El gobierno y la Junta Fiscal: "Aliados en la prosperidad"

El proceso para reorganizar las finanzas públicas de Puerto Rico que impulsa la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) podría tomar un nuevo giro, a juzgar por las declaraciones del principal asesor legal de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), John Rapisardi, a la jueza de distrito federal que preside la bancarrota de la isla, Laura Taylor Swain.

Al cumplirse un mes desde que Wanda Vázquez Garced tomó las riendas del gobierno, Rapisardi explicó que luego del proceso de “transición” tras la salida forzada de Ricardo Rosselló Nevares, el gobierno puertorriqueño y la JSF son “aliados en la prosperidad en lugar de ser rivales por el poder”.

Según Rapisardi, si bien se produjo un cambio con la salida de Rosselló Nevares, tanto Vázquez Garced como el director ejecutivo de la Aafaf, Omar Marrero, poseen años de experiencia en el servicio público, por lo que el gobierno procurará acelerar la implementación del plan fiscal, lo que a su vez, descansa en un compromiso “profundo” y “un alto grado de cooperación” para trabajar en consulta con la JSF.

Las expresiones de Rapisardi, el socio del bufete O’Melveny Myers que ha encabezado la estrategia legal del territorio estadounidense bajo la ley federal Promesa desde el 2017, se produjeron este miércoles durante la audiencia general del mes de septiembre de los casos de Título III de Puerto Rico.

Allí, en una sala esencialmente vacía en comparación con otras etapas de los casos de Título III y en otra muestra del giro que ha dado el gobierno, Rapisardi sostuvo que continuarán defendiendo la Ley 29, pero acto seguido, anticipó que el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, ya se ha comprometido a buscar una alternativa. El estatuto, aprobado por Rosselló Nevares antes de dejar su cargo en agosto pasado, liberó a los municipios del pago de las aportaciones al sistema de pensiones “PayGo” y a la reforma de salud, lo que resultó en un litigio por parte de la JSF para anular el estatuto todavía en curso.

“El informe de la Aafaf es alentador”, indicó la jueza Swain tan pronto Rapisardi terminó su comparecencia.

Las expresiones de Rapisardi constituyen la primera declaración oficial del gobierno en torno a la política pública que ha adoptado la administración Vázquez Garced en materia fiscal y la renegociación de la deuda de la isla. Y tales expresiones suponen un giro a las posturas parcialmente combativas que hasta la fecha había adoptado Rosselló Nevares ante la JSF.

El ánimo colaborador fue confirmado minutos antes por el homólogo de Rapisardi en la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Martin Bienenstock, quien sostuvo que la nueva administración tiene “muchos” objetivos en común y solo “algunas” diferencias con el organismo federal.

“Las relaciones entre la junta y la nueva gobernadora son positivas”, dijo Bienenstock al plantear que las partes parecen haber llegado a un entendido acerca de la Ley 29, al igual que en asuntos como allegar más fondos a la Autoridad de Energía Eléctrica y abogar por más fondos federales a través del programa Medicaid.

Bienenstock describió las conversaciones entre la JSF y el gobierno como “totalmente abiertas, respetuosas y cándidas en todos los asuntos”.

El plan de ajuste

Ese ánimo de colaboración habría sido la razón para que la JSF decidiera posponer la presentación del plan de ajuste del gobierno central, dijo Bienenstock al explicar por qué razón el documento que modificaría las obligaciones del gobierno central se ha retrasado.

De acuerdo con el socio de Proskauer Rose, quien relató a Swain las múltiples reuniones que ha habido entre Vázquez Garced y el presidente y la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, el organismo fiscal quiso posponer la presentación del plan de ajuste para procurar que el gobierno entienda el alcance del documento, que tendrá fuerza de ley federal si es confirmado por el tribunal.

Como parte de ese proceso, dijo Bienenstock, los asesores de ambas partes han mantenido reuniones constantes en las pasadas semanas, por lo que la nueva fecha para presentar el documento a Swain sería en o antes del próximo 30 de septiembre.

Las demandas a suplidores

Si bien este mes la JSF dirá cuánto dinero pretende repartir entre los bonistas, los pensionados, los suplidores y otros acreedores del gobierno, todavía el organismo federal no ha podido ponerse de acuerdo con el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) en torno al proceso extrajudicial que seguirán para atender miles de reclamaciones pendientes de disputa, incluyendo en estas las 250 demandas radicadas contra suplidores del gobierno por parte del Comité Especial de Reclamaciones de la JSF.

Según Bienenstock, el proceso de diálogo con los suplidores progresa y unos 150 de estos expresaron interés en participar del mecanismo que permitiría resolver las demandas de cobro de parte de la JSF asociadas con el Título III por la vía informal.

De acuerdo con Bienenstock, unos 20 casos de las demandas a suplidores se resolverían en las próximas semanas y otros, negociarán extensiones de tiempo para continuar con las conversaciones, mientras una minoría podría terminar en un litigio definitivo en corte.