Las autoridades federales diligenciaron al menos siete órdenes de allanamiento contra cuentas electrónicas y teléfonos celulares personales de los acusados en el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez.

Mientras, Vázquez fue entrevistada en dos ocasiones por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Estos y otros detalles de la pesquisa se desprenden de documentos públicos radicados recientemente en el Tribunal federal, como parte del debate sobre si los investigadores habrían ocupado ilegalmente o no información protegida por el privilegio de abogado-cliente.

Un gran jurado federal emitió el 3 de agosto pasado una acusación de siete cargos contra Vázquez Garced, Julio Herrera Velutini y Mark Rossini. Los tres se exponen a 20 años de prisión por cargos que incluyen conspiración, soborno y fraude.

En su moción más reciente, la fiscalía federal indicó que, después del FBI haber acumulado suficiente “causa probable”, las primeras cinco órdenes de allanamiento fueron firmadas por el juez federal Francisco Besosa entre el 20 de noviembre de 2020 y el 13 de enero de 2021. En parte de ese periodo, Vázquez todavía era gobernadora de Puerto Rico.

Se detalla que dos órdenes de allanamiento fueron para las cuentas de Yahoo y Apple de Herrera Velutini, dos para para las cuentas de Apple y Google de Rossini, y una para la cuenta de Apple de Vázquez.

La sexta orden de allanamiento fue, nuevamente, para la cuenta de Apple de Herrera Velutini, emitida el 30 de julio de 2021.

La moción resalta que la orden buscaba “capturar cualquier comunicación que haya ocurrido desde que la primera orden de allanamiento fue ejecutada para esa cuenta en el noviembre anterior”.

Mientras, una moción presentada ayer, martes, por la defensa de Herrera Velutini incluye un desglose de información sobre cómo el material conseguido en el allanamiento de unas cuentas habría ayudado a las autoridades a obtener otras órdenes de allanamiento.

Indica que datos obtenidos de las cuentas de iCloud –de la empresa Apple– de Herrera Velutini y Rossini fueron “usadas en apoyo a la orden de allanamiento para la cuenta de Apple de Wanda Vázquez en enero de 2021 y luego la ocupación de su teléfono celular en enero de 2022.

Del desglose se desprende también que los investigadores usaron información de las cuentas de iCloud de Herrera Velutini y Rossini para “mostrarle a Rossini mensajes de WhatsApp intercambiados entre él y Herrera (Velutini)”.

“Finalmente, el 12 de enero de 2022, el FBI obtuvo una orden de allanamiento para el teléfono personal de Wanda Vázquez”, apuntó la moción de la fiscalía federal. Añadió que “un mes después, el 15 de febrero de 2022, el FBI entrevistó a Vázquez por segunda vez. Durante esa segunda entrevista, estuvo presente un abogado que se presentó como amigo de la familia de Vázquez”.

“Aunque inicialmente decía que Vázquez era su clienta, luego él aclaró que no sabía si estaba representando a Vázquez porque ella le había dicho que ella no era objeto de la investigación”, abundó la moción, que luego apuntó que la exfuncionaria “permitió que la entrevista continuara”.

Sin embargo, la moción no precisó cuándo el FBI habría entrevistado a Vázquez por primera vez.

Mientras, el Ministerio Público recordó que el caso se trata de dos supuestos esquemas de sobornos.

Alega que el primero ocurrió en julio de 2019, para cuando la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) examinaba supuestas irregularidades en el banco de Herrera Velutini. Apuntó que en diciembre de 2019 “el primer esquema de sobornos comenzó a tomar forma”.

“Durante las siguientes semanas, Herrera, junto con el co-conspirador Mark Rossini y otros, le ofrecieron a la entonces gobernadora Wanda Vázquez múltiples formas de pago para beneficiar sus esfuerzos por ganar las elecciones a la gobernación de 2020 en Puerto Rico”, indicó la fiscalía.

“A cambio de este respaldo financiero, ofrecido durante una carrera primaria disputada, Herrera exigió la terminación del Comisionado de la OCIF y el nombramiento de un reemplazo que él mismo había escogido. Vázquez cumplió, despidió al Comisionado de la OCIF que supervisaba el examen de Bancrédito en febrero de 2020 e instaló al reemplazo de Herrera en mayo de 2020″, alegó.

