El Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró no ha lugar esta tarde la petición para paralizar la impresión de las papeletas del plebiscito “estadidad sí o no” que se celebraría el próximo 3 de noviembre, el mismo día que las elecciones generales.

La determinación surge luego de que el pasado 18 de septiembre los demandantes en un caso para declarar inconstitucional el referéndum pidieran a la corte la paralización de los procesos de digitalización de los archivos e impresión de las papeletas, igual que cualquier contratación y desembolso de fondos públicos para cualquier proceso del plebiscito impugnado.

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) emitió una resolución el 17 de septiembre en la que aprobó el diseño de la papeleta y “se ordena proceder inmediatamente con el proceso final de digitalización y envío a imprenta”. Esta orden surge luego de que no se lograra un voto unánime entre los comisionados electorales para aprobar la papeleta, por lo que el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, dio el visto bueno para proceder con la digitalización e impresión.

Esta determinación de hoy es parte del caso que el pasado 25 de agosto el alto foro judicial decidió atender que busca que se declare inconstitucional el referéndum.

En la Resolución del Tribunal en ese momento se ordenó la consolidación del reclamo del legislador popular Luis Vega Ramos con otros similares.

En esencia, Vega Ramos planteó al Tribunal Supremo que luego de que el Departamento de Justicia Federal le negara el 29 de julio el aval a la consulta, y con esta acción la autorización para utilizar $2.5 millones para una campaña educativa, el proceso carece de un fin público legítimo.

Sobre la controversia de las papeletas, la jueza presidenta del Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, indicó que hubiese concedido el recurso “hasta tanto este tribunal se exprese sobre los recursos que una mayoría determinó expedir”.

La jueza asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez emitió, por su parte, un voto particular disidente, al que se unió el juez asociado Ángel Colón Pérez, en el que criticó la decisión de la mayoría.

“La actuación de la mayoría, pues, avala que la Comisión Estatal de Elecciones continúe disponiendo de fondos públicos para celebrar un evento electoral que adelanta una ideología política en particular, como lo ha reconocido hasta el Departamento de Justicia de Estados Unidos”, sostuvo Rodríguez Rodríguez.

“La mera afinidad con una ideología en particular no justifica una claudicación veleidosa de los integrantes de este Tribunal a su rol como máximes intérpretes de nuestra Constitución y garantes del estado de derecho que se asienta en los precedentes judiciales. Por entender que el precedente pautado en Báez Galib y otros y. Comisión Estatal de Elecciones, 152 DPR 382 (2000) hace imperativa la paralización de los procedimientos ante la CEE y en protección de la independencia judicial, tengo la obligación de disentir”, añadió.

Por su parte, el juez Luis Estrella Martínez, quien estuvo conforme con la determinación del Supremo, expresó que “aunque este Tribunal tiene la facultad para emitir remedios oportunos en eventos electorales antes de que recaiga una sentencia final y firme, considero que en este caso particular no procede ejercerla porque la solicitud de los peticionarios tendría el efecto directo de retrasar el proceso de impresión de todas las papeletas para el próximo 3 de noviembre. No se trata de inconsistencia sino de improcedencia en derecho. El récord de votación de todos los jueces y juezas de este Tribunal es público. Afuera de este recinto conocen bien quién es consistente o inconsistente con sus decisiones, ya sea para restringir o reconocer garantías individuales. Adviértase que en este caso también se encuentran presentes importantes garantías, tales como el derecho al voto y la libertad de expresión. Esas garantías no deben ser paralizadas en el día de hoy, como pretenden los peticionarios y avala la disidencia”.