Los números del Seguro Social que siguen activos podrían utilizarse para reportar salarios, abrir cuentas bancarias, obtener tarjetas de crédito e incluso hacer reclamaciones fiscales fraudulentas. (GFR Media)
La apelación surge poco después de que el gobierno federal también acudiera al Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso del SSI.

El gobierno de Estados Unidos acudió al Circuito de Apelaciones de Boston para tratar de revertir una decisión que declaró inconstitucional negarle a los residentes de Puerto Rico los beneficios de tres programas federales que existen en los estados.

Así lo informó el asistente del secretario de Justicia en funciones, Jeffrey Bossert Clark, en una moción ante el juez William Young, el pasado viernes.

Bossert Clark notificó la apelación en Boston a nombre de los secretarios federales de Salud, Agricultura y el comisionado del Seguro Social.

Young vio el caso en Puerto Rico como juez “visitante” en San Juan, ya que es del tribunal de Distrito de Massachusetts.

Ante una demanda de nueve residentes de Puerto Rico, el pasado 3 de agosto Young ordenó que el gobierno de Estados Unidos brinde acceso a los residentes de Puerto Rico a los programas de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, en inglés), Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés) y a los subsidios por bajos ingresos (LIS) de la parte D de Medicare, que cubre medicamentos recetados.

Esta apelación surge en momentos en que el gobierno de Estados Unidos también acudió al Tribunal Supremo de Estados Unidos con una petición de certiorari para tratar de revertir una decisión similar en el caso de Jose Luis Vaello Madero.

En ese caso, el Circuito de Apelaciones mantuvo la declaración de inconstitucionalidad emitida en el tribunal federal de San Juan por el juez Gustavo Gelpí, sobre la exclusión de los residentes de la isla en el programa de SSI.

El recurso sometido ante el Supremo por Jeffrey Wall, procurador general del presidente Donald Trump, recalcó que los residentes de Puerto Rico no aportan al fisco de Estados Unidos con impuestos federales sobre sus ingresos que subsidian los programas a los que se solicita acceso en la Isla.

“El Congreso tiene el interés legítimo en evitar una relación fiscal unilateral bajo el cual Puerto Rico comparta los beneficios financieros pero no la carga financiera de la estadidad, y declinar incluir a Puerto Rico en el programa del SSI es una forma racional de adelantar ese interés”, planteó Wall.

Igual que resolvió el Circuito de Boston en el caso de Vaello Madero, Young rechazó los fundamentos del gobierno federal - no pago de contribuciones, costo y disrupción de la economía-, para negar acceso a los programas SSI, SNAP y LIS en Puerto Rico.

Contrario a los hechos de Vaello Madero, los nueve demandantes de este caso – Sixta Gladys Peña Martínez, Nélida Santiago Álvarez, María Luisa Aguilar Galindez, Gamaly Vélez Santiago, Victor Ramón Ilarraza Acevedo, Maritza Rosado Concepción, Rosa Maria Ilarraza Rosa, Ramón Luis Rivera Rivera y Yomara Valderrama-, no han cobrado los beneficios del SSI viviendo en Puerto Rico, ni han tenido acceso a los otros dos programas federales.

En una entrevista reciente con El Nuevo Día, el excomisionado residente en Washington, Aníbal Acevedo Vilá, indicó que el Supremo federal pudiera esperar por la apelación del caso resuelto por Young y por otros casos en curso en otros distritos para determinar el curso de acción en el caso de Vaello Madero.