En su decisión del 2016, el juez federal Gustavo Gelpí resolvió que "el gobierno de Puerto Rico, por vía de sus oficiales, empleados y agentes, debe garantizar a matrimonios válidos de parejas del mismo sexo exactamente los mismos derechos disfrutados por matrimonios válidos de parejas de personas de sexos opuestos". (teresa canino rivera)

El Tribunal Federal en San Juan mantuvo vigente la demanda contra el gobierno de Puerto Rico al no quedar convencido de que los cambios en el nuevo Código Civil cumplen con los derechos de los matrimonios de parejas del mismo sexo.

En una orden emitida hoy, el juez federal Gustavo Gelpí, incluso, indicó que se evaluaría la constitucionalidad de algunos artículos del nuevo Código Civil.

Gelpí fue el juez que en el 2016 emitió la orden declarando inconstitucional la prohibición de las uniones civiles entre parejas del mismo sexo.

En su orden de hoy Gelpí dispuso que, después de estudiar los memorando de las partes con relación a mantener la jurisdicción [...], el tribunal continuará manteniendo la misma con relación a la aplicabilidad de Obergefell v. Hodges”, en referencia al caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos que reconoció los matrimonios entre personas del mismo sexo.

La retención de jurisdicción significa que el tribunal federal no encontró que los cambios en el nuevo Código Civil subsanaran todos los reclamos en la demanda, sometida originalmente en el 2014.

En diciembre pasado, Gelpí ordenó a las partes a someter por escrito sus posiciones con relación al Código Civil.

En su moción, el gobierno de Puerto Rico planteó que “por las enmiendas recientes en el Código Civil de Puerto Rico, ya no es necesario que este tribunal continúe manteniendo jurisdicción”.

Señala que por el contenido de la demanda, “la única controversia” ante el tribunal era “el derecho a casar legalmente a personas del mismo sexo y/o a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo que entran a la jurisdicción de Puerto Rico”.

En su moción, el gobierno señala que el artículo 376 establece que “el matrimonio es una institución civil que procede de un contrato civil en virtud del cual dos personas naturales se obligan mutuamente a ser cónyuges, y a cumplir la una para con la otra los deberes que la ley les impone... Las personas naturales tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”.

El gobierno le indicó al juez Gelpí que “al leer este artículo queda claro” que “el Código Civil actual es consistente con la jurisprudencia vigente del Tribunal Supremo (federal) sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo”, por lo que “ya no es necesario que el tribunal ejerza jurisdicción sobre este caso y se solicita que sea cerrado”.

En cambio, los demandantes plantearon que aunque están de acuerdo con el lenguaje de ese artículo, quedan otros asuntos sin cumplirse para reconocer el derecho pleno del matrimonio entre personas del mismo sexo. En su moción, los demandantes señalan que “áreas del nuevo Código Civil le niegan igual trato a las parejas del mismo sexo en relación a las protecciones parentales de hijos nacidos en esos matrimonios”.

Señalaron, en particular, los artículos 568 al 573 del nuevo Código Civil.

Los demandantes mantienen que “negar estas protecciones materiales va en contravención con la orden y resolución de este tribunal, y no es consistente con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos”.

Señalan que, pese a la resolución de Gelpí en el 2016 a la luz del caso del Supremo federal - y de una orden ejecutiva del entonces gobernador Alejandro García Padilla - algunas agencias del gobierno de Puerto Rico mantienen operaciones discriminatorias contra los matrimonios del mismo sexo.

En la moción destacan, por ejemplo, que el nuevo Código Civil mantiene la práctica de inscribir al recién nacido “en términos de géneros”, estableciendo que “el esposo de una madre que dio a luz es el padre del bebé y permitiéndole estar registrado en el certificado de nacimiento”.

Sin embargo, “el nuevo Código Civil no reconoce en igualdad de términos a los hijos de matrimonios del mismo sexo”.

“Es decir, la esposa de una madre que dio a luz y el esposo del padre biológico de un bebé nacido mediante subrogación no reciben la misma protección matrimonial de ser reconocidos como progenitores al momento del nacimiento”, planteó la moción de los demandantes, quienes aseguraron que incluyeron estas denuncias en la demanda enmendada.

En su orden de hoy, Gelpí indicó que la demanda sí denunciaba “el discrimen contra los derechos parentales de los matrimonios de parejas del mismo sexo”.

“De acuerdo con esto, los demandantes pueden buscar que bajo la resolución existente se atienda cualquier reducción de derechos enunciados por el Supremo (federal) en (el caso Obergefell)”, expuso Gelpí.

Advirtió que esta orden no ha determinado “en los méritos si el asunto de los artículos 568-573 del Código Civil de 2020 son constitucionales. Este es un asunto que deberá abordarse e informarse plenamente, si los demandantes deciden retarlos”, afirmó.

Gelpí recordó que en su resolución de abril de 2016 ordenó: “El gobierno de Puerto Rico, por vía de sus oficiales, empleados y agentes, debe garantizar a matrimonios válidos de parejas del mismo sexo exactamente los mismos derechos disfrutados por matrimonios válidos de parejas de personas de sexos opuestos”.

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