De acuerdo con la moción de la fiscalía federal, en el alegado segundo esquema de soborno participó un testigo cooperador de las autoridades que tenía sede en Washington DC. Del documento se desprende que buscaban involucrar en el esquema al recién electo gobernador Pedro Pierluisi.

“En abril de 2021, después de la ejecución de la orden de allanamiento a las cuentas de los acusados, un contable establecido en DC (’testigo 1′), trabajando bajo la dirección del FBI, le hizo una oferta a la presidenta del banco. Si su jefe, Herrera, le pagara $50,000 a un SuperPAC beneficiando al gobernador (‘Oficial Público A’), a cambio, el gobernador aseguraría que el evaluación de OCIF se resolvería en términos favorables para el banco”, explicó la moción.

“En julio de 2021, Herrera aprobó el pago de $25,000 al supuesto SuperPAC del Testigo 1″, expuso. “Herrera envió esta aprobación, y otros mensajes coordinando el pago del soborno, en la aplicación de mensajería electrónica encriptada WhatsApp”.

Más adelante en la moción, la fiscalía federal destacó que “después de que incautó inicialmente las cuentas de correo electrónico de Herrera, el FBI comenzó a vigilar a la presidenta del Banco mientras intentaba sobornar a un gobernador en funciones a nombre de Herrera”.

Por su parte, la defensa de Herrera Velutini indicó que el Ministerio Público “orquestó su acusación de ‘soborno’ aprovechando la información de una investigación anterior fallida”.

Señaló que la primera investigación criminal contra el banco de Herrera Velutini había comenzado en el 2017, sin que resultara en alguna acusación.

Los abogados plantearon que, por esa razón, para el momento en que fueron ejecutadas las órdenes de allanamientos en los años 2020 y 2021, tanto los agentes, como los abogados “estaban ampliamente al tanto que oficiales bancarios, como Herrera Velutini, se comunicaban con los abogados con respecto a cualquier responsabilidad de su parte o del banco”.

En ese sentido, los abogados insistieron en su denuncia de que los investigadores habrían tenido acceso a comunicaciones protegidas bajo el privilegio de abogado-cliente.

De esta forma, intentan contradecir la alegación de los fiscales, que se basa en que las comunicaciones allanadas no podían haberse tratado de consejería legal para defenderse de la alegación de soborno, porque la investigación no se trataba de irregularidades relacionadas al banco que revisaba OCIF.

En su extensa moción, el Ministerio Público defendió el uso de “equipos de filtro”, detallando que está integrado por personal que no participa del procesamiento del caso ante el tribunal, de manera que no se “contamine” con información que sí pudiera estar protegida por el privilegio de abogado-cliente.

Argumentó que los tribunales en el pasado han “aceptado ampliamente” ese proceso “como un medio apropiado para balancear los intereses de proteger las comunicaciones privilegiadas y las investigaciones efectivas del gran jurado”.

A su vez, los abogados plantearon ante el tribunal que el caso debería ser desestimado por lo que consideran ha sido un manejo de la información ocupada que habría violado derechos constitucionales de los acusados.

Solicitó que, por lo menos, el equipo investigador del caso sea recusado por entender que estuvo expuesto a ese material y se lleve a cabo una audiencia evidenciaria.

“Del descubrimiento de prueba provisto hasta la fecha está claro que el Ministerio Público revisó y usó los materiales privilegiados temprano en la investigación y que el proceso de ‘equipo de filtro’ falló en última instancia, permitiendo que el Ministerio Público usara y se beneficiara de materiales protegidos constitucionalmente”, indica la moción firmada por las abogadas de la defensa Lilly Ann Sánchez, Sonia Torres Pabón y Michael Zweiback.

“Por sí solo, esto requiere la desestimación del caso y, por lo menos, la recusación de los equipos de fiscales y de investigación”, agregaron.

Más adelante en la moción insistieron en que haberles “permitido hurgar (a los investigadores) sin restricciones en sus datos de teléfonos y correos electrónicos” debe resultar en que el tribunal ordene “la recusación y potencialmente la desestimación de los cargos”.

El juez presidente del Tribunal Federal en San Juan, Raúl Arias Marxuach, quien está a cargo del caso, ordenó el mes pasado que se detuviera la revisión del material por parte del ‘equipo de filtro’ hasta que evaluara los argumentos de las partes al respecto.