Los gimnasios privados tuvieron que cerrar las puertas nuevamente un mes después de haber comenzado a recibir a los socios.
Los gimnasios privados tuvieron que cerrar las puertas nuevamente un mes después de haber comenzado a recibir a los socios. (Shutterstock)

El grupo “Gimnasios Unidos por Puerto Rico” presentaron una demanda contra la gobernadora Wanda Vázquez Garced ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan por el cierre de sus establecimientos mediante orden ejecutiva como parte de las medidas del gobierno para frenar los contagios de COVID-19.

De acuerdo con el portavoz del colectivo que agrupa a dueños y usuarios de gimnasios, Abdiel Lugo, el recurso legal busca que un juez declara inconstitucional la sección 19na de la Orden Ejecutiva 2020-54 que ordena el cierre de los gimnasios.

Para el grupo, “esta disposición interviene y menoscaba obligaciones contractuales contraídas entre estos y sus clientes y violenta la libertad de reunión”. Igualmente, aseguran que el gobierno no puede intervenir con estos derechos por orden ejecutiva, sino que necesita hacerlo por ley.

Esta decisión (de cerrar los gimnasios), es totalmente incorrecta ya que no hay evidencia de brotes ni contagios originados en nuestros establecimientos, por otro lado el foco del repunte ha sido a través de actividades donde no se toman las precauciones recomendadas por los expertos”, estableció Lugo a través de un comunicado de prensa.

El portavoz reclama la determinación de la gobernadora ante el repunte de casos de coronavirus atenta contra los dueños de gimnasios que, según él, realizaron una inversión significativa de dinero para cumplir con las medidas de seguridad impuestas por las autoridades.

Según el grupo, la industria de gimnasios aporta anualmente $70 millones a la economía de la isla.

La cadena de gimnasios Planet Fitness indicó que no forma parte de esta demanda.