Alberto Velázquez Piñol a su llegada al Tribunal federal en Hato Rey.
Alberto Velázquez Piñol ha alegado que su celular fue ocupado ilegalmente, en violación a su derecho bajo la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. (Teresa Canino Rivera)

A dos años de su arresto, los investigadores federales pudieron acceder al contenido del celular del subcontratista gubernamental Alberto Velázquez Piñol.

En una moción presentada ante el tribunal, la fiscalía federal informó que en el dispositivo móvil encontraron evidencia que usarán en el caso que surge de una investigación de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud de Estados Unidos (HHS-OIG, en inglés).

La fiscalía señaló que “en o cerca del mes de agosto de 2021, agentes especiales de HHS-OIG finalmente pudieron lograr acceso a los contenidos del teléfono del acusado Velázquez Piñol”, quien era presidente de la compañía Azur.

Añadió que el Ministerio Público “puede representar al tribunal que el teléfono contiene evidencia que pretende introducir al juicio no solo contra Velázquez Piñol, sino contra los demás acusados también”.

De una declaración jurada de un agente del HHS-OIG se desprende que, sin la clave de acceso entregada voluntariamente por Velázquez Piñol, intentaron entrar al teléfono por primera vez en noviembre de 2019 en el laboratorio forense de la agencia de Seguridad Nacional, pero no lo lograron.

Luego, en junio de 2020, fueron avisados que unas actualizaciones al equipo del laboratorio podrían lograr el acceso al contenido del celular.

La fiscalía detalló que una vez completen la revisión del contenido, solicitarán una orden de protección al tribunal, para conservar la confidencialidad de la información de alguna persona no acusada en el caso, y entregarán la evidencia a los acusados como parte del descubrimiento de prueba.

La fiscalía anticipó que la defensa de Velázquez Piñol insistirá en su reclamo de que el tribunal elimine la evidencia del celular.

Velázquez Piñol se había unido a mociones de la coacusada y exsecretaria de Educación Julia Keleher para suprimir del caso cualquier evidencia relacionada a correos electrónicos.

En mayo de 2020, la defensa denunció que el gobierno federal excedió su autoridad y violó los derechos de Velázquez Piñol bajo la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, el derecho a la privacidad y a no sufrir una invasión arbitraria.

“Los correos electrónicos y las pruebas derivadas de ellos fueron confiscados ilegalmente y deben ser suprimidos”, apuntó el abogado.

En total, fueron cinco órdenes de allanamiento que, según cita la defensa de Velázquez Piñol en la moción, respondían a investigaciones criminales relacionadas con tres alegados esquemas: la adjudicación del contrato de Educación a la firma Colón & Ponce, alegados delitos en relación con los esfuerzos de Keleher para que una parte de su salario fuera subsidiado por donaciones privadas a la Puerto Rico Education Foundation (PREF) y presuntos delitos específicos con relación a la adjudicación de un contrato al Josephson Institute of Ethics y la iniciativa “Tus Valores Cuentan”.

En otra moción sometida en en enero de este año, Velázquez Piñol alegó que se le violaron sus derechos por la forma en que el teléfono fue ocupado por las autoridades federales.

Señaló que el 10 de julio de 2019 llegó voluntariamente al tribunal federal en Bridgeport, Connecticut, para entregarse, pues ya sabía que un gran jurado había emitido una acusación en su contra.

Relató que al entrar al edificio tuvo que dejar en el puesto de seguridad su teléfono celular, como todos los visitantes, pues los oficiales de seguridad no sabían la razón de su visita. Después de cinco horas en el tribunal esperando el procesamiento por los alguaciles federales y su comparecencia inicial ante un magistrado, salió bajo fianza.

A la salida, indica la moción de Velázquez Piñol, dos agentes federales le informaron que le habían ocupado el celular y le pidieron que firmara un documento de consentimiento de allanamiento, pero el acusado y su abogado se negaron.

Desde entonces, la defensa del acusado sostiene que el teléfono fue ocupado ilegalmente porque no se le incautó personalmente a su cliente.

La fiscalía federal se ha opuesto a las alegaciones de la defensa. Indicó en la moción de hoy que no habían elaborado mucho en relación al teléfono porque no habían logrado acceso, pero de todas formas tomaron pasos adicionales de precaución, incluyendo otra orden de allanamiento emitida por el magistrado Marshal Morgan en julio de 2020.

Velázquez Piñol enfrenta varios cargos por fraude, fraude electrónico y conspiración para cometer fraude.

En cambio, en un acuerdo con la fiscalía, la principal acusada, Keleher, hizo alegación de culpabilidad y está programada para ser sentenciada en diciembre.

También fueron acusadas las hermanas Glenda Ponce Mendoza y Mayra Ponce Mendoza, la primera ayudante especial de Keleher y la segunda, codueña de la firma Colón & Ponce Inc. Ambas se declararon culpables en mayo del pasado año.

En el caso, además, están acusados Ángela Ávila Marrero, exdirectora ejecutiva de ASES; Fernando Scherrer Caillet, socio administrador de la empresa BDO Puerto Rico, y el contable público autorizado y y dueño de la compañía Intelligent Gran Solutions (IGS), Aníbal Jover Pages.

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