista de estatus y explique las razones destrás de su incomparecencia.

“Esta jueza va a emitir una orden de mostrar causa en contra del licenciado Ildefonso Torres Rodríguez por la incomparecencia en el día de hoy. Del expediente no surge que se haya presentado una moción de relevo de representación legal y así lo hacemos constar”, dijo.

Avilés Mendoza explicó que la audiencia del 31 de julio se realizará para confirmar si el imputado cuenta con representación legal privada; de no ser así, el tribunal evaluará cuál será el próximo paso a seguir.

Durante una breve audiencia celebrada en la sala 405, Avilés Mendoza, además, señaló para el 5 de agosto, a las 9:00 a.m., la vista preliminar, si no ocurre alguna otra situación que obligue a posponerla nuevamente.

El licenciado Emanuel A. Gierbolini Rivera, de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico, explicó que el imputado fue entrevistado, pero no cualifica para recibir servicios legales gratuitos por escasos recursos.

“Entendemos que Asistencia Legal, en este caso, no puede intervenir, toda vez que por las guías y criterios de elegibilidad para una persona indigente, también quedaría afuera”, explicó Gierbolini Rivera.

Asimismo, indicó que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) supuestamente no le ha permitido al imputado hacer una llamada para contactar a un familiar para gestionar asuntos de su representación legal.

“Nosotros entendemos que, a manera de sugerencia, el Tribunal debería ordenar al DCR que le permita hacer una llamada para comunicarse con su familiar. Según él nos informa, al día de hoy no ha podido hacer esa llamada. No sabemos si es que se le niega o alguna otra situación, pero él nos indica que tiene el teléfono, pero que no ha podido hacer esa llamada”, dijo Gierbolini Rivera.

Ante esto, la jueza emitió una orden en contra del DCR para que se le facilite al imputado hacer la llamada a un familiar y así poder atender el asunto relacionado con su defensa.

“Es indispensable que el imputado tenga representación legal en esta etapa de vista preliminar. Esta juez tiene que velar por garantizar sus derechos. Cuando se dice que tiene derecho a estar representado por un abogado, no es un abogado en específico, es que usted esté debidamente representado”, expresó Avilés Mendoza.

Por la muerte violenta de Viqueira Ríos, el imputado enfrenta múltiples cargos por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, escalamiento agravado y violaciones a la Ley de Armas por disparar o apuntar un arma de fuego.

Los hechos ocurrieron a las 11:18 p.m. del martes 15 de julio en la urbanización Estancias de Yidomar, calle Star, en Yauco, donde una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a la Policía sobre la situación.

Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo de Viqueira Ríos, de 49 años y vecino del lugar, el cual presentaba varias heridas de bala, indicó el Negociado de la Policía en un reciente informe de novedades.

De la investigación preliminar de la Uniformada se desprende que el imputado sostuvo una discusión con el Viqueira Ríos y, utilizando un arma de fuego, le realizó varios disparos, ocasionándole la muerte en el acto.

Este caso fue investigado por la agente Ivelisse Maldonado Echevarría, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en unión a la fiscal Natalia Pizarro Pérez, quien formuló los cargos.

La prueba fue presentada ante la juez Adria Cruz Cruz, del Tribunal de Ponce, quien luego de evaluar la misma determinó causa en todos los cargos y le señaló una fianza global de $1,750,000.00 dólares, la cual no prestó.

Meléndez Velázquez fue ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce.