Sandra Torres (izquierda), exdirectora de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, junto a la abogada Carmen Quiñonez.
Sandra Torres (izquierda), exdirectora de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, junto a la abogada Carmen Quiñonez. (VANESSA SERRA DIAZ)

La expresidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones Sandra Torres López compartió una lista de compañías de telecomunicación y contratistas de la agencia para que se les vendieran taquillas de una actividad de recaudación para la reelección del entonces gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, y llamó personalmente a dos de ellos, declaró ayer su exdirector de comunicaciones Exel López Vélez.

El exfuncionario de la Junta fue el segundo testigo que los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza Rosario, Leticia Pabón Ortiz y Juan Catalá Suárez presentaron ayer en el Centro Judicial de San Juan contra la expresidenta de la Junta por denuncias de aprovechamiento ilícito de trabajos y servicios públicos y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

López Vélez dijo que su exjefa le encargó colocar las taquillas entre las compañías que se supone la Junta supervise y entre personas que tenían contratos con la agencia para alcanzar la meta de recaudar $40,000 para Rosselló Nevares.

En esa tarea de recaudación también estaban envueltos Katherine Erazo García y Eduardo “Tito” Laureano, ambos contratistas de la Junta Reglamentadora y veteranos recaudadores del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Durante su declaración en la sala de la jueza Alexandra Rivera Sáez, López Vélez ofreció detalles sobre la lista que forma parte de la prueba de cargo en este caso. El documento es un listado de las compañías y personas a las que debía abordar el oficial de comunicaciones para que fueran a la actividad o hicieran el donativo y al lado de sus nombres había varias marcas.

Él testigo indicó que las señas eran una relación del estatus del trámite hecho con esas personas para obtener el donativo de los $1,500.

Unas marcas, por ejemplos, significaban que las personas serían abordadas por Erazo Garcia, otra que el contacto ya se había hecho y otra era un símbolo para no llamar porque no eran de “la religión porque no pertenecían al Partido Nuevo Progresista”. Con esa marca solo había dos empresas, Sprint y Prepa Networks, dijo el testigo.

López Vélez narró que un día paso dos episodios vergonzosos porque luego que personalmente dejó en un sobre blanco taquillas en las compañías Claro y AT&T dirigidas a sus directivos, recibió una llamada para que las recogiera porque no podían auspiciar actividades políticas.

El testigo señaló que cuando regresó a su oficina y contó lo sucedido a Torres López, ella tomó el teléfono y llamó directamente a los directivos de Claro y de AT&T para decirles que tenía que “ponerles” taquillas de la actividad porque “era una actividad de la industria con el señor gobernador de ese entonces”.

Al menos, según declaró López Vélez el presidente de Claro, Enrique Ortiz de Montellanos, acudió a la actividad celebrada el 7 de junio de 2018 y en la que, según el documento explicado por López Vélez, se estimaba un recaudo de $43,500, entre los ya cobrados y los compromisos de donativo que había.

Entre esos donativos estaba uno del exrepresentante y contratista gubernamental Ángel Cintrón quien, según López Vélez, le entregó una aportación con $3,000. De esos, $1,500 eran la aportación de Cintrón, pero que no se le indicó a quién correspondían los otros $1,500. La entrega se hizo en el edificio del Departamento de la Vivienda.

La primera testigo que presentaron los fiscales especiales ayer fue Erazo García quien explicó que la actividad surgió luego que ella, durante un evento del PNP celebrado en abril de 2018 en el restaurante Antonio, le preguntó a Torres López si realizaría alguna a beneficio de la campaña de Rosselló. El fiscal Catalá Suárez no preguntó quién fue el organizador de ese evento.

Erazo García declaró que le preguntó a Torres López si organizaría una actividad porque varias “personas de distintas agencias hacían actividades”. A preguntas de la abogada Carmen Quiñones Núnez, la testigo afirmó que no recordaba quienes en las agencias organizaron actividades, pero que entre ellos había jefes de agencia.

Torres López accedió a ser la organizadora de la actividad que se haría en la residencia de Edwin Rivera, un cliente de Erazo García quien es un corredor de seguros.

No obstante, Erazo García no vinculó a la expresidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones con la organización en horas laborables de la actividad. En cambio, López Vélez declaró que en la agencia hubo una reunión inicial para comenzar la organización del evento en la que estuvo Erazo García, su exjefa y él.

Ambos testigos tienen acuerdos de inmunidad total con la Opfei. Ninguno de los dos reconoció ayer haber cometido delitos en las acciones que hicieron para la recaudación de fondos.

Aunque López Vélez admitió que los fiscales le advirtieron sobre la posibilidad de presentar cargos en su contra, Erazo García señaló que nunca se enteró que los fiscales especiales se proponían denunciarla ni por qué firmo el acuerdo de inmunidad. La recaudadora fue asesorada por los experimentados abogados César López Cintrón y Heriberto Sepúlveda, según trascendió en la corte.

Por otro lado, a pesar de que Erazo García afirmó en corte que otras personas en las agencias gubernamentales, incluyendo jefes de agencia, hicieron actividades similares para la campaña de reelección del exgobernador, dijo no recordar quiénes eran esos servidores públicos. A cambio de ese testimonio, en abril de este año la Opfei le dio un acuerdo de inmunidad total a la testigo.

Para el 2018, fecha de los hechos imputados, la compañía de Erazo García, BCS Consulting Services, tenía contratos con la Junta de Reglamentadora de las Telecomunicaciones. Al mismo tiempo, la contratista era parte, en calidad de voluntaria, del comité de finanzas de Rosselló. Erazo García dice que por los pasados 20 o 25 años ha ejercido esas funciones dentro del PNP, organización de la que es militante.

Erazo García es, además, suegra del exdirector de la campaña de Rosselló para las elecciones del 2016, Elías Sánchez Sifonte.

La vista preliminar continuará mañana miércoles.

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