El abogado Harry Padilla a su llegada al tribunal.
El abogado Harry Padilla a su llegada al tribunal.

El tribunal autorizó que la hija menor de Pablo Casellas Toro tenga su custodia como parte del proceso de fianza, informó hoy el abogado de la defensa, Harry Padilla.

"Será esta semana o la próxima se pagará la fianza", dijo el abogado.

Sus expresiones tuvieron lugar hoy, cuando Casellas Toro regresa al Tribunal de Bayamón para una vista de estatus previo al nuevo juicio que está pautado para celebrarse a partir del próximo 15 de julio por el asesinato su esposa Carmen Paredes.

La vista es ante la jueza Nerisvel C. Durán Guzmán, en la sala 704 del Centro Judicial de Bayamón.

Uno de los temas que están sobre la mesa es el proceso para que Casellas Toro salga bajo la fianza de $2 millones impuesta por el tribunal el mes pasado.

Desde entonces, el abogado ha estado intentando completar el trámite. Como parte de ese proceso, el abogado de la defensa, Harry Padilla, había visitado el tribunal el 3 de junio pasado, junto con una de las hijas de Casellas Toro.

"No, no la hemos pagado", dijo Padilla en aquel momento a El Nuevo Día. "Estamos en la etapa de evaluar si prestamos o no prestamos la fianza y tratar de cumplir con los requisitos que exige la ley".

"Son pasos previos... Hay casos en los que no los tienes que hacer, pero en este caso yo entiendo que lo tengo que hacer", abundó el licenciado, quien estuvo acompañado de una de las hijas de Casellas. "La posición es que espero ir camino a prestar la fianza".

El cuerpo baleado de Paredes fue encontrado en la mañana del 14 de julio de 2012 en su residencia en Guaynabo.

En enero de 2013, Casellas Toro optó que su juicio fuera por jurado. Desde ese momento, la defensa de Casellas Toro - hijo del fenecido juez federal Salvador Casellas - sometió solicitudes de que el juicio cumpliera con el requisito de unanimidad, en cumplimiento con la Constitución de Estados Unidos.

Casellas Toro fue declarado culpable por mayoría - con una votación de 11-1 - por un jurado integrado por seis hombres y seis mujeres, el 22 de enero de 2014. Fue sentenciado a cumplir 109 años de prisión.

Aunque la constitución de Puerto Rico permitía los veredictos por mayoría, ladefensa de Casellas apeló por falta de unanimidad, lo que llegó a ser aceptado en el 2015 por el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, a la luz del caso de Sánchez Valle, pero el Supremo de Puerto Rico lo revirtió.

El litigio todavía estaba en el Tribunal de Apelaciones en abril pasado cuando el Tribunal Supremo federal determinó que los veredictos de culpabilidad tienen que ser por votación unánime en casos grave, tanto en la esfera federal como en la estatal, para que estén en cumplimiento con la Constitución de Estados Unidos.

Ante ese giro, Casellas Toro solicitó la anulación del veredicto, lo que fue acogido por el Tribunal de Apelaciones al ordenar un nuevo juicio.

El foro intermedio judicial puertorriqueño determinó que "se deja sin efecto los veredictos dictados contra el señor Pablo J. Casellas Toro por los cargos de asesinato en primer grado, destrucción de pruebas y por la infracción del artículo 5.15 de la Ley de Armas".

"En consecuencia, se devuelve el caso al foro primario para la celebración de un nuevo juicio contra el señor Casellas Toro por los tres delitos mencionados", ordenó el Tribunal de Apelaciones